PIENDAMÓ

Presidente de Colombia e indígenas dialogan, pero sin definiciones

IPS supo que Santos decidió venir contrariando la posición unánime de su gabinete. “Me nació estar aquí hoy”, “por convicción”, dijo el mandatario de centroderecha.

Su ministro del Interior, Federico Renjifo, condujo por el gobierno el tira y afloje de un mes de negociaciones y al anochecer del martes 14, cuando se hizo oficial la llegada del presidente, manifestó: “Me siento feliz de estar aquí… Estos son pueblos que quieren vivir en paz”.

Los indígenas del norte del Cauca reclaman que los actores armados del conflicto iniciado en 1964, la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército y la policía, dejen de guerrear en sus territorios.

Según sus cuentas, más de 2.500 civiles fueron afectados por ese enfrentamiento en el último año y medio en esta zona, y un centenar de ellos murieron.

La María es un resguardo (predio de propiedad colectiva indígena) del pueblo misak o guambiano, que limita al sur con el territorio de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), habitado por una mayoría nasa.

Para cuidar al mandatario se instalaron cuatro controles de seguridad para ingresar a este lugar, designado por los indígenas en 1999 como de “convivencia, diálogo y negociación”.

Los tres primeros eran manejados por la Guardia Indígena, un cuerpo de vigilancia tradicional cuyos miembros, hombres y mujeres, llevan al cuello pañoletas rojas y verdes y van armados solo de bastones de mando.

En el último control la situación cambiaba y era la policía la que pasaba a revisar a quienes ingresaban al encuentro con apoyo de la Guardia Indígena.

La Guardia Indígena esculcaba todo. Miraba dentro de cada recipiente. Extraía cada objeto de morrales y carteras, volteaba bolsillos hacia afuera.

“Ellos no conocen las normas para requisar”, dijo en tono comprensivo a IPS una policía que observaba la escena en el primer control, en un camino de tierra que sube una colina desde la Carretera Panamericana hasta la alta enramada de unos 120 por 40 metros, con tejas de zinc y parales de guadua (una especie de caña andina), donde se reúnen asambleas indígenas gigantescas.

La uniformada comentó que, antes del mediodía, la Guardia Indígena encontró una granada en el bolso de un hombre. El sujeto intentó huir, pero lo capturaron. El incidente se mantuvo en sordina para no frustrar la esperada visita de Santos.

Los indígenas calculaban que recibieron a Santos 18.000 personas. Un observador, que relató a IPS los entresijos de la compleja negociación previa, calculó que en La María había 8.000 indígenas. Y un funcionario de seguridad de la Presidencia los redujo a 7.000.

“Los veo muy bien organizados”, agregó este último, “realmente tienen control del perímetro”.

La incidencia de filigrana que logró el paso simple, pero significativo, de que el presidente llegara a La María fue adelantada, principalmente, por el sacerdote Francisco De Roux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.

La evidente presión diplomática se tradujo en la presencia de Bruno Moro, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, y de Todd Howland, director de la oficina local de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Estamos aquí para facilitar que este diálogo continúe y dé resultados que mejoren la vida del pueblo indígena”, expresó Howland a IPS.

“Es bastante importante esta movilización… Ellos conocen sus derechos, están expresándose de manera pacífica para generar un cambio, y también hay una respuesta del Estado para escucharlos”, dijo.

“Está claro que 80 por ciento de la población, que vive en los centros urbanos, está disfrutando la paz”, aseveró, y por ello “muchos en Colombia no entienden que el conflicto armado está afectando a la población rural”.

“Y los indígenas están diciendo: ya basta de este conflicto. Tienen que tomarnos en cuenta a nosotros, en razón de lo que está pasando en nuestro territorio”, indicó el diplomático.

IPS supo que, durante la discusión previa de la agenda, quedó claro que a Santos le interesaba debatir los temas humanitarios y la propuesta de paz del movimiento indígena.

Coincidía en ello con los principales líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y una de sus filiales regionales, la ACIN.

Los indígenas también fueron advertidos de que el presidente no tomaría decisiones ante la asamblea, sino que iba a escuchar su propuesta, como en efecto ocurrió.

Santos prefería que otros temas, promovidos sobre todo por los gobernadores de los cabildos, como salud y educación propias, o la necesidad de ampliar los resguardos, fueran tratados en mesas sectoriales y no en la plenaria de La María.

Durante esa discusión previa, el lunes 13, hubo amagos del tipo “todo o nada” por parte de un sector de los aborígenes.

Finalmente, se impuso la corriente que presionaba por hablar de “todo”, es decir, la agenda humanitaria y la llamada agenda estructural.

Así, a lo largo de dos horas y cinco minutos, los indígenas expusieron los grandes asuntos que les inquietan: desde los combates en sus territorios hasta la reglamentación de su autonomía, fijada en la Constitución de 1991 pero postergada desde entonces, pasando por el imperativo de preservar sus culturas a través de la educación y la atención de salud.

Casi todos estos temas fueron expuestos en pocos minutos por distintos dirigentes que tomaron la palabra con disciplina y puntualidad. Sin embargo, imperaron los enunciados generales y no los detalles.

Cuando el presidente intervino y no anunció decisiones concretas, sobrevinieron unos 10 minutos finales que aparentemente se salieron del protocolo pactado, pues así lo reclamó el propio Santos.

Los portavoces indígenas condicionaron la subsiguiente negociación a través de “mesas integrales” con el Poder Ejecutivo a que “no haya más agresiones de las Fuerzas Militares en los territorios indígenas; que no tengamos más víctimas”.

Santos rechazó el señalamiento, aunque antes había pedido “perdón” genéricamente por las víctimas de “ovejas negras” dentro de las instituciones.

A través de Jesús Chávez, consejero mayor del CRIC, los aborígenes trataron de que Santos concretara.

El primer punto planteado es la abolición del reconocimiento jurídico a una asociación indígena paralela, creada en 2009 a partir de un grupo evangélico por el entonces presidente Álvaro Uribe y financiada por el ejército, según una fuente cuyo nombre se reserva.

“Queremos que sea ya”, dijo Chávez entre aplausos y vítores.

El segundo punto pide instruir “en este mismo momento” la anulación de títulos mineros en territorios indígenas, concedidos inconsultamente durante el gobierno del derechista Uribe (2002-2010).

Y el tercero plantea “que avancemos decididamente a parar la guerra en el Cauca, que nos está matando. No queremos más disparos en los territorios indígenas”, clamó Chávez.

El dirigente pidió a Santos que ordene a sus fuerzas que se retiren del cerro sagrado Berlín, de donde en julio los indígenas desalojaron, a empujones y por unas horas, una base militar.

Chávez subrayó: “Que quede claro, señor presidente. No estamos pidiendo que la fuerza pública se retire de Toribío, sino del cerro sagrado de Berlín… Que lo hagan como muestra de voluntad de construcción de paz”.

“¿Será posible, señor presidente, esas tres cositas?”, inquirió, entre risas y aplausos.

Santos respondió que no toma decisiones sin asegurarse su sustento legal, y que prefiere discutir esos temas en reuniones bilaterales. Fue el único momento en que resultó abucheado por los comuneros.

Exclusivo IPS para LA REPÚBLICA.