La influencia de EEUU en la crisis de 2002

La crisis uruguaya de 2002 fue una de las más profundas en la historia del país. Fue una crisis bancaria, cambiaria y de deuda, antecedida de una crisis productiva y social de la década del 90. Esta década se caracterizó por una gran penetración en la región de las ideas provenientes del Consenso de Washington, centradas en la concepción neoliberal de privatizaciones, liberalizaciones, desregulaciones y flexibilizaciones. En Uruguay las privatizaciones fueron limitadas por el referéndum de 1992. La liberalización como mecanismo de eliminar o rebajar protecciones a las actividades productivas nacionales, con rebajas de aranceles, se reforzó con una política cambiaria que con objetivos antiinflacionarios generó una fuerte apreciación de la moneda nacional o atraso cambiario. Estas políticas generaron una importante crisis productiva.

Hubo crecimiento hasta 1998 basado en aumentos de las exportaciones a la región que también sufrían atraso cambiario. Las exportaciones al Mercosur en 1998 alcanzaron al 52% de las exportaciones de bienes. Fue un período de entrada de capitales que facilitaron el financiamiento del consumo privado, especialmente de productos importados abaratados por el atraso cambiario. La política cambiaria de aumentos inferiores a la inflación afectaba las exportaciones extrarregionales y también regionales después de la devaluación de Brasil en enero de 1999, que desnudaba las erróneas políticas cambiarias de Uruguay y Argentina. La desprotección arancelaria y cambiaria afectó profundamente a la industria manufacturera con cierre de empresas, aumento del desempleo abierto y la informalidad y baja de los salarios reales. Por la política cambiaria, el sector agropecuario limitó su crecimiento y sufrió un fuerte proceso de traslación de ingresos desde el campo a las actividades urbanas.

La política económica se caracterizaba por darle la mayor prioridad a la plaza bancaria o financiera. Por ello lo productivo siempre estaba subordinado a los objetivos financieros. La crisis productiva generaba una relevante crisis social, por el desempleo, la informalidad, la pobreza, la baja de los salarios reales y desmejoras en la distribución del ingreso.

A las crisis productivas y sociales se agregan en el 2002 una profunda crisis financiera, centrada en una grave crisis bancaria, una crisis cambiaria y una crisis de la deuda externa. La crisis bancaria tiene como antecedente la situación de Argentina que influía directamente en la medida que el 42% de los depósitos eran de no residentes, especialmente argentinos. Pero, sobre todo, por la crisis del Banco de Galicia directamente vinculado a la situación argentina y el fraude de los hermanos Rhom sobre el Banco Comercial.

Uruguay pierde el grado inversor con una declaración de una calificadora de riesgo sobre la debilidad financiera del país. Esto originó una importante corrida y fuga de depósitos, primero de no residentes y luego de residentes, que para julio de 2002 era del 45% de los mismos. Las causas centrales de estas corridas provenían de la situación de Argentina, de la pérdida del grado inversor, de una fuerte devaluación exigida por el FMI y de la falta de credibilidad del gobierno de Jorge Batlle. La crisis de la deuda era de tal naturaleza que la deuda bruta sobre el PBI pasó en ese año del 55% al 92% y la neta de 36% al 65%.

Las negociaciones con el FMI se dieron en distintas etapas del año 2002. El libro de Carlos Steneri “Al borde del abismo: Uruguay y la gran crisis del 2002-2003” nos ayuda mucho a comprender las negociaciones del período. Había una crisis fiscal pero sobre todo una profunda crisis bancaria, en una economía dolarizada, con una fuerte e inevitable devaluación que afectaba a los deudores en dólares y a los balances de los bancos.

En las negociaciones el FMI planteaba que la situación era insostenible, que había una crisis de solvencia y que había que reprogramar todos los depósitos de todos los bancos públicos y privados. Era una situación similar al corralito que se había originado en Argentina y que había tenido nefastas consecuencias económicas, sociales y políticas. Sobre la deuda externa planteaba una especie de default, en la medida que proponía quitas al capital de los acreedores. Uruguay no quería perder su excelente imagen histórica internacional, planteaba que había un problema de liquidez, que se requerían fondos equivalentes al 60% de los depósitos en los bancos públicos para asegurar el corte de las corridas y no aceptaba quitas a los acreedores.

Pero el gobierno de Uruguay no tenía fuerza para enfrentar al FMI, máxime que eran gobiernos que habían seguido fielmente las propuestas provenientes de los organismos financieros internacionales. La novedad provino del gobierno de EEUU, especialmente del presidente George W. Bush, que decidió apoyar al gobierno del Uruguay, al presidente Batlle, con un préstamo puente de 1.500 millones de dólares, como un adelanto de EEUU, pero concretado con el FMI. El libro de Steneri informa con mucha lucidez los entretelones de las negociaciones. La imagen internacional del Uruguay en el plano financiero fue salvada por EEUU. El parlamento uruguayo, en un fin de semana, vota una ley con un Fondo de Estabilidad con los aportes de los organismos multilaterales, garantiza el pago de todos los depósitos de los bancos públicos y de cuatro bancos privados suspendidos. Reprograma los depósitos de los bancos públicos, en etapas, a tres años.

Cuando el gobierno de EEUU dio la orden de apoyo, el FMI negoció las nuevas condiciones como si nunca hubiera hecho propuestas absolutamente contradictorias con lo que ahora firmaba. La subordinación al gobierno de EEUU era total y absoluta como también lo demuestra el libro de Stiglitz “El precio de la desigualdad”. El apoyo de EEUU puede tener diversas explicaciones, pero sin duda la posición de Batlle, de apoyo al gobierno de Bush, al impulsar el comercio de América Latina con EEUU, pidiendo en la reunión de Canadá la aprobación de la ley del fast track en EEUU, y el apoyo a Bush para que no se encontrara con Fidel Casto en una reunión en México, que originó el rompimiento de relaciones entre Uruguay y Cuba, deben haber influido.

En la negociación de la deuda externa que se concretó en abril de 2003 volvieron las diferencias con el FMI. Este planteaba una cesación de pagos unilateral y la negociación de las quitas de capital. Uruguay proponía que el tema era de liquidez y no de solvencia, no aceptaba quitas al capital de los acreedores, y buscaba un acuerdo voluntario, con un alargamiento de cinco años de plazo. En este caso además del apoyo del gobierno de EEUU tenía también el de los bancos privados acreedores que no aceptaban ningún tipo de quitas. Uruguay obtuvo una adhesión del 93% de la deuda y el FMI tuvo que aceptar firmar un nuevo acuerdo en función de la línea proveniente de EEUU que no atendía sus propias propuestas. Uruguay pudo mantener su excelente imagen internacional que sigue conservando. Se mostró en todas las instancias el alto grado de civilización del sistema político uruguayo.

El FA no votó la ley que reprogramaba los depósitos del BROU por temor a que se afectara su credibilidad, pero influyó para minimizar las protestas y las movilizaciones sociales. Mi interpelación al ministro Bensión, en julio de 2002, tuvo los máximos esfuerzos para que no influyera negativamente en la corrida de depósitos existente. La sociedad y los gremios también contribuyeron a la estabilidad del sistema. El BROU no sufrió ninguna corrida después de la reprogramación y hoy es un banco muy poderoso. Con la ayuda de la suba de los precios internacionales en 2003 se inició una etapa de crecimiento con estabilidad económica y una deuda externa que en la actualidad no presenta problemas. Con los gobiernos del FA avanzamos hacia un crecimiento con más justicia social y con mejoras significativas en la distribución del ingreso.