Análisis político de la semana

Ahora, más libres e iguales

En la tercera de las Instrucciones a los diputados orientales aprobada aquel 13 de abril de 1813, a instancias del caudillo federal José Artigas, el Congreso de Tres Cruces incluyó una fórmula intrínsecamente revolucionaria: “Promoverá la libertad civil y religiosa, en toda su extensión imaginable”.

En el proceso de construcción de un orden social más justo e igualitario, después de años de debates, a mediados de esta semana, por 71 votos en 92 diputados presentes en sala, se aprobó el proyecto de ley que consagró el matrimonio civil como la “unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”. Esto implica respetar las diversas opciones sexuales e identidades, de las minorías; y darles un tratamiento similar a las dominantes y hegemónicas en el todo social.

Pero la iniciativa modificó muchas reglas establecidas. No fue solo el derecho de las parejas formadas por gays, lesbianas y trans, que ahora podrán casarse como pasaba hasta ahora exclusivamente con los heterosexuales, como señalaron con insistencia los informativos centrales de la televisión local. El proyecto definió nuevos mecanismos para la adopción de menores, el divorcio, los plazos para las pensiones alimenticias, la determinación del orden de los apellidos de los hijos, la edad mínima para contraer enlace, para citar algunos de los aspectos más importantes.

Quedó consagrado el “matrimonio igualitario”, sí, pero asimismo se elevó a 16 la edad mínima para casarse (hasta el presente era de 12 en las mujeres y 14 en los hombres); el artículo 187 del Código Civil establecía que el divorcio podía iniciarse por la “sola voluntad de la mujer”; a partir de ahora, ambos cónyuges tendrán similares derechos, Hasta el presente, los hijos llevaban sucesivamente el apellido del padre y de la madre; ahora, esto podrá cambiar según la decisión acordada por la pareja y, llegado el caso, se recurrirá al sorteo.

Los cambios, por ende, son muchos. Convierten a Uruguay en el segundo país latinoamericano en adoptar el “matrimonio igualitario” (primero fue Argentina en 2010). En otros diez países rigen normas similares (la mayoría, europeos, como Bélgica, España, Suecia, Holanda, Dinamarca, Portugal; y en Canadá, Sudáfrica), así como en Ciudad de México, y en cinco de los estados de los EEUU.

Un estudio de la empresa de opinión pública Cifra, fundada por Luis Eduardo González, conocido el jueves 11, reveló que la mayoría de los uruguayos está de acuerdo con estos cambios: un 54 % los apoya (en octubre de 2009, el 64 % de ellos votó al Frente Amplio, el 46 % al Partido Nacional, y el 35 % al Partido Colorado), mientras que un 33 % de los encuestados se manifestó en contra de esta innovación legislativa que provocará imprevisibles consecuencias sociales y culturales.

Hay más mujeres que hombres a favor del “matrimonio igualitario” (58 % y 51 %, respectivamente). El 70 % de las personas que van de los 18 a los 44 años de edad se manifestaron a favor; lo mismo ocurrió con el 54 % del grupo etario que comprende a quienes ocupan la franja que va de los 45 a los 59 años.

El estudio indicó que el 69 % de los que apoyan estas transformaciones se proclaman de izquierda, un 64 % de centro-izquierda, un 57 % de centro, un 48 % de centroderecha y un 28 % de derecha.

A la hora de votar, salvo el FA y el Partido Independiente que en bloque respaldaron el proyecto, existieron posturas divididas en blancos y en colorados. El secretario general de los colorados de Montevideo, Fernando Amado, afirmó: “Comparto que la base de la sociedad es la familia y la base de la familia es el amor. Y el amor no es homosexual ni heterosexual”. Por su parte el nacionalista Jorge Gandini -aspirante a ser intendente de Montevideo-, al reflexionar en sala, señaló que en el presente “la familia” tiene muchas formas organizativas “y nada me impide votar para que una pareja homosexual pueda criar un hijo a partir de la adopción”. El debate fue por momentos intenso. La Iglesia Católica se opuso enérgicamente y definió al “matrimonio igualitario” como “un nuevo retroceso”, como antes lo había hecho con la ley que permitió, en determinadas circunstancias, la interrupción voluntaria del embarazo; o más atrás en el tiempo, al propio divorcio, vigente en Uruguay desde 1907, ley que contó con el apoyo del batllismo, dentro de los colorados, y de grandes lideres del Partido Nacional, como Luis Alberto de Herrera.

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