CADUCIDAD
FA presentará pedido de informes a la SCJ
El Secretariado Ejecutivo del FA decidió ayer conformar un ámbito integrado por juristas y legisladores de la Comisión de Constitución para elevar un pedido de informes oficial a la SCJ.
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SCJ. El FA analizará con juristas los caminos a recorrer.
Tras analizar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre el traslado de la jueza Mariana Mota y la sentencia de inconstitucionalidad de los artículos 2º y 3º de la norma que dejaba sin efecto la ley de Caducidad, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) acordó presentar a la brevedad un pedido de informes a la corporación.
Para formularlo conformó un ámbito de juristas y diputados de la Comisión de Constitución para evaluar el fallo de la SCJ y definir los contenidos del pedido de informes. Si en los 45 días establecidos para responder al pedido la SCJ no lo hiciera, el FA definirá los pasos a seguir.
El hecho que el oficialismo no cuente con los 2/3 requeridos para realizar el juicio político a la corporación lleva al FA a buscar alternativas. En la reunión se hizo hincapié en la necesidad de actuar en forma unificada, para evitar que mientras se procesa el pedido de informes, los sectores tomen medidas independientes. La intención del partido de gobierno es contar con una estrategia global. No obstante, cada grupo podrá exponer las propuestas que se podrían desarrollar.
El PVP planteó en la Mesa Política del FA el pasado viernes 22 la posibilidad de presentar la denuncia en la Corte Interamericana de la OEA. En principio, no se vislumbra en la coalición la presentación del fallo de la SCJ a nivel internacional.
“Se van a estudiar todas las posibilidades para seguir adelante todos estos temas que quedaron interrumpidos por decisiones administrativas o jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia”, expresó la presidenta del FA, Mónica Xavier, al ser consultada sobre la sentencia de la corporación y la posibilidad de iniciar juicio político.
Xavier opinó que se deben correr otros caminos primarios a nivel parlamentario antes de tomar otro tipo de decisiones. Subrayó que si el pedido de informes no fuera respondido, el tema podría abordarse en una de las cámaras.
Aunque el diputado Víctor Semproni del Espacio 609 decidió presentar un pedido de informes a la SCJ, el FA realizará el que aunará a toda la fuerza política.
Fundamentación. El dirigente Daniel Betancor, de la Vertiente Artiguista, subrayó que a través de los juristas, el FA podrá presentar una “fundamentación” más precisa en base a los informes de los especialistas.
El delegado de la VA señaló que ante la experiencia adquirida por el FA respecto a los acuerdos que se realizaron para designar a los cuatro ministros de la SCJ que votaron en contra de varias iniciativas del gobierno, en el futuro se deberán tomar otros recaudos antes de votar los nombres de los ministros.
“Esto nos debe enseñar para el futuro. No es que todos tienen que ser de nuestro partido, pero tenemos que saber qué estamos eligiendo”, opinó.
Constitucionalistas opinan sobre fallo
Los constitucionalistas Ruben Correa Freitas (cercano al Partido Colorado) y José Korzeniak (afín al Frente Amplio) coincidieron en que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831 que anuló la caducidad puede variar en otros casos.
En declaraciones a Radio El Espectador, Correa Fleitas dijo que ya en un caso de pedido de inconstitucionalidad la SCJ no dio lugar al reclamo. El fallo, agregó, “es exclusivamente en el caso concreto. La sentencia tiene efectos en el caso que se planteó ante la Corte, no tiene efectos para otros casos”.
A su vez Korzeniak dijo que la tendencia internacional en los casos de delitos de lesa humanidad es que prevalezca el derecho internacional sobre el derecho privado. Además destacó que la irretroactividad de la ley penal tiene un rango legal y no constitucional y por lo tanto puede ser modificado por otra ley.
En tanto, el constitucionalista Martín Risso dijo en Radio Sarandí que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) faculta a los jueces a investigar en todos los casos que se les ha presentado una denuncia. Así, cada juez deberá resolver si los delitos están prescriptos, como dice la SCJ e ignorar el dictamen de la CIDH, o investigar los delitos como indica la sentencia de la CIDH en el caso Gelman, y a posteriori declarar su prescripción.
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