opinión

¿Religiones o negocios multimillonarios?

Resultado del Diálogo Interreligioso del que participamos desde el 2006, llegamos pluralmente a la conclusión de la necesidad de que nuestro Estado practique una laicidad inclusiva y no negacionista o casi prescindente del fenómeno religioso como hecho social, tal cual ha sucedido hasta ahora. El mecanismo o espacio que atendiera estas cuestiones -unidad o secretaría que se ocupara de asuntos vinculados a los cultos- probablemente debería “colgarse” del Ministerio de Cultura o de Desarrollo Social, o de la propia Presidencia. Supondría un reconocimiento a las encuestas que hablan de la sensibilidad religiosa presente en un 80% de la población uruguaya.

Sería bien importante que el Estado que es laico pero no la mayor parte de la ciudadanía, tuviera un lugar que apunte a mostrar la diversidad cultural reflejada en la diversidad de creencias. Y no sean solamente patrones históricamente hegemónicos los que impongan modelos de visiones de lo trascendente propias de élites dominantes como sucede desde los inicios de las instituciones. El diálogo nos hace iguales y lo estatal, visibles.

Dada la proliferación hace aproximadamente dos décadas de mega empresas de la fe en Uruguay, pseudo religiones de corte neopentecostal y fundamentalista, ostensibles industrias basadas en la intolerancia religiosa difundida por grandes medios de comunicación y en la explotación de las necesidades humanas, siendo dueños absolutos de capitales multimillonarios de dudoso origen, se impone separar la paja del trigo y de allí cierta necesidad de regulación que anteriormente pudo obviarse.

Si algunas empresas llamadas “iglesias” o “cultos” están inscriptos en el MEC como “asociaciones civiles sin fines de lucro”, debería definirse por parte del Estado qué topes de montos pueden integrar el patrimonio en bienes y efectivo de dichas organizaciones anotadas con ese estatus. Dicha categorización les permite exonerar impuestos y saltar otro tipo de controles fiscales, lo cual se transforma en invitación al blanqueo entre otras ilegalidades, pues se trata de dinero “no vigilable”, ya que como “donaciones” se recibe de donde sea sin importar los orígenes reales o sea el primer emisor. Si no tienen fines de lucro: ¿cómo entonces manejan cifras siderales con las que adquieren inmuebles millonarios en dólares? Deberían pagar impuestos como mínimo, porque caen en la lógica del mercado. El fundamento de la exención impositiva a cultos no es el enriquecimiento desmesurado, sino facilitar la labor social que tradicionalmente cumplen las iglesias.

Tal como estamos, en el discurso se declaran “sin fines de lucro” pero en los hechos acumulan y acumulan fortunas que en otros países –incluso fronterizos– son investigadas por lavado de dinero y fraude al fisco.

Tendría que ser absolutamente comprobable la legalidad del origen primero de la plata, de lo contrario se vuelve una simple y descarada argucia para violar leyes.

Para estas sectas mediáticas y de ostentosa riqueza material, el dinero puede todo y su entronizamiento en edificios céntricos de la ciudad simbolizan su imperio.

En Brasil, con capitales voluptuosos, obtuvieron poder político para luego usarlo a favor de su “negocio” y en contra de sus detractores, o de quienes simplemente interpelen sus prácticas intolerantes e impunes soportadas como “costumbre”.

Al parecer, nuestro sistema jurídico electoral aleja la posibilidad de que estos grupos con ideas fundamentalistas financien campañas políticas; sin embargo, es necesario estar atentos.

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