contribución de investigadora argentina a debate feminista

“Para acabar con la trata hay que legalizar la prostitución”

Agustina Iglesias Skulj explica: “En general la trata, y por eso se llamaba ‘de blancas’ cuando surgió a finales del siglo XIX, siempre estuvo envuelta en muchos mitos. El movimiento de mujeres se problematizó a partir de la imagen de unas pobres niñas blancas inocentes que eran secuestradas, drogadas y obligadas a ejercer la prostitución en otro país. Lo que esta imagen oculta son los factores complejos que están en su origen: un momento de flujos migratorios femeninos intensos, feminización de la pobreza, cambio en los modelos familiares, así como unas relaciones de género profundamente desiguales.

Por otra parte la trata, en vez de ser analizada a través de todos esos factores, se construye mediáticamente a partir de relatos emotivos sobre mujeres inocentes que nada tienen que ver con el trabajo sexual. A nadie se le ocurre que a una migrante interna o internacional –que muchas veces es madre soltera con hijos a su cargo– frente a las opciones que le da el mercado laboral y de acuerdo con el nivel educativo al que accedió, puede ver el trabajo sexual como una opción apetecible. Una opción que brinda flexibilidad suficiente para poder compaginar el trabajo y la maternidad, y que les ofrece mejor remuneración que cualquier otra ocupación a la que puedan optar.

De eso nunca se habla y es eso de lo que tenemos que hablar”.

Repreguntada sobre si se podría decir que la mayor parte de las mujeres explotadas en la trata habían optado antes por el trabajo sexual, Skulj contestó que “En realidad no se sabe. No hay datos. Es un tema complejo. Lo insensato es identificar trata con prostitución como se hace a veces y que supone frivolizar un tema muy complejo”.

Abolicionismo

Skulj es terminante en cuanto a su rechazo a la postura abolicionista de la prostitución y lo fundamenta: “Los países que han aplicado el modelo abolicionista, como es el caso paradigmático de Suecia, no han logrado los resultados buscados de evitar la venta del cuerpo de la mujer y lograr una sociedad con mayor igualdad. En Suecia y desde 1999 se criminaliza todo el contexto de la prostitución, no solo el proxenetismo. Ello ha derivado en la clandestinización, lo que conduce a mayores niveles de indefensión de las personas que se dedican a esta actividad e incluso de aquellas que están obligadas. Al criminalizar a los clientes, se generan nuevas formas de ofrecer y de comprar servicios sexuales, se recurre a lugares menos visibles, y se utilizan otros recursos como internet, pero no por ello deja de existir.

Estas medidas exponen a las mujeres a mayores niveles de vulnerabilidad, que no pueden pedir ayuda a sus clientes –como muchas veces sucede en estos casos– ya que ellos mismos están cometiendo un delito. Se han realizado algunos estudios como los del Instituto de Criminología de la Universidad de Estocolmo, que analizan todos los efectos negativos que se han derivado de la sanción de esta ley.

Gracias a ellos queda claro que si bien la prostitución no ha descendido de manera relevante en estos años, sin embargo sí ha aumentado el contagio de VIH, ya que las organizaciones que repartían preservativos ya no pueden hacerlo. Así como tampoco pueden prestar otro tipo de asistencia a las trabajadoras sexuales. También han aumentado los niveles de marginalidad y de estigmatización para aquellos –tanto mujeres, como varones y trans– que encuentran en la prostitución un medio de vida. Es decir, la principal consecuencia es mayores niveles de vulnerabilidad de los sujetos que en principio se busca proteger.

Un ejemplo de país abolicionista es Estados Unidos, que junto con Argentina, fueron dos países receptores de grandes flujos migrantes femeninos a comienzos del siglo XX. En Estados Unidos, la prostitución está directamente criminalizada –salvo en Nevada y algún que otro estado– y ello no ha impedido el desarrollo de esta actividad ni la trata de personas.

Sin embargo, Estados Unidos se ha convertido en un controlador de las políticas contra la trata alrededor del mundo, ya que realiza anualmente un informe de calificación de los países e impone sanciones de carácter económico y de otro tipo a aquellos que no cumplen los criterios que ellos establecen. Esta política de carácter intervencionista es parecida a la lucha contra las drogas, cuyos resultados conocemos bien en Latinoamérica. No está de más advertir que Estados Unidos no aparece clasificado en estos informes. Se ha denunciado en la literatura académica y en el ámbito político su carácter profundamente arbitrario. ¿Quién controla al controlador?

Legalización

En países que han optado por un modelo de legalización del trabajo sexual como Alemania u Holanda, otorgar derechos a estas mujeres mejora sus condiciones vitales, evita la connivencia policial, y las dosis de violencia y discriminación que sufre este colectivo. Si esto beneficia a las políticas de trata, creo que sí. Porque si se establece un estatuto autónomo de trabajo, será más fácil detectar las situaciones de explotación y las cuestiones relativas al consentimiento que ahora confunden la voluntariedad de dedicarse a la prostitución con aceptación de situaciones de explotación. Dotar de derechos a un colectivo siempre tiene mejores efectos que la anulación de su autonomía”.

La investigadora argentina suma otro cuestionamiento: “La imposibilidad de optar por la prostitución de la que parte el abolicionismo, deriva de una concepción de la libertad estrictamente liberal. Nadie es ‘libre’ en ese sentido frente al sistema de trabajo capitalista, nadie escoge libremente su trabajo o las condiciones del mismo. Seamos honestas, pongamos más esfuerzos en proteger el trabajo de estas mujeres, en lugar de seguir perpetuando su estigmatización y fomentando la precarización de sus vidas y de sus derechos. Creo que este es un paso fundamental que tienen que dar los feminismos”.

Si se admite que haya mujeres que elijan ejercer la prostitución, y por lo tanto que la relación con el cliente es consentida, la investigación de la trata podría verse obstaculizada por tratantes que obliguen a sus reclutadas a mentir un consentimiento que nunca dieron.

Herramientas para la prevención

“Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir y detectar de manera más eficaz la trata de personas serían un avance en la disminución de los niveles de trabajo en negro, la regulación de la actividad de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, mayores oportunidades educativas y laborales y el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo.

Para los casos de trata transnacional, las políticas de migración deben apuntar a brindar mecanismos de regularización que impidan la explotación de la mano de obra migrante. También intentar evitar que tengan que recurrir a redes más o menos organizadas que les faciliten el ingreso o la obtención de un trabajo, ya que eso conlleva la asunción de deudas para poder comenzar el proyecto migratorio.

En el ámbito de la represión del delito, habría que asumir la formación de todos los actores que tienen que detectarlo, crear programas que eviten la revictimización y poner la mirada en la corrupción policial para evitar la impunidad”, propone Skulj.

Inmigración y trata

¿Cómo favorecen la trata las políticas de control de la inmigración?, fue la pregunta de Cosecha Roja, a la que Skulj respondió: “Las políticas de control de la inmigración irregular siempre empeoran y fragilizan la vida de las y los inmigrantes que tienen que recurrir a otras personas para que les faciliten el ‘paso’ con documentación falsa, o a través de formas clandestinas o para acceder a un empleo.

El hecho de ser un migrante irregular también los hace más vulnerables, porque tienen que aceptar condiciones laborales peores y con menores expectativas que si fueran legales.

Las consecuencias de un sistema que produce irregularidad es la falta de derechos, lo cual también sirve como una amenaza en el proceso de la trata. Es decir, los tratantes amenazan con denunciar el estatus irregular de las víctimas. Este estatus irregular les impide denunciar o recurrir a las autoridades por ser ‘no-ciudadanos’. Esto se ha visto

claramente en la última década en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea, que ha arbitrado medidas restrictivas de la inmigración, que sin embargo no impidieron el paso de inmigrantes, sino que generaron grupos personas sin derechos, más vulnerables a la explotación laboral y sexual”.

Trabajo lícito en Uruguay

La Ley 17.515, de julio de 2002, declara que “Es lícito el trabajo sexual” en Uruguay, siempre que se realice en las condiciones que establece dicha norma y otras aplicables.

Se entiende que “Son trabajadoras sexuales todas las personas mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie”.

Para realizar trabajo sexual es necesaria la incripción en el Registro Nacional del Trabajo Sexual, que llevan conjuntamente los ministerios de Salud Pública (MSP) y del Interior (MI) y cuyos datos son reservados. También debe obtenerse, a través del MSP, el carné sanitario que acredite el control del estado de salud.

En tales condiciones, ninguna persona puede ser detenida por la policía por el solo hecho de la actividad que realiza.

En tanto trabajo lícito, el sexual concede los beneficios de la seguridad social, siempre que se realicen los correspondientes aportes al Banco de Previsión Social.

Volver arriba