una política de estado

La integración de la oposición en los organismos públicos

Las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados, de carácter estatal, constituyen una realidad nacional que casi no tiene comparación en América Latina. En algunos casos tiene carácter monopólico (telefonía fija, refinación de combustibles, agua potable, etcétera) y otros están en competencia (bancos, seguros, telefonía móvil, entre otros). En la Constitución de la República se les asigna un papel relevante en la Sección IV y en varios artículos de otras secciones. Tienen iniciativa para aprobar su propio presupuesto, y buena parte de los gastos del Estado están bajo su administración. Tanto el nombramiento de sus direcciones como las normas de gestión, sus derechos y obligaciones, así como las causas y procedimiento para su cese están expresamente establecidos en la Constitución. Es por eso que el nombramiento de los directores al comienzo de cada administración reviste gran importancia.

La Constitución en su artículo 187 establece que “serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes”.

O sea que no hay referencias al perfil político de los directores. Sin perjuicio de ello, el perfil político ha sido un factor relevante a la hora de las designaciones. Es por eso que en un país donde los partidos tienen una fuerte gravitación es conveniente que los directores de los organismos del Estado sean nombrados con el acuerdo de todo el sistema político.

Consideramos que el acuerdo sobre su integración debe ser una política de Estado.

En su primer gobierno, en 1985, Julio María Sanguinetti ofreció al Frente Amplio (FA) la posibilidad de integrar los entes autónomos. En el FA, en un debate que no fue ni corto ni sencillo, prevaleció la propuesta de integrar los entes, siguiendo los lineamientos que planteó su presidente, el general Liber Seregni, de que debía ser una política de Estado. Es así que participaron, propuestos por el FA, Juan Young en el BROU, Luciano Macedo en el Banco de Seguros, Joaquín Rossi en el Instituto Nacional de Colonización, Ulises Anaya en Antel, Luis Nunes en AFE y José Olivera en Ancap, que cumplieron una destacada y reconocida actuación.

En los siguientes gobiernos de los partidos tradicionales, incluyendo el segundo presidido por Sanguinetti, esa voluntad política con relación al FA no existió: no se convocó al Frente para proponer a representantes en los organismos. Primó el criterio de que los directores de los entes debían coincidir con los lineamientos que desde el Poder Ejecutivo se propusieran.

Cuando asumió la presidencia, Tabaré Vázquez ofreció a la oposición la posibilidad de que propusieran nombres para integrar los organismos. El Partido Colorado (PC) no aceptó. El gobierno cedió esos cargos al Partido Nacional (PN), que en una primera instancia los aceptó, pero por una discrepancia con relación a la integración del Directorio del BROU, también los rechazó todos.

Al asumir la presidencia, José Mujica reiteró el ofrecimiento, el cual fue aceptado por los restantes partidos. Se inició una etapa de mucha importancia al posibilitar que el Partido Nacional propusiese nombres para 33 cargos, el Partido Colorado para 20 y el Partido Independiente para 3, luego de una intensa negociación culminada en junio de 2010.

Desde fines del año pasado las dirigencias blanca y colorada comenzaron a “desmarcarse” del gobierno frenteamplista, alegando discrepancias con decisiones tomadas por los directorios de muchos organismos, como parte de una campaña opositora que se ha acentuado en las últimas semanas. Sin embargo, como se deja constancia en una crónica del semanario “Búsqueda” (26/07/2012) “en la mayoría de los casos, pese a los enfrentamientos entre los dirigentes partidarios, varios jerarcas (blancos y colorados de organismos públicos que fueron consultados por dicho medio de prensa) resaltaron que hay cordialidad y coordinación en su trabajo diario” con sus colegas del Frente Amplio. Y directores frenteamplistas de entes y organismos públicos han declarado no estar de acuerdo con que el gobierno separe de sus cargos a los representantes de la oposición, postura que ha reafirmado el propio presidente Mujica. En la referida nota de “Búsqueda” se recogen diversas opiniones de directores de la oposición, entre ellas la del jerarca colorado de Ancap Juan Justo Amaro: “Desde la parte humana tenemos una relación excelente (con los directores del FA) y cuando discrepamos lo hacemos con fundamentos”. Y agrega que “no hay problemas para acceder a la información que se pide. En un tema tan polémico como el de Pluna, fui yo quien mocionó para realizar una auditoría externa y se votó por unanimidad”, agregó Amaro. En similar sentido se pronunció el director nacionalista de la ANP, Pedro Pollak, quien sostuvo que en ese organismo la información “es muy transparente y ese es un muy buen punto de partida para una buena relación” con los directores que responden al gobierno. El director nacionalista de AFE Mauricio Cusano también destacó “el buen relacionamiento” entre los miembros del Directorio. Incluso en los casos en que se han criticado aspectos del funcionamiento en los directorios, e incluso formulado críticas severas, como el representante colorado en Antel Carlos Guariglia, que ha señalado que el FA lo margina en la toma de decisiones, según expresó a “Búsqueda”, no hay acusaciones de ocultamiento de información. El también colorado Alberto Iglesias, director del BSE, planteó cuestionamiento a decisiones adoptadas, pero en ningún momento sugirió su alejamiento de la institución. Nuestro país necesita que la oposición integre los organismos. En este período la mayoría de las decisiones se han alcanzado por consenso. Cada sector político debería examinar con rigor qué es lo que ha sucedido realmente en los directorios de entes, empresas públicas y otros organismos estatales. Si se dejan de lado sectarismos e intenciones preelectorales –que a esta altura son inusitadamente precipitadas–, se sacará la conclusión de que los acuerdos de junio de 2010 le han servido al país y deberían tomarse como pauta para seguir en el futuro, independientemente de los cambios de partidos en el gobierno que puedan producirse.

Por lo tanto el Frente Amplio, en base a sus tradiciones, a su prédica histórica y a los principios republicanos y democráticos que rigen en nuestro país, ha de respaldar, como lo ha hecho siempre y exigido cuando ella no se ha cumplido, la coparticipación de todos los partidos en los directorios de los organismos públicos.

Las disposiciones constitucionales sobre designación, destitución o sustitución de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados son múltiples y muy claras. El artículo 58 establece que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”. El artículo 198 dice que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de “destituir a los miembros de los Directorios (…) con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten el buen nombre o el prestigio de la institución a la que pertenezcan”. Y agrega: “Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución se solicita, con miembros de Directorios (…) de otros Entes, con carácter interino y hasta que se produzca el pronunciamiento del Senado”. Añade que “las destituciones y remociones previstas (…) no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Los cargos no pueden ponerse a disposición del Presidente y del Poder Ejecutivo, como, desconociendo las normas, se ha propuesto días pasados desde un sector político. El PE no ha planteado la destitución o separación de algún funcionario por los motivos y mediante los mecanismos establecidos constitucionalmente, más allá de declaraciones, que no establecen jurisprudencia ni normativas al respecto.

Por supuesto que tratándose de cargos no electivos pero que requieren venia parlamentaria, su designación estará sujeta a los acuerdos que se establezcan al interior de cada partido y entre todos ellos. Como decíamos al comienzo, la voluntad política termina siendo determinante, sin perjuicio que ella pueda expresarse de diferentes maneras, con generosidad y amplitud o con estrechez y mezquindad.

La voluntad política del Frente Amplio ha sido históricamente la de promover la representación de la oposición en los organismos públicos. En el presente período de gobierno se confirma la validez y virtud de esta orientación, con absoluta prescindencia de lo que ocurra en otros escenarios como puede ser el Parlamento o la vida política del país.