editorial

Hacia la justicia tributaria

La declaración de inconstitucionalidad del ICIR por parte de la Suprema Corte de Justicia significó un duro golpe al propósito del gobierno de desestimular la concentración de la propiedad rural por un lado y, por otro, proporcionar fondos a los gobiernos departamentales para el desarrollo de la caminería rural.

El impuesto se inscribía en la consigna de “que pague más el que más tiene”, santo y seña de la política tributaria que lleva adelante el gobierno progresista, cuyo primer paso fue la Reforma Impositiva aprobada bajo el gobierno de Tabaré Vázquez y que abrió el camino hacia la justicia tributaria.

Lo interesante del impuesto – posteriormente declarado inconstitucional – es que, a diferencia de la Reforma Impositiva que restableció el IRPF, contó con el apoyo casi unánime de las intendencias de todo el país. Quedó establecida así una realidad política bastante insólita, en la que la dirigencia de los partidos tradicionales – opuesta, en principio, al nuevo impuesto – no tuvo más remedio que apoyarlo de modo de no malquistarse con los dirigentes y caudillos del Interior de sus respectivas colectividades.

A esta altura parece claro que el ICIR contiene fallas formales que violentan disposiciones constitucionales, por lo cual nada hay que objetar a la decisión del máximo tribunal de Justicia; al respecto hay consenso generalizado entre los juristas. No obstante, nadie puede negar que el impuesto está inspirado en un concepto de justicia tributaria que lo legitima.

Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a reconsiderar su propuesta y a buscar alternativas jurídicas para lograr el mismo fin con otros medios. Es así que se resolvió reimplantar el Impuesto al Patrimonio, derogado en 2002 en medio de la crisis, con variantes y excepciones, de modo de obtener los mismos resultados que se buscaban con el ICIR.

Ahora, nadie podrá recurrir a artilugios o chicanas jurídicas para evitar el gravamen: el impuesto alternativo es inobjetable desde el punto de vista formal. Mal que les pese a los grandes terratenientes, deberán volcar parte de sus beneficios al erario. Tengamos en cuenta que la quita que sufrirán es una ínfima parte de todo lo que han ganado desde que se superó la crisis de 2002. Un período en que el valor de la tierra se multiplicó y los precios de los productos del agro crecieron en forma exponencial.

A nadie le gusta pagar impuestos, pero es la única forma (tímida forma) de empezar a transitar por el camino de la justicia distributiva.

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