Editorial
Publicado el sábado 1 de junio, 2013
A medida que transcurre el tiempo, cada vez se suman más y más opiniones –y acciones concretas– contrarias al fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado.
Desde el mes de febrero pasado, un día sí y otro también, magistrados judiciales y fiscales, juristas y jurisconsultos de renombre, organismos defensores de los derechos humanos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, se han pronunciado reiteradamente sosteniendo la tesis contraria a la que adhieren cuatro de los cinco ministros de nuestro máximo tribunal judicial.
Pero fue sobre todo luego de una desacertada expresión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ruibal Pino –que al ser consultado sobre la discrepancia de unos cuantos fiscales, había dicho que se encontrarían con una muralla, pues la SCJ ya tenía posición tomada sobre el asunto– que arreciaron las críticas a la corporación. Varios tirones de orejas llegaron desde todo el mundo cuestionando severamente aquel fallo que reinstauraba de hecho la impunidad de los terroristas de Estado, a contrapelo de la doctrina jurídica universalmente aceptada que sostiene que los crímenes ocurridos en dictadura deben ser considerados crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, son imprescriptibles.
En los últimos días, un grupo de magistrados del Ministerio Público recusó a los cuatro ministros y manejó la posibilidad de llevar el caso ante tribunales internacionales. A esta circunstancia vino a sumarse la presencia en nuestro país del jefe para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, quien mantuvo una serie de reuniones con diversas personalidades e instituciones en las que transmitió la preocupación del organismo internacional por la posición de la SCJ.
Sin dudas, estas dos circunstancias influyeron en el ánimo del doctor Jorge Ruibal Pino y lo determinaron a tomar la decisión extrema de excusarse de intervenir en las causas vinculadas con los crímenes de la dictadura, decisión de la que informó públicamente en entrevista con la periodista Georgina Mayo de Televisión Nacional (Canal 5).
Esta determinación, que sorprendió grandemente por inesperada y no habitual, viene en cierto modo a redimir al presidente de la Corte de su desacertada declaración pública anterior.
Entendemos que el doctor Ruibal ha tenido un gesto de coraje y de humildad a la vez, y hacemos votos por que su actitud haga reflexionar a los otros tres ministros de modo tal que puedan revisar su postura y alinearse con la doctrina que antepone la justicia a toda otra consideración.
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