editorial
Entre las disposiciones constitucionales que no establecen prescripciones ni proscripciones concretas, se puede mencionar la mayoría de los artículos que componen la Sección II: Derechos, deberes y garantías. Allí se postula que todos los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad; que todos son iguales ante la ley; que nadie puede ser encarcelado sin forma de proceso penal; que todos tienen derecho a expresar su pensamiento; que el Estado velará por la estabilidad moral y material de la familia, base de nuestra sociedad; que todos tenemos el deber de cuidar de nuestra salud; que todos tenemos derecho a gozar de vivienda decorosa e higiénica.
Nos interesa detenernos en esta última disposición constitucional.
La realidad muestra, a través de la historia, que para muchos orientales ese derecho les está vedado, que no pueden ejercerlo. Desde siempre han existido rancheríos, cantegriles o, como se los prefiere llamar eufemísticamente ahora, asentamientos irregulares; sin contar la tugurización de viejas construcciones en el corazón de la ciudad. De nada ha valido que la Carta establezca el derecho a gozar de una vivienda digna e higiénica.
Sería injusto no reconocer que todos los gobiernos -cada cual a su modo y unos con mayor énfasis que otros- han tratado de paliar esa realidad que atenta contra la Constitución. Numerosos planes se han implementado al respecto: erradicación de la vivienda insalubre, creación del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, planes nacionales de vivienda y, más recientemente, la creación de la Agencia Nacional de Vivienda. El gobierno actual parece dispuesto a hincar el diente al asunto y empiezan a asomar resultados auspiciosos.
No obstante, entendemos que el problema exige una solución integral, que no se limite a la construcción de nuevas viviendas más dignas y confortables que las de chapa, cartón y nailon. ¿De qué puede servir realojar a los desdichados habitantes de los cantegriles si no se atacan las causas que los han llevado a esa situación indigna?
Es preciso apuntar al origen del problema, que no es otro que la ruptura del entramado social y la marginación. Si la construcción de nuevas viviendas y el realojo de las familias no se acompaña de un proceso de verdadera inclusión social, de reinserción laboral y educativa, la situación seguirá reproduciéndose.
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Toko
28 abril, 2013
23:15
y el tema es tan integral que abarca al lavado de activos para la construcción, al trabajo en el rubro construcción que no solo implica a los trabajadores sino a la enseñanza, a la cantidad de casas vacias o tapiadas, al exceso del valor de los alquileres, a los mecanismos cooperativos, al precio de la tierra en lugares con servicio y a al mismo valor sin acceso de servicios pero en condiciones de tener desarrollo dentro de poco tiempo, por tener un centro de atractivo o un polo industrial.
Ahora, si hay un ministerio de vivienda, una agencia de vivienda, un banco hipotecario, un banco republica involucrado, una legislacion que habilita a financieras privadas a intervenir en el rubro, que tal una legislación acorde que coordine esfuerzos? o van a inventar OTRA INSTITUCIÓN QUE SE SUPERPONGA POR ENCIAMA DE TODAS LAS EXISTENTES PARA HACER LO MISMO, con mas cargos y mas plata a reventar??