opinión
Los niveles salariales de los profesionales uruguayos no se constituyen en los últimos años en un factor impulsor del aumento de la escolarización universitaria, sino que al contrario, la prima salarial por educación es un elemento desincentivador asociado a la presión tributaria.
Desde los años 90 la economía uruguaya asociada a la modernización tecnológica y la apertura, amplio la diferencia entre las remuneraciones en función de los años de estudio (Bucheli, 2000). Fue una derivación de cambios productivos y demandas de capacitación que impulso cambios educativos centrados en la feminización universitaria y el aumento de la diferenciación institucional inicialmente a través de las instituciones privadas y los estudios de postgrado. En este contexto la participación de las mujeres en la población trabajadora aumentó de 44,5% en el 2000 a 47,2% en el 2010 con una creciente incidencia de universitarias. Sin embargo, desde el 2007 con el impuesto tributario a los ingresos salariales y otros impuestos a los profesionales, junto al aumento del salario mínimo, la negociación por rama de industria, el empleo público y los subsidios de los planes sociales, las primas salariales por educación se han revertido.
Un estudio (Perazzo, 2012) confirma que los trabajadores universitarios reciben remuneraciones (netas) por hora entre 10 y 19% inferiores a las que recibían antes de la crisis del 2002, y si bien entre 2003 y 2007 las remuneraciones universitarias aumentaron más que las otras, desde el 2008 han caído los diferenciales salariales por educación, con un achatamiento de los salarios asociados a los estudios universitarios, que desincentiva la formación de capital humano. Esta caída ha buscado ser compensada con el aumento de la tasa de actividad de los universitarios que es ya la más elevada y que aumentó del 85,6% en el 2000 al 86,7% en el 2010. Se sostiene (Amarante, 2011) que el impuesto a la renta actuó reduciendo las primas salariales por habilidades, e impulsó la caída de los rendimientos de la educación.
Ello inclusive se produjo a pesar de que la tasa de desempleo de los universitarios se ha reducido desde el 6,61% en el 2003 al 1,91% en el 2010, sin tener un impacto salarial en igual intensidad. La prima salarial por educación inclusive se ha hecho más injusta en relación al aumento de años de estudio de la población económicamente activa resultado de un mayor peso de los universitarios entre los trabajadores y cuya mayor productividad no se traduje en incrementos salariales proporcionales por una estructura de tributación centrada en los ingresos del trabajo que finalmente castiga la prima a la formación terciaria. Además, incide en ello la menor tasa de gremialización y de participación en contratos colectivos de los universitarios frente a los trabajadores que tienen menores estudios.
El impacto del desincentivo salarial es múltiple e impactará con más fuerza a futuro. Por un lado hoy impacta en las altas tasas de deserción y abandono de los estudiantes universitarios dado que al graduarse tienen bajas primas adicionales en un contexto donde la mayoría ya trabaja. Pero también puede explicar que el promedio de años de escolarización de la población económicamente activa no haya crecido en igual proporción que en los otros países de la región. Según el PNUD en el 2011 la escolarización en Uruguay era de 8,5 años, siendo la número 13 de la región junto a México y Bahamas y con una tendencia al empeoramiento en el ranking. Es la pregunta que muchos se hacen: ¿para que conviene estudiar y sacrificar tiempo y recursos si finalmente la política tributaria y económica castiga estos esfuerzos? Para muchos es sólo para emigrar. Una política universitaria es también un resultado de la política económica.
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