DISTRIBUCIÓN

Las bases para la igualdad

Para un gobierno de izquierda la búsqueda de la igualdad es un tema programático central. La igualdad, la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades son objetivos centrales. En el Uruguay de hoy surgen muchas desigualdades. Hay desigualdad de etnia o de raza que en estos días se reflejó en la agresión a Tania Ramírez en diciembre del año pasado. Es un problema cultural, de valores, donde el sistema educativo debería cumplir un rol central para eliminar las discriminaciones existentes. Hay desigualdad de género, que también surge de problemas culturales y de valores que se arrastran desde hace siglos, que surgen en el propio seno de las familias, que derivan de problemas religiosos y que terminan siendo temas de las relaciones de poder. Durante los gobiernos del Frente Amplio se han concretado esfuerzos para avanzar en la equidad de género. Hay desigualdades intergeneracionales y es imprescindible atender la problemática de los jóvenes que tienen alto nivel de desocupación, que en proporciones muy altas repiten y desertan en el sistema educativo. El descenso en los niveles de pobreza obliga al sistema educativo a mejorar sus resultados, máxime que las tasas de desocupación abierta se ubican en niveles relativamente bajos.

Pero nos interesa analizar las desigualdades de ingreso. Mejorar la distribución del ingreso requiere del crecimiento económico, y especialmente del contenido de este crecimiento, de la estructura de este crecimiento. En los últimos ocho años hemos alcanzado muy elevados ritmos de crecimiento económico, donde uno de los factores predominantes derivó del alza de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación. En la actualidad, se ubican en alrededor de 70% superiores a los prevalecientes en el 2004. Esta bonanza sirvió para mejoras sustantivas en el campo social. En el campo económico, al mejorar los niveles de rentabilidad, facilitó la entrada de inversión directa extranjera que generó un fuerte dinamismo en la inversión e importantes aumentos de la productividad.

Este crecimiento permitió aumentos de ingresos fiscales lo que facilitó el aumento del gasto social, el descenso de la pobreza y de la indigencia. Los aumentos de la rentabilidad facilitaron una política laboral y salarial que atendiera una mayor equidad en las relaciones capital-trabajo. Los aumentos del gasto público, de los salarios reales y del empleo generaron aumentos de la demanda interna y contribuyeron a expandir el ritmo de crecimiento del PBI.

La política económica de los gobiernos de izquierda obtuvo importantes mejoras en la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini bajó de 0,46 en 2004 a 0,40 en la actualidad y Uruguay vuelve a ser el país de mejor distribución de América Latina. Lo determinante de esta mejora deriva de la política del gasto social y de las importantes mejoras salariales. Estas dos políticas reciben fuertes críticas de la oposición y de la derecha como causa de la inflación que analizamos en la nota La inflación y el tipo de cambio, del 20 de febrero pasado, publicada en LA REPÚBLICA. En esencia, en estas críticas hay claros y nítidos elementos ideológicos. En la baja del gasto público se da una acción antiestatal, de búsqueda de mínima intervención del Estado, porque se sostiene que el sector privado y el libre juego del mercado obtienen resultados óptimos. La actual realidad de EEUU y de la Unión Europea desmiente que una ideología de participación mínima del Estado obtenga resultados positivos. La crítica a las mejoras de los salarios reales también marca una ideología proempresarial y antisindicatos de los trabajadores. Esto es una buena demostración de que la bonanza económica no hubiera sido aprovechada para alcanzar una mayor justicia social si gobernaran los actuales partidos de la oposición.

Mejorar la actual distribución del ingreso requiere medidas vinculadas al contenido del crecimiento, a la estructura productiva y a la concentración de la propiedad. En los últimos años Uruguay crece sobre la base de recursos naturales que han alcanzado mejoras tecnológicas relevantes. El país va a seguir creciendo muchos años sobre esta base, pero vivimos en el mundo del conocimiento, y el mundo desarrollado se va especializando en rubros de alta y media tecnología, manufacturados y de servicios. El país no tiene una estrategia de desarrollo, con definiciones de su futura estructura productiva nacional y con la complementariedad productiva en el campo regional, que es donde estamos colocando rubros de manufacturados y alta y media tecnología. Esta estrategia debe ser abierta y flexible dada la velocidad de las innovaciones y los cambios tecnológicos en el campo internacional. Esta estructura productiva futura es central para la mejora de la distribución del ingreso. En la estructura actual surge el problema de la heterogeneidad estructural o heterogeneidad productiva que muestra la existencia de empresas con alto nivel de productividad, empleos calificados y elevados salarios y en los mismos rubros empresas de bajo nivel de productividad y bajos salarios. Estas enormes diferencias salariales no las puede resolver el libre juego del mercado. Se requiere de la ayuda y promoción del Estado para incorporar mejoras tecnológicas y apoyar a las pequeñas y medianas empresas a participar en las distintas cadenas de valor. Si no se atiende esta heterogeneidad estructural, no podremos alcanzar los niveles de distribución del ingreso de los países desarrollados cuyo índice de Gini se ubica alrededor de 0,30.

La mejora de la distribución del ingreso requiere una reflexión y análisis de la concentración de la propiedad y por lo tanto de la política con respecto a la inversión directa extranjera, de los monopolios privados, de ganancias extraordinarias derivadas del alza de los precios internacionales de nuestros productos de exportación. No estamos hablando de estatizaciones, sino de regulaciones, de controles, de que la inversión directa extranjera sea funcional a la estrategia de desarrollo, a la futura inserción económica internacional, a la futura estructura productiva. Esto puede requerir modificaciones tributarias para mejorar los grados de equidad a través de la misma y de la forma en que se utilicen los nuevos recursos.

En última instancia, es necesario el análisis y la reflexión de la estructura de poder como elemento central para asegurar el crecimiento y, especialmente, para garantizar una mejora de la distribución de la riqueza y del ingreso. Joseph E. Stiglitz lo hace en su último libro The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, de 2012 –publicado por W. W. Norton & Company, Inc. y traducido como El Precio de la desigualdad–, al mostrar el enorme poder del 1% de mayores ingresos afectando al 99% restante. Me sentí complacido con la lectura de dicho libro por defender con muy alto nivel muchas de nuestras propias convicciones. Hay que analizar el poder de los propietarios de los grandes medios de comunicación, de los grandes bancos privados, de empresas productivas de gran tamaño y ubicadas en sectores estratégicos. Análisis y reflexiones de esta naturaleza, sin ninguna duda, van a contribuir al avance en las necesarias mejoras hacia una mayor igualdad, hacia una mejor justicia social. Es parte de la propia estrategia de desarrollo, de la futura estructura productiva, de la inserción internacional y del contenido del crecimiento. Todo ello cambia las bases de la discusión de la política macroeconómica que tiene que tener en cuenta no solamente la inflación, sino también todos estos elementos que surjan de la propia estrategia de desarrollo.

La política macroeconómica tiene que ser funcional a esta estrategia y no contradictoria, como mostramos en nuestra última publicación en LA REPÚBLICA, al afectar nítidamente a la competitividad, indispensable para una mejor inserción económica internacional con más valor agregado y más contenido tecnológico.

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