repercusiones

The Economist publica nota sobre ley de Caducidad

Aquí el link y también la nota en español:

¿Justicia o democracia? un argumento sobre los crímenes del pasado

En los últimos 180 años, Uruguay ha sido un modelo de democracia. Pero no escapó a la ola de dictaduras militares que invadieron Sudamérica en la década de los 70, en el auge de la Guerra Fría. Luego de que el poder retornara a los civiles, se entabló una amnistía que cubrió los crímenes de los dictadores y también de la guerrilla.

Dicha amnistía fue rechazada por organizaciones de derechos humanos tanto de Uruguay como del exterior, pero algunas de las lagunas que presentaba la ley permitió que líderes dictatoriales como Juan María Bordaberry o el General Gregorio Álvarez fueran juzgados. De todos modos, muchos otros intentos de presentar cargos fracasaron.

Luego de considerar un caso en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que la ley de amnistía uruguaya quebrantaba la Convención y carecía de efectos jurídicos.

El texto añade que luego, el presidente izquierdista José Mujica, un guerrillero que estuvo preso en una prisión militar durante 14 años emitió un decreto anulando la aplicación de la ley de amnistía.

Luego de un acalorado debate, el Parlamento aprobó la ley que derogaba la ley de amnistía y declaraba que los crímenes de dictadura eran contra la humanidad y no podían ser sometidos a limitaciones temporales. Así, la jueza Mariana Mota abrió más de 50 casos de asesinato, torturas y desapariciones forzadas en dictadura.

Pero el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la ley por considerarla inconstitucional debido a la retroactividad.

Semanas antes la corte anunció, el traslado de la jueza Mota a una corte civil y que los casos que ella llevaba adelante iban a ser aplazados.

Ambas decisiones fueron recibidas con protestas en las afueras de la corte, y con críticas de grupos internacionales en favor de los derechos humanos.

La comisionada de las Naciones Unidas, Navi Pillay, alertó porque dicho fallo “podría restaurar la sombra de la impunidad en un país que recién ha empezado a reconciliarse con la verdad y la justicia”.

Pero es más complicado que eso. Los uruguayos votaron en dos referéndums, uno en 1989 y otro en 2009 y adhirieron a la ley de amnistía. Si bien el pocentaje a favor de  anularla fue del 42% al 48% entre 1989 y 2009, la voz popular se expresó claramente.

Al igual que el país, la coalición gobernante Frente Amplio está dividido respecto al tema. Si bien Mujica defendió la ley de 2011, su antecesor, Tabaré Vázquez, se mantuvo en silencio.

Algunos abogados creen que los casos todavía pueden generar juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos están de acuerdo. Uruguay se enfrenta así a una confrontación entre la soberanía popular y el derecho internacional. Por lo menos tal como se ha desarrollado en las últimas dos décadas y eso no es un conflicto fácil de resolver.

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