LA DERECHA AL ACECHO
El bloque regional cerró una semana marcada por los vaivenes en las noticias que de Norte a Sur fueron configurando la agenda noticiosa de la Patria Grande.
El regreso de Hugo Chávez a Venezuela, luego de la serie de operaciones y recuperaciones que había soportado en la solidaria Cuba de Fidel y Raúl Castro, volvió a poner de relieve la orquestada maquinaria de difamación y descaradas operaciones políticas con que un sector de la prensa continental -cada vez más decidido a ocupar desde su supuesto “periodismo independiente” el espacio vacío que dejaron los partidos políticos de centroderecha ante el avance de los gobiernos populares-, intentó golpear y socavar el apoyo de los pueblos latinoamericanos al comandante bolivariano.
Desde la foto de El País de Madrid hasta la repetición coral de los miembros de la SIP de supuestas filtraciones y descarnadas operaciones en su contra, la restauración conservadora continental que, lejos de las urnas, busca expresión a través de los medios de comunicación concentrados, había tratado de inflingirle mediáticamente el golpe de gracia que, ni los generales que se alzaron en su contra en 2002, ni la biología ahora, pudieron aún darle a Chávez.
Algo muy similar ocurrió meses atrás con los medios brasileros en el denominado “mensalao”, en el que la televisión abierta dedicó más de doce horas a emitir en vivo la sentencia en la que la “Corporación Judicial”, instaurada desde antes del acceso de Lula al poder, se convertía en la coreógrafa de la escenificación de la muerte súbita del proyecto popular brasilero al que el pueblo le sigue dando mayoritarios y contundentes apoyos por su lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Es por eso que, ante la matriz despolitizadora que la derecha que pugna por la vigencia de la estética de la sociedad de consumo intenta sostener, empleando para ello a la corporación mediática, fue el nuevamente reelecto Rafael Correa quien tomó la posta de una batalla por la real democratización de los medios y de las cuotas de expresión. Su llamado, apenas logrado un masivo apoyo popular en las elecciones de hace apenas una semana, a una nueva ley de medios de comunicación, pone de relevancia la importancia de avanzar en la fijación de reglas claras y contundentes que se correspondan, y estén a la altura, con el momento que están viviendo los pueblos de la región. Los años acumulados de crecimiento económico, redistribución de riqueza, avance en libertades sociales, aumento en los niveles de inversión, aporte y presencia de las empresas públicas y su rol regulador y desconcentrador, dista mucho de ser acompañado (con algunas excepciones como la lucha argentina por la democratización de voces, hoy judicializada) por un proceso de real participación popular y de verdadera democratización en el área mediática.
En el caso argentino la semana no vino con menos sabor agridulce. A los acuerdos de precios alcanzados y a la menor fuga de capitales producto de una política del BCRA que tiene su mira puesta en los intereses de la nación y no de la especulación financiera, los reclamos salariales de las centrales sindicales docentes que no discuten salarios sino mayores espacios de poder, como las repercusiones del acuerdo con Irán y el recuerdo de la tragedia de once, -todo minimizado o ampliado por los medios hegemónicos que intentan llevar al poder a una nueva derecha “políticamente correcta” siguen intentando minar los logros alcanzados por las políticas de transformación instauradas desde el 2003 por Néstor Kirchner y la doctora Cristina Fernández.
Y vaya si Uruguay ha sido testigo esta semana de la supervivencia de los poderes fácticos, de esas expresiones de las élites que, apartadas por la soberanía popular de las instituciones de gobierno, parecen recurrir a uno de sus históricos aliados a la hora de salvaguardar el statu quo: el Poder Judicial.
La declaración de inconstitucionalidad del ICIR (impuesto a la concentración de inmuebles rurales) primero, y de la ley interpretativa de la Caducidad fueron dos golpes directos al plexo solar de la construcción política frenteamplista en pos de un Uruguay más justo y equitativo. Ese país por el que brega el presidente José Mujica, continuando el legado de búsqueda de verdad, justicia y redistribución económica que ya había comenzado Tabaré Vázquez, requiere indefectiblemente una confrontación con esas élites en los terrenos en los que justamente el pueblo uruguayo, y no solo el Frente Amplio o el gobierno, han salido derrotados esta semana.
No parece haber dudas de que continuarán los esfuerzos desde la Torre Ejecutiva por avanzar en una verdadera redistribución económica que sea más que una simple administración de las migajas que están dispuestos a entregar pacíficamente los grupos concentrados. Al mismo tiempo, tampoco caben dudas de que el pueblo uruguayo saldrá mañana, y todas las veces que sea necesario, a seguir enarbolando la bandera de “Verdad y Justicia”, y a dejar en claro a los poderes fácticos que aún siguen haciendo de las suyas, que, más pronto que tarde, el “festejen, uruguayos festejen” será cada día más completo y tendrá más conquistas que celebrar. El verdadero regocijo por una distinción más a nivel internacional para el presidente Mujica -que de tanto recibirlos ya los abandona en la caja de recuerdos- no pareció merecer demasiados comentarios. Y es correcto. Los peligros de minar las políticas transformadoras que lleva adelante el FA posponen el merecido brindis para otro momento.
Como venimos viendo desde hace más de una década, la lucha por recuperar gobiernos populares en America Latina que enarbolen una tradición que se visualice desde sus entrañas, popular, igualitaria, latinoamericana y democrática, requiere ojos bien abiertos para evitar el regreso del capitalismo financiero fracasado que hoy pretende bajo el velo de una “revolución cultural conservadora” que los privilegios sigan quedando en las mismas manos que mancharon con sangre a la América Latina toda.
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