editorial

Intransigencia sindical

Una de las primeras medidas que implementó el primer gobierno progresista fue la convocatoria a los Consejos de Salarios, esto es, la reinstauración de la negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales.

Concomitantemente, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el decreto que habilitaba a la fuerza pública a desalojar los lugares de trabajo que hubieran sido ocupados por los trabajadores como medida de lucha complementaria.

Se alzaron voces alarmadas y alarmistas que no vacilaban en sostener que los Consejos de Salarios atentaban contra el desarrollo, detenían el crecimiento de la economía y ahuyentarían a los inversores extranjeros. Una catástrofe de proporciones se abatiría sobre el Uruguay. Claro, afiliados a las recetas neoliberales y desreguladoras, los representantes de la derecha vernácula pretendían que se mantuviera la flexibilización laboral que desde el gobierno del doctor Lacalle se había querido imponer como una condición sine qua non para el crecimiento.

Con las medidas tomadas por el gobierno, quedó claro que, a pesar de manejarse dentro del sistema capitalista, el gobierno progresista estaba dispuesto a dar un viraje importante en la política laboral diseñada por los gobiernos anteriores. Prueba de ello es la resistencia enconada que todas esas medidas encontraron en las cámaras empresariales, corporaciones que siguen batallando para lograr que el gobierno revea y corrija el rumbo.

Ahora bien, mientras la derecha sigue implacable con su bombardeo contra el gobierno, este también ha empezado a recibir fuego graneado desde la otra trinchera.

A nadie escapa el grado de deterioro a que había llegado el nivel salarial de los uruguayos merced a una política económica nefasta y, fundamentalmente, como consecuencia de la crisis de 2002. Salarios depreciados, desempleo y actividad sindical desprotegida eran la tónica al asumir el gobierno el Frente Amplio.

A partir de entonces, los indicadores marcaron un aumento del salario real y una disminución del desempleo; entre los salarios que más crecieron destacan los de la enseñanza, la salud pública y el ministerio de Interior. Cierto es que los salarios de esas tres áreas todavía no han llegado al nivel deseado, pero no se explica la intransigencia que últimamente están exhibiendo algunos gremios. Sus reclamos son justos pero no justifican las medidas extremas adoptadas. Sus reivindicaciones son legítimas pero no son legítimos los medios empleados algunas veces para lograrlas.

Se tiene la impresión de que ciertos gremios han olvidado que el gobierno está abocado a mejorar la condición de los asalariados, sobre todo de los más sumergidos, y que, a la vez que encara una política tendiente a crear fuentes de trabajo genuinas, también hace lo posible por aliviar las penurias actuales con medidas de corto plazo.

Entendemos que algunos gremios deben reflexionar sobre esto y que, sin abdicar de su independencia ni de sus legítimas reivindicaciones, tomen conciencia de que el gobierno mira por los intereses de los más infelices. Un gobierno que no es su enemigo.