inspecciones al agro
El director general de Rentas, Pablo Ferreri, manifestó que las declaraciones del presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, respecto a una “venganza” por parte de la DGI al campo, son “irrespetuosas, irresponsables e infundadas” y opinó que “habla muy mal del representante de una agrupación empresarial que este se ofenda porque se verifique el cumplimiento de la normativa de su sector”.

Ferreri expresó a LA REPÚBLICA que el decir que la fiscalización que realiza la DGI sustentada en criterios técnicos es “terrorismo de Estado” es algo “lamentable” y que constituye una “banalización de los hechos que pasaron en momentos oscuros de la historia de este país”. “Son declaraciones irrespetuosas, irresponsables e infundadas”, y habla muy mal del representante de una agrupación empresarial que este se ofenda porque se verifique el cumplimiento de la normativa de su sector”, agregó.
La respuesta apunta a los dichos del presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, quien aseguró este miércoles a radio Carve que las medidas de fiscalización anunciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) son una “venganza” a los empresarios que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y además, indicó a “El Observador”, que en ese sentido la Federación Rural considera que la DGI está haciendo “terrorismo de Estado”.
Al respecto, Ferreri dijo que las fiscalizaciones ocurren en los estados de derecho y que los organismos fiscalizadores están para verificar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. “Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias está en la misión institucional de la DGI, y eso ocurre para todos por igual, mal que les pese a algunos”, expresó.
El director general de Rentas manifestó además que los criterios de selección de la DGI son técnicos y están basados en el riesgo potencial de evasión que presentan los contribuyentes. En ese sentido, destacó que el sector agropecuario es tratado con la misma rigurosidad y objetividad que otro sector, y que “no se los persigue, pero tampoco tienen coronita”.
“El primer indicio de que estábamos muy acertados en realizar este operativo es la virulencia de las reacciones de quienes han salido a hacer este tipo de declaraciones”, agregó.
Cifras
Según informó Ferreri, las cifras de evasión del sector agropecuario en poder de la DGI están en el entorno del doble de la evasión que el promedio de la economía nacional. “La evasión promedio es del 15% y la de este sector debe estar en el 30%”, indicó.
Se trata de 100 empresas, con un total de 100 millones de pesos cada una de volumen anual. “Son empresas que mueven 500 millones de dólares al año, por ende de un volumen bien importante”, agregó.
En cuanto a los rubros de las empresas en cuestión, Ferreri indicó que las actividades que realizan son diversas, pero que en la mayoría de los casos se verifica el incumplimiento en el pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). En detalle, el director general de Rentas informó que algunos casos refieren a venta de productos agropecuarios, otros a la venta de activos fijos afectados a la actividad agropecuaria, como la compraventa de inmuebles rurales o las rentas generadas por la prestación de servicios.
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