La tragedia de Curuguaty: testimonio de familiares

Una delegación de uruguayos, brasileños y argentinos está en Paraguay para expresar solidaridad con su pueblo en la lucha por la recuperación democrática, y se entrevistó con familiares de los muertos y detenidos en la masacre del 15 de junio en Caraguaty, una gran provocación que sirvió de pretexto a la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. Integran la delegación: por Uruguay el diputado Aníbal Pereyra y el presidente de la Comisión Internacional del Frente Amplio Jorge Mazzarovich; por Argentina la diputada por Corrientes Araceli Ferreyra; por Brasil los dirigentes políticos de Curitiba, Rubén Dinis y Paulo Schueler. Fueron recibidos en Paraguay por el miembro del Parlasur, Ricardo Canese, el político liberal Domingo Laíno, el senador Sixto Pereira y el dirigente campesino Belarmino Balbuena.

El diario “Ultima Hora” del 25 de julio, en una nota de su enviado a Curuguaty, Dionisio Cáceres dice que la delegación política y legislativa del Mercosur se entrevistó con familiares de muertos y detenidos por los sangrientos sucesos del 15 de junio. Hablaron con Catalino Agüero, de Carro Cué, que perdió a su hijo De los Santos Agüero, y tiene a su hija Lucía recluida en la penitenciaría de Coronel Oviedo; y con la señora Clotilde Cardozo de Barrios, cuyo hijo de 15 años está detenido en Villarrica y fue brutalmente golpeado.

El diario da cuenta de declaraciones del presidente destituido Fernando Lugo en un encuentro del Frente Guasú, en el sentido de que “ellos dieron una puñalada en el corazón de la democracia, pero la repondremos con más fuerza” y agregó que aún no le entregaron los documentos que motivaron su destitución. Se consigna el total aislamiento internacional del gobierno paraguayo y se informa que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, opinó que sería mejor que Paraguay no asistiera a la Cumbre Iberoamericana a realizarse en Cádiz en noviembre, habida cuenta que ha sido suspendido en la Unasur y el Mercosur.

Por su parte, “La Nación” también del 25 de julio publica una nota de su enviado a Curuguaty Alberto Núñez, que bajo el título de “Parlasurianos ‘luguistas’ dicen que la masacre fue montada por Blas N. Riquelme” reseña las entrevistas de los delegados latinoamericanos con autoridades y familiares de los campesinos caídos en los sucesos del pasado 15 de junio en campo Morumbí de Yby Pytá, propiedad del empresario colorado Blas N. Riquelme. Dice la crónica que “los campesinos denunciaron que sus seres queridos fueron heridos y posteriormente ejecutados por parte de la policía, por lo que piden justicia”.

La crónica señala que el diputado del Parlasur y dirigente del Frente Guasú Ricardo Canese calificó lo ocurrido el 15 de junio en las tierras de Blas N. Riquelme como “ajusticiamiento” y no como un enfrentamiento entre policías y campesinos. “Hemos constatado testimonios muy graves y muy dolorosos de ajusticiamiento, y por medio de testigos presenciales. Recibimos denuncias de que los campesinos fueron ejecutados”, señaló, con el agregado de que también se comprobaron hechos de tortura a los campesinos presos. Canese cuestionó con dureza a Riquelme -sigue la crónica- por haberse apropiado de las tierras a través de un mecanismo llamado usucapión, lo que consideró irregular. “Deben intervenir las autoridades porque éste es un ladrón de tierras, no puede obtenerlas a través de ese mecanismo porque corresponde otorgarlas a personas de escasos recursos, a campesinos. Esas tierras deben pasar a manos del Estado paraguayo”, sostuvo. Dijo también que se detectaron una serie de irregularidades en la investigación sobre la actuación de la policía.

La crónica consigna por último que la delegación intentó ingresar al lugar del enfrentamiento pero que Riquelme prohibió el paso a su estancia. Canese sostuvo que no había que solicitar permiso porque esas tierras son del Estado.