Opinión

Crímenes de lesa humanidad

Hace unos días, comentamos la visita a nuestro país de dos juristas en misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que cuestionaron duramente las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia: el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil, y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 18.831. Pero sobre todo, lo que ambos juristas rechazaron de plano fue la torcida interpretación del derecho internacional que hace el máximo organismo del Poder Judicial, según la cual los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar no deben considerarse crímenes de lesa humanidad.

Vale la pena recordar en qué consiste el terrorismo de estado y cuál es el criterio mundialmente aceptado para definir los crímenes de lesa humanidad.

El terrorismo de estado puede manifestarse de varias maneras. Entre otras, las siguientes:

Uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial utilizando recursos policiales, parapoliciales o paramilitares.

Creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas clandestinas convencionales -reales o simuladas-, apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución. A veces, estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga mayor justificación a sus promotores de cara a la opinión pública; instrucción o inducción a las fuerzas represivas para que actúen de tal manera que causen terror en la población en general.

Según el Estatuto de Viena, los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de estado deberán ser considerados crímenes de lesa humanidad. Entre otros, los siguientes: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de una colectividad fundada en motivos políticos; desaparición forzada de personas. Y en general, “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Cuesta entender cómo el máximo tribunal de Justicia de nuestro país pudo considerar que las atrocidades cometidas por los militares uruguayos y sus cómplices civiles no encajan en el concepto de crimen de lesa humanidad.

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