editorial

Polémicas: AFE y Aratirí

El proyecto minero de Aratirí por un lado, y la forma de recuperar el ferrocarril por otro, son dos de los temas urticantes que el gobierno debe resolver. Sobre ambos el Presidente ha manifestado su convicción de que la ciudadanía debe dar su opinión.

En el primer caso porque la inversión está en marcha pero el proyecto en sí, de minería a cielo abierto, ha generado fuertes rechazos de parte de diversos sectores de la sociedad; desde productores agropecuarios de la zona hasta arqueólogos, pasando por ambientalistas y operadores turísticos de la costa atlántica no ven con buenos ojos el emprendimiento proyectado, cuyo impacto ambiental se cierne como una amenaza para los intereses del país. Frente a esta postura de rechazo a la minera se yergue la de quienes defienden el proyecto, aduciendo que no habrá tal impacto negativo y que la actividad de Aratirí supondrá un vigoroso impulso a la economía del país.

En el segundo caso, la polémica se ha instalado por el rechazo a la participación de capitales privados para la reconstrucción de AFE, una participación que es vista como una simple privatización. Los argumentos a favor de la solución que se maneja desde el gobierno apuntan a que esa participación privada no implica en modo alguno la enajenación del patrimonio nacional y que es la única forma posible y factible de afrontar los ingentes gastos que supone la recuperación del ferrocarril.

La idea del presidente Mujica de someter estas dos delicadas cuestiones a la decisión del soberano es una respuesta plausible a la situación casi de impasse que se ha generado en la sociedad y en el sistema político. Ante la falta de acuerdo, nada mejor que consultar al cuerpo electoral. Todavía no se ha inventado ningún mecanismo mejor –para dirimir conflictos– que poner el asunto a consideración del pueblo y estar a lo que este decida.

Aunque nuestro sistema político-institucional es de democracia representativa (no es el demos quien gobierna sino sus representantes elegidos por él), la Constitución prevé mecanismos de democracia directa, esto es, instancias en que el cuerpo electoral reasume la soberanía y decide directamente sobre determinados asuntos puestos a su consideración.

Cierto es que nuestra Carta solo prevé la participación del cuerpo electoral para revocar normas ya promulgadas, por lo que la consulta directa al soberano está limitada; pero esta circunstancia no enerva la propuesta presidencial, una propuesta que deberá ser tenida muy en cuenta y analizada en profundidad para hacerla viable. Si se habilitaran nuevos mecanismos de consulta popular, la democracia se vería fortalecida, sin menoscabo de la función de los gobernantes y particularmente de los legisladores. Pero, como siempre, ya se oyen voces que ponen el grito en el cielo porque consideran que es un retaceo a las potestades de los representantes. Son las voces de quienes no confían en el demos y son reacios a otorgar mayor participación al pueblo; para ellos, la participación ciudadana debe limitarse a la emisión del voto cada cinco años: la democracia debe ser solo representativa. Es una postura esencialmente aristocrática, que desprecia profundamente al pueblo llano por considerarlo inferior y, por tanto, incapaz de decidir con sabiduría sobre asuntos de gobierno.

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