Editorial

La salud es un derecho y no una mercancía

Cuando todavía no se ha llegado a una solución definitiva del conflicto que enfrenta a las autoridades del MSP con los funcionarios de ASSE (aunque la situación parece tender a normalizarse), estalló un nuevo conflicto también en el sector de la salud pública. En este caso se trata de un grupo de profesionales, los cirujanos, que plantean una serie de reclamos vinculados con su actividad en los centros asistenciales de ASSE.

Al igual que cualquier gremio, estos médicos tienen todo el derecho del mundo de exigir mejores condiciones laborales o mejores retribuciones. Tanto los sindicatos que representan a los asalariados como las gremiales profesionales o empresariales pueden plantear sus reivindicaciones así como adoptar las medidas que consideren adecuadas para apoyar sus reclamos; ese derecho está garantizado en toda sociedad democrática.

En principio, las medidas de lucha dispuestas por los cirujanos no violentan normas, por lo que son técnicamente lícitas. Ahora bien, que sean lícitas no quiere decir que sean legítimas. Entendámonos: la licitud no es sinónimo de legitimidad pues puede haber conductas ajustadas a derecho que, a pesar de ello, no resultan del todo justificadas.

La huelga es un derecho indiscutible de los trabajadores, consagrado incluso en nuestra Constitución. Es una de las herramientas de que disponen los asalariados para presionar a la patronal y obligarla a escuchar sus demandas y aceptarlas parcial o totalmente. La detención de actividades en una fábrica, por ejemplo, implica una merma en la producción y, por tanto, un perjuicio económico para la empresa.

Sin embargo, hay otras ramas de actividad en las cuales, además del perjuicio económico para el empleador, una huelga tiene también efectos indeseados para la población. Es el caso de los servicios públicos, estén brindados por el Estado o en manos de particulares: el suministro de energía, de agua potable, de telefonía, la salud, la enseñanza, el transporte colectivo de pasajeros, etcétera. En esos rubros, el derecho de huelga está en entredicho y por lo general sufre restricciones como, por ejemplo, cuando se establecen guardias gremiales en la salud para atender las emergencias. No obstante ello, un paro en la salud genera mil inconvenientes para los usuarios que son en un todo ajenos al conflicto; y por esa razón las autoridades están en su derecho de decretar la esencialidad del servicio.

En el caso concreto de los cirujanos, creemos que la renuncia a los cargos implica desconocer el compromiso ético con la vida y la salud de todos, especialmente la de los sectores más humildes. Estos profesionales están exhibiendo una intransigencia desmedida y egoísta, pues rechazan la presupuestación ofrecida por las autoridades, con la cual se verían contempladas sus aspiraciones; pero evidentemente, no están dispuestos a asumir las obligaciones que, como contrapartida, supone esa presupuestación.

La salud no puede volverse una mercancía más sometida a las leyes del mercado. Ese es el espíritu que llevó al gobierno progresista a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, el propósito de democratizar al máximo la atención sanitaria y tornarla accesible a la mayoría de la población.

Esta actitud de los cirujanos conspira directamente contra el esfuerzo por lograr que la cobertura de salud alcance a todos los uruguayos.

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