análisis de la semana

Vázquez, la hora del baqueano

Una de esas resoluciones se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de una ley interpretativa (octubre de 2011) de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (22 de diciembre de 1986), sancionada a toda velocidad, ante la negativa de los militares de ir a declarar ante los juzgados ordinarios por hechos ocurridos durante el ciclo autocrático (1973-1985). La decisión de la SCJ fue respaldada por cuatro de sus cinco ministros.

Uno de esos artículos (el número dos) señalaba: “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a los que se refiere el artículo 1”; o sea, aquellos “cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985”. En los hechos, esto no solo implica la prescripción de los delitos que pueden haber ocurridos durante la dictadura cívico-militar (solo la removida jueza penal Mariana Mota tenía 50 casos), sino incluso la posible puesta en libertad de algunos uniformados hoy presos por graves hechos de sangre de aquellos años de plomo, como el secuestro y asesinato del maestro Julio Castro, redactor responsable del emblemático semanario “Marcha”.

Las reacciones suscitadas fueron por demás previsibles. Enorme alivio en los centros militares y en el Partido Colorado, que incluso en 1986 propició directamente una amnistía para todos los uniformados, aunque terminó prosperando en el Parlamento la fórmula blanca de la caducidad, usada en los hechos como amnistía por los sucesivos gobiernos, hasta marzo de 2005. En ese momento, el flamante presidente Tabaré Vázquez interpretó de otro modo el artículo cuarto de la ley de Caducidad, permitiendo que la Justicia actuara, entrara a los cuarteles (desenterrando cuerpos de detenidos-desaparecidos) y fue necesario construir a toda velocidad una cárcel especial (Domingo Arena) para alojar a los represores juzgados y enviarlos a prisión.

El punto a dilucidar era si los delitos configurados, eran “de lesa humanidad” (que nunca se extinguen), o delitos muy graves pero comunes (que sí prescriben), criterio este que hoy sostiene la Suprema Corte (en votación dividida), como lo acaba de resolver, lo que nos distancia mucho de la doctrina penal vigente en el mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a condenar a Uruguay por el “caso Gelman”.

Los familiares de detenidos desaparecidos, la izquierda, el movimiento sindical, las agrupaciones estudiantiles, decidieron concentrarse el lunes 25 en Plaza Libertad, a escasa distancia del Palacio Piria, sede del principal tribunal de Justicia uruguaya. Frente a un suntuoso edificio de cuatro plantas, con todas sus persianas metálicas cerradas, se concentraron ese día varios miles de personas que cantaron el Himno patrio y después, en etapas, se desconcentraron. No hubo un solo incidente. En esa misma jornada, tres ex presidentes (los colorados Julio Sanguinetti y Jorge Batlle; el blanco Luis Lacalle, que ejercieron el gobierno en el período 1985-2005) en un comunicado pusieron el grito en el cielo, ante las graves presiones y las amenazas que se dirigían a la Justicia.

Al día siguiente, durante un acto cumplido en una mutualista de Montevideo, la prensa abordó al cuarto de los ex mandatarios que no había sido consultado por sus colegas, antes de dar a conocer ese documento de rasgos catastrofistas. Tabaré Vázquez fue muy claro. Cumplió, para muchos, el rol del “baqueano”, que orienta acerca de la senda más justa a seguir, en medio del desconcierto y los tiempos tormentosos en la vida política. “Hay que respetar y acatar lo que resuelva la Justicia en el país –dijo-. Es un país democrático, que tiene tres poderes que son independientes entre sí, y cuando la Justicia habla en el país, hay que acatar lo que la Justicia dice”.

En relación al acto multitudinario del día anterior, señaló que “fue claramente una demostración pacífica (contraria al fallo judicial), y eso está amparado por la vida democrática del país”. Interrogado acerca de la carta de sus tres colegas, fue por demás preciso: “Están en todo su derecho a hacerlo, porque en un país democrático, todos tenemos derecho a emitir la opinión que tengamos”. Uno de los periodistas le preguntó si el fallo judicial representaba un retroceso. Vázquez afirmó: “Creo que el país está embarcado y debe seguir adelante por justicia y verdad; acá no es un problema de venganza o no venganza; acá (se debe buscar) la justicia a través de la verdad, es tan sencillo como eso”. En cuanto a los pasos a seguir, se remitió a lo que decida el Frente Amplio, añadiendo: “Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución y la ley, nada. Lo dije en mi asunción”, el 1° de marzo de 2005.

El jueves 28, los colorados convocaron a una convención extraordinaria, alertando acerca de un peligro institucional. Su secretaria general, Martha Montaner, señaló que creía estar viviendo un clima similar al anterior al golpe de Estado de 1973. Mientras, Sanguinetti disparó artillería gruesa contra “los populismos”. “Se trabaja para debilitar las instituciones*- aseguró- aprovechando las libertades de la democracia”. “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes”, subrayó el dos veces presidente, lo que evidencia el desembozado electoralismo en que ingresó la República, y las grandes dificultades dominantes en muchos miembros de los elencos dirigentes de los partidos políticos para distinguir la realidad de la ideología, con todo lo que ello significa.

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