en la suprema corte

La Policía causó el incidente

Apoyamos a nivel personal y como institución a la jueza Mota en sus actuaciones a nivel de juicios de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar uruguaya, y quiero expresar estupor e inquietud ante su traslado a un juzgado civil contra toda lógica de derechos humanos, sentimientos acrecentados por los desatinos de las fuerzas policiales cometidos en la instancia de juramento de la referida magistrada en el recinto de la Suprema Corte.

La gente de las organizaciones sociales convocantes a manifestar solidaridad y algunos particulares acudieron pacíficamente y así hubiera transcurrido todo, de no mediar el factor policía en condiciones de repeler una revuelta que no existía, ni existiría si no hubiesen empezado a los empujones con caras tapadas, cascos, enarbolando cachiporras y escudos transparentes, que tanto no lo es la causa por la cual alguien -quién o quiénes- llamó a los granaderos a proceder en una circunstancia que les era totalmente ajena pues allí no había ningún desmán ni amenaza de tal cosa. Hubiera bastado con solicitar silencio a la hora de efectivizar los juramentos. Por más indignados que estemos, se trata de gente sensible que acude a la ley en busca de Justicia.

La Policía entiendo que si les dan la orden tienen que acudir. Mal el que llamó y mal los que le hicieron caso.

Deberían sopesar el riesgo de enfrentar a parte de la población al personal policial sin sentido, en un asunto tan delicado que toca puntos neurálgicos de la sociedad uruguaya como lo es el juzgamiento de los crímenes de violaciones a los derechos humanos en el régimen de facto, una vergüenza nacional de por sí que demoren tanto en dilucidarse y existan trabas y demoras para su tratamiento judicial.

Deplorables las expresiones del presidente de la Corte Suprema, Ruibal Pino, que, al parecer intentando justificar el traslado; o sea que admiten de alguna manera que es una especie de “castigo” o reprimenda dicho cambio aunque digan lo contrario: dijo públicamente que la referida jueza tenía procesos pendientes cosa de la que tuvo que retractarse posteriormente aunque es obvio que planteó algo muy grave y no alcanzaría con retractarse graciosamente.

Esto habla de la falta de seriedad y transparencia en el tratamiento del tema y muchas cuestiones vinculadas que sinceramente huelen feo.

Ahora amagan con que la ley interpretativa de la ley de caducidad es inconstitucional!

Sin dudas actitudes coherentes con este cambio, que marcan un perfil y dan cuenta de lo que vendrá.

Deplorable aún en medio de esta debacle, que criminalicen de forma burda la protesta de las instituciones de Derechos Humanos, una lucha social absolutamente válida e históricamente pacífica, sumando tinieblas al caso del traslado de la jueza Mota.

Afianzar la democracia en Uruguay también pasa por demostrar que la impunidad ya no tiene aliados.

Dijo Juan Carlos Onetti: “Hay muchas formas de mentir, la más repugnante de todas, es decir la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los hechos”.

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