La liberación del prohibicionismo (aún en un solo país)

La noticia del envío al Parlamento uruguayo del proyecto de ley de regulación de la producción y distribución de marihuana volvió a despertar el interés y la curiosidad de la opinión pública, al menos internacional. Y la mía propia, robustecida por el propósito gubernamental de abrir un amplio debate en la sociedad uruguaya al respecto, cosa que habrá que ver si efectivamente ocurre. La misma que había experimentado cerca de dos meses atrás cuando el Presidente Mujica instó por cadena nacional a reflexionar sobre la vida o posteriormente ante la presentación del documento “Estrategia por la vida y la convivencia” hecho por el gabinete de seguridad en conferencia de prensa donde insinuó la elaboración de este proyecto, sin que encontrara luego los ecos de ese debate y –sospecho- menos aún el condigno entusiasmo. No será la primera vez que señalo con preocupación cierta somnolencia civil y desmovilización paulatina desde el acceso al gobierno del FA precisamente cuando es tanto o más necesaria que la que se requiere para campañas electorales, que también vienen con tendencia alicaída si miramos las últimas elecciones departamentales o las recientes internas frenteamplistas. Porque se trata del rumbo del gobierno popular y progresista, que no puede quedar en manos de las decisiones de representantes o mandatarios sin expresas directivas de sus propias bases políticas, o más ampliamente ciudadanas, sobre todo cuando la coyuntura presenta disyuntivas u opciones múltiples no previstas en el programa de gobierno. Y no puede despertar solo curiosidad -ese primer momento aún pasivo de interés- sino que debería poder producir verdaderas pasiones y demandas de participación decisional. El FA, natural impulsor de debates y movilización de la sociedad uruguaya, debe escuchar las variadas señales de alarma que viene recibiendo sobre el peligro de esclerosamiento, burocratización y autonomización fiduciaria de sus líderes con el consiguiente desánimo y retracción de sus bases y simpatizantes.

 

El problema es claramente multicausal, pero si se quiere propiciar un debate lo primero que habrá que garantizar es la información sobre la que habrá de tener lugar. En este caso, enterado por la prensa del envío del proyecto de ley sobre la marihuana, me dirijí a diferentes fuentes sin éxito alguno: primero a la página de la Presidencia y luego a la del Parlamento, incluso apelando a sus buscadores internos. La del FA tampoco contaba con el texto. Como estoy por estos días en Uruguay, pasé por mi comité de base habitual, que un viernes de noche se encontraba cerrado. Intenté también ver si en la audición radial del Presidente -que suele estar en la página web de Presidencia- había referencias, pero volví a encontrar un solo audio de este mes, que ya había escuchado y que desde hace dos semanas estaba fechado el “11 de agosto”, día de ayer, lo que demuestra o una gran capacidad de predicción futurista o un desprecio por el ordenamiento informativo y la precisión archivista. No se puede opinar con mínima enjundia apoyado solo en fragmentos glosados por la prensa. Organizando y exponiendo claramente la información y la documentación no se soluciona un problema de la complejidad del que planteo, pero mucho menos ayuda a resolverlo si los insumos para un debate resultan inasequibles. No ocultaré que algunas desprolijidades comunicacionales del gobierno progresista me resultan desconcertantes. Finalmente el auxilio de una gran periodista y editora amiga me permitió hacerme del documento completo al que pasaré a referirme.

 

El proyecto en sí mismo, de un único artículo, solo deja claro que será exclusivamente el Estado quien se haga cargo monopólicamente de todo lo que tenga que ver con la marihuana, disputando esa fracción del mercado negro al narcotráfico. Un primer paso fundamental y decisivo ya que supera la esquizofrenia seudoprogresista de despenalizar una parte del lazo mercantil (la demanda) ilegalizando la otra (la oferta). Algo a lo que aludí con más detenimiento en un artículo de este año (“Plutocracia y marihuana…”) que este diario publicó exclusivamente en su versión en papel. Cada uno de los tres únicos párrafos del artículo del proyecto culmina con la sentencia “que al respecto fija la reglamentación” de forma tal que para conocer las precisiones prácticas será indispensable no solo que el Parlamento transforme el proyecto en ley sino que además se reglamente para encontrar entonces las necesarias exactitudes. Pero la riqueza del proyecto no reside mayormente en su conclusión, aunque este deja claro que en lo concerniente al cannabis apunta a una solución integral, sino inversamente en los extensos considerandos sobre los que se fundamenta.

 

El primer gran mérito es el de cuestionar la rigidez e impotencia de las caracterizaciones y políticas de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas, a la que Uruguay adhirió, con cifras concretas sobre el crecimiento regular del mercado de narcóticos y con ello de las mafias, aportadas por la Comisión Global de Política de Drogas que integran varios ex presidentes y figuras diplomáticas. Se sitúa entonces en un claro revisionismo que caracteriza de estrepitoso fracaso a la estrategia represiva que Uruguay acompañó y que da lugar a una iniciativa pionera de despenalización aparentemente factible, justamente por encarar la cuestión de fondo al hacerse cargo de la oferta. En cuatro puntos ejemplifica contundentemente las frustraciones del camino represivo a partir del reconocimiento del carácter internacional de la problemática de las drogas declaradas ilegales (que no son todas las que se consumen ni tampoco necesariamente las que más daños producen) y de la confrontación con “un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada”.

 

Analiza y expone con detenimiento los antecedentes de políticas de drogas en general y de la marihuana (medicinal o recreativa) en particular de Holanda, Australia, España, EEUU (el máximo consumidor mundial de todo tipo de drogas, legales e ilegales). Ante esto propone radicalizar los lineamientos fijados por la Junta Nacional de Drogas (JND) uruguaya en su estrategia para el Periodo 2011-15 que ya se anticipaba al considerar el problema como “multidimensional y multicausal, fuertemente anclado en los factores políticos y culturales de la sociedad”. Desde este punto de vista creo entrever que estamos ante un doble punto de partida revolucionario en la materia. Por un lado porque si bien no puede resolverse, al igual que el socialismo, en un solo país, alguno debe tomar la iniciativa de bajarse de la guerra y comenzar el camino de disputa hegemónica desde el lado de la oferta. Por otro, porque si diera resultado no tendría sentido detenerse exclusivamente en la marihuana ni tampoco en las drogas ilegales sino en la totalidad de la producción farmacológica, aunque no tenga carácter monopólico. De hecho en Argentina se modificó la reglamentación de recetas médicas obligando a colocar la droga y no el nombre comercial de los medicamentos, además de la fabricación de genéricos por parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que luego fue saboteada por el propio gobierno.

 

Otro aspecto relevante es que no deja de considerar la indispensable atención del lado de la demanda, es decir de las consecuencias epidemiológicas de todas las adicciones sin por ello tener un sesgo prohibicionista. Algo que el Uruguay viene haciendo con cierto éxito con drogas legales como el tabaco o el alcohol. Aunque el fuerte gubernamental no parece ser la comunicación, contempla la difusión de la información para atenuar los riesgos del consumo. Al respecto creo que es fundamental informar sobre los recaudos a tomar según los diversos tipos de droga, las dosis por contextura física, estado de ánimo, las mezclas peligrosas, las respuestas a adoptar frente a cuadros de intoxicación, entre otros aspectos menores. El documento es enfático en afirmar que “se promoverá un abordaje socio sanitario desde una óptica de salud pública en su más amplia acepción”. Dirá además que “la estrategia nacional no comparte los enfoques prohibicionistas y la concepciones de “guerra a las drogas” extendidas a nivel internacional que han tenido como consecuencia causar más daño, generar más violencia y corrupción y no han tenido éxito en cuanto a las metas que persiguen”. Aunque no tenga una estricta relación con el motivo de este artículo sino con el prohibicionismo en general, no puedo dejar de recordar con dolor que recién ahora Cuba libera la proscripción que recaía sobre la difusión de la obra de 50 músicos de ese origen. Tal vez permita encarar un debate más amplio sobre los costos y daños de toda prohibición o conculcación de libertades.

 

Lejos estoy de reivindicar mercado alguno como solución a cualquier problema social. Es la desmercantilización de la vida el camino solidario hacia la inclusión social y la distribución de riquezas materiales y simbólicas. Sin embargo, hay amenazas más potentes y graves que los propios mercados. La primera es el monopolio privado, justamente la negación de la libre concurrencia capitalista y de relación proporcional entre valores y precios. Pero más grave aún es el mercado negro que solo puede residir plácida y redituablemente parasitando de las prohibiciones y nutriéndose de sus detritus. Cierto impacto internacional ya ha superado el ámbito del debate para pasar al de la ejecución como por ejemplo indicaría el proyecto de ley que en Chile presentaron los senadores Rossi y Lagos Weber (hijo del ex presidente) aunque orientado al autocultivo de marihuana.

 

Tal vez estemos en el comienzo del fin del prohibicionismo regionalizado, o lo que es lo mismo, del pasaje del inicio de las libertades en un solo país al de una región liberada, al menos de mafias, sicarios y criminales.