Además, los obispos consideran que la despenalización “es un claro retroceso (…) en el respeto a la libertad, en la defensa de la vida de todo ser humano y en la solidaridad con el más débil”.

A continuación el comunicado completo:

DEFENDIENDO LA VIDA GANAMOS TODOS

1. Los Obispos del Uruguay expresamos nuestro pesar por la aprobación de la ley llamada de “interrupción voluntaria del embarazo”. Entendemos que esta ley es un claro retroceso para nuestro pueblo que ha fundado su existencia en el respeto a la libertad, en la defensa de la vida de todo ser humano y en la solidaridad con el más débil.

2. La vida humana es un derecho inalienable consagrado en la Constitución de la República y en el Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro país. Creemos que esta ley:

• Al aceptar la muerte provocada de criaturas humanas inocentes hiere la tradición nacional en lo más profundo y no aporta soluciones.
• No ampara a la mujer, a la cual en una situación compleja, se le propone la peor salida: eliminar la vida del hijo y cargar con las graves secuelas de este hecho.
• Menoscaba los derechos y la responsabilidad del padre.
• Tiene una consecuencia negativa en la formación de la conciencia de los ciudadanos al presentar como lícita la violación del derecho humano fundamental que es la vida.
• Deshonra la vocación médica y crea una situación de posible discriminación en el personal sanitario y en las instituciones de salud.

3. Un hijo que viene es siempre una bendición de Dios, una esperanza y una apuesta generosa en un país envejecido. Por ello la sociedad no debe permitir o alentar la eliminación de vidas, sino atender a la madre que vive la situación de un embarazo no deseado y procurar “salvar a los dos”. Defendiendo la vida, ganamos todos. Por eso la Iglesia en el Uruguay ha amparado la vida del niño y de la madre en dificultades, tanto a través de su enseñanza constante como por la acción de diversas instituciones.

4. No por haber sido aprobada esta ley es moralmente buena. La moralidad de los actos no depende de las leyes humanas. Recordamos el deber y el derecho de seguir las obligaciones de la ley natural inscritas en la propia conciencia. Invitamos a todos a continuar respetando y cuidando a los niños desde su concepción.

5. Los derechos humanos y este primordial derecho a la vida no pueden quedar sujetos a mayorías circunstanciales de un cuerpo legislativo o electoral. Sin embargo, ante la situación que se ha creado, sigue siendo el deber de los laicos católicos y de los hombres y mujeres de buena voluntad aportar sus esfuerzos para procurar que nuestra legislación respete el derecho a la vida humana desde su concepción. Quedando en manos de los ciudadanos la elección de los medios que estimen oportunos, alentamos las iniciativas legítimas que busquen la derogación de esta ley.

6. Mientras no sea derogada la ley en cuestión, creemos que su reglamentación debe ser extremadamente cuidadosa para no aumentar el daño que ya provoca. Se debe respetar la conciencia de los médicos y de otros trabajadores de la salud y no discriminar a aquellos que presenten una objeción de conciencia. Debe considerarse atentamente el artículo 10 de la ley y ser respetuosos de la objeción de ideario de aquellas instituciones que por su propia identidad, no admiten realizar abortos. Advertimos la injusticia e inequidad incluida en este artículo que niega el derecho a la objeción de ideario a las futuras instituciones de salud.

7. La Iglesia acompaña a la Patria desde su gestación. Es parte de esta sociedad pluralista donde levanta su voz con todo derecho, en el respeto a la opinión diversa pero en la serena convicción de que, al defender la vida humana, está siendo fiel a sí misma y a las raíces de nuestra existencia como nación.

En la marcha de nuestra historia común no estamos solos. Por eso, ponemos el futuro de nuestro pueblo en manos de Dios Providente. Por intercesión de nuestra Patrona, Santa María la Virgen de los Treinta y Tres, le pedimos al Padre que con su gracia ayude a todos a defender el recto orden moral y una vida personal, familiar y social fundada en el respeto por la vida de cada ser humano y en el amor social que nos une en un camino de crecimiento y fraternidad.

Los Obispos felicitamos y alentamos a todos aquellos que desde la actividad política, en diversas asociaciones civiles o como simples ciudadanos han defendido la vida humana del concebido no nacido. Invitamos a todas las mujeres y hombres uruguayos a unirnos en el esfuerzo de construcción de un país donde cada vida humana sea recibida no como una carga sino como verdadera bendición.

En la edición impresa de este sábado, a semanas de haberse aprobado el texto definitivo, el diarioLa Nación, radicado en Buenos Aires y uno de los más importantes de Argentina, cuestionó la decisión, considerándola “un retroceso”.

En el texto, el medio califica de “cuestionable” la afirmación del presidente José Mujica de que la despenalización salva vidas, al garantizar condiciones en la práctica, asegurando un entorno adecuado que no haga peligrar la vida de la madre.

Para el medio argentino “ese planteo es absolutamente cuestionable y dista mucho de poder considerarse racional, pues no puede argumentarse que la norma salva vidas cuando autoriza la interrupción de otras con idéntico derecho, pero sin voz”.

Además señala que “para el imaginario colectivo” es igual la cantidad de abortos que se practicaban ilegalmente que pasan, luego de aprobada la normativa, a ser legales. “Sin embargo, está comprobado en países como los EE.UU, por ejemplo, que lejos de mantenerse en un número similar, la despenalización acarrea un brutal incremento de estas irreparables prácticas”, asegura el medio en su nota editorial.

El artículo asegura además que “insta a la reflexión”, especialmente considerando “las miles de vidas que quedarán truncadas por una norma legal”.

“Instamos a la reflexión sobre la importancia de superar la antinomia propiciando todas las reformas legales, económicas y sociales que, atendiendo debidamente la salud y la educación, permitan brindar las garantías que la mujer necesita para llevar adelante su embarazo, posibilitando la entrega en adopción de su bebe al momento de nacer”, remata el texto publicado en la edición impresa de este sábado.

El ministro de Desarrollo Social consideró que si bien esta ley “no es todo lo que queríamos” la valora como un avance sustantivo que nos sigue poniendo a la cabeza de la región en estos derechos”.

Sostuvo que la norma da a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo, y es resultado “de la acumulación social y política, en un paso más al tránsito hacia una sociedad de iguales. Para nosotros, hacia la democracia socialista” subrayó.

En diálogo con LA REPÚBLICA, Olesker hizo un repaso histórico de la lucha por otorgar esos derechos. En particular destacó a la presidenta del Frente Amplio que ha presentado iniciativas al respecto, y a Leonel Briozzo, actual subsecretario de Salud Pública, que con la ONG Iniciativas Sanitarias trabajó para despertar conciencia sobre la despenalización del aborto.

En ese repaso destacó la ley 18.426 de Servicios de Salud sexual y reproductiva, aprobada en diciembre de 2008, que consideró “absolutamente revolucionaria en derechos humanos y en salud sexual y reproductiva”. Por ello mismo lamentó el veto al capítulo de la ley que despenalizaba el aborto. Consideró el veto de Tabaré Vázquez como un “error” y señaló que con el veto se perdieron cuatro años en que continuó “el riesgo, la desigualdad y la hipocresía en el tema del aborto”.

Agregó que ese veto fue “responsable directo de tener que aprobar una ley que nos gusta menos que aquella”.

Recuerda que la ley aprobada ayer despenaliza el aborto bajo condiciones, que se realice antes de las 12 semanas de gravidez y se ajuste a las pautas que la ley establece.

Considera que el principal problema es que la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, para plantear los motivos de su intención de abortar.

Posteriormente el médico que haya recibido la solicitud, realizará una consulta con un equipo de al menos tres profesionales (ginecólogo, salud psíquica y área social) con la paciente, y dispondrá de cinco días de reflexión para decidir si continúa con el embarazo o decide abortar.

Xavier: “Una nueva etapa”

Es sabido que el ex mandatario es contrario a una norma que legalice o despenalice la práctica del aborto, y Xavier, al ser consultada por este diario sobre la posibilidad de una eventual acción del Poder Ejecutivo sobre la ley aprobada dijo que “nosotros respetamos la decisión de Tabaré Vázquez, pero discrepamos con ella porque tenemos un mandato que hoy (por ayer) se concretó a través de la bancada del Frente Amplio, de un Congreso que orientó a los legisladores a avanzar en este tema”.

Para la senadora frentista, una derogación presidencial de una ley ya aprobada por el parlamento “es factible”, pero destacó que “se deberá requerir de una bancada que así lo apoye. La derogación podría darse por la votación de una norma que la derogara tácita o explícitamente”, recordó, y subrayó que “el veto se realiza previo a la promulgación de una ley, sino, no se puede”.

Con la sanción de la norma que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo Xavier, que fue una de las más claras impulsoras, destacó que es “una nueva etapa que con satisfacción hemos votado”. Consideró que aunque “no sea el paso que pretendíamos dar con el proyecto original, sí se avanza sustantivamente”, y advirtió que “haremos el más cercano seguimiento a la reglamentación de esta ley para que efectivamente algunas de las dudas que surgen sobre su alcance, puedan realmente implementarse para que no existan barreras, en particular para las mujeres con más dificultades económicas, sociales o de accesibilidad territorial”.

Xavier subrayó sentirse satisfecha con la sanción del parlamento, “tratando que todos entendamos que los derechos no son de una vez y para siempre sino que se mantienen, profundizan y en esa lucha vamos a seguir estando como siempre porque a nuestro juicio esto es un compromiso de vida”.

En Argentina el aborto está permitido solo en caso de violación y mediante autorización judicial. En Brasil la situación es la misma, aunque además se agregan los casos de riesgo de vida de la madre y factores vinculados a la edad de la mujer o a su capacidad para enfrentar la crianza de un niño.

En Colombia el aborto está permitido en caso de malformaciones del feto, problemas de salud mental en la mujer y concepciones producto de la violación o del incesto.

En Venezuela y Perú el único motivo habilitante del aborto es la expresa necesidad de salvar la vida de la madre.

Ecuador, por su parte permite la práctica en caso de violación a mujeres con discapacidad mental.

En Bolivia los motivos habilitantes son la concepción producto del incesto o la violación. En Paraguay para salvar la vida de la mujer.

En la Guayana Francesa está permitido, al igual que en Guyana pero con la salvedad de que el aborto puede realizarse hasta las 8 semanas de gestación.

Chile y Suriname son los únicos dos países de América del Sur que no poseen ninguna excepción a la prohibición de abortar.

Tras dicha consulta, el médico dispondrá para el mismo día o el siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario integrado por al menos tres profesionales de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro especializado en salud psíquica y otro en el área social.

El equipo interdisciplinario debera informar a la mujer sobre las características de la interrupción del embarazo y los riesgos inherentes a la práctica. Asimismo tendrán que plantearle  las alternativas al aborto incluyendo los programas de apoyo social y económico, así como también la posibilidad de dar al hijo en adopción.

Según indica la ley, el equipo interdisciplinario deberá constituirse “en un ámbito de apoyo psico-social para la mujer” y contribuir a superar las causas que puedan inducirla la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.

Luego de la reunión, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 días, transcurrido el cual, si la mujer rectificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que será considerado un acto médico sin valor comercial.

Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecólogo deberán dejar constancia en la historia médica de la mujer.

El equipo médico además deberá entrevistarse con el progenitor y también garantizar, dentro del marco de su competencia, que el proceso de decisión de la mujer permanezca a exento de presiones de terceros.

Otros casos

Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos, la interrupción podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o salud de la mujer.

Además, podrá realizarse el procedimiento cuando se verifique proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial. En este caso el aborto podrá practicarse dentro de las 14 semanas de gestación.

En caso de embarazos en adolescentes menores de 18 años, el médico deberá recabar el consentimiento. De ser imposible obtenerlo, la adolescente podrá presentarse con los antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el juez, quien tendría 3 días para pronunciarse.

Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con la ley, y aquellas que tengan objeciones con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública (MSP) la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos.

Además, el MSP deberá llevar un registro de las consultas realizadas, los abortos realizados, y también del número de mujeres que decide proseguir con su embarazo para así evaluar, constatando con los datos de nacimientos, los futuros efectos de la ley.

El proyecto de Posada fue negociado con el Frente Amplio, y así consiguió el apoyo del diputado del Partido Independiente y logró ser aprobado en Diputados.

En tanto, en Senadores, la votación fue favorable en 17 votos en 31. Por la positiva votaron todos los representantes del Frente Amplio y Jorge Saravia, del Partido Nacional.

El proyecto

Según el texto, antes de las primeras 12  semanas de gravidez, la mujer deberá concurrir a consulta médica habilitada por el Ministerio de Salud Pública, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que, a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso.

Luego, el médico tendrá que acordar una consulta con un equipo interdisciplinario, integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. Al menos uno de los profesionales que integren el citado equipo deberá pertenecer a la lista del personal con objeciones de conciencia, expresa el texto del proyecto.

Este último punto fue el que generó desacuerdo por parte del Frente Amplio. Ante ello, Posada planteo la posibilidad de eliminar esta disposición si eso significaba un escollo para el estudio del proyecto. No obstante, se mantienen exigencias como la obligatoriedad de que la mujer, una vez concluida la sesión de asesoramiento, deba observar cinco días de reflexión antes de concretar la ya decidida interrupción de su embarazo.

El proyecto no “legaliza” el aborto sino que lo “despenaliza” en la medida en que se cumplan los requisitos planteados; esta diferencia conceptual permitirá que algunos legisladores contrarios a la legalización apoyen el proyecto.

Aquí el proyecto completo:

Proyecto de ley para interrupción voluntaria del embarazo – Iván Posada

Actualmente, la legislación uruguaya ofrece asesoramiento pre y post aborto a las mujeres que así lo desean, aunque los médicos solo pueden aconsejar y no practicar la interrupción del embarazo. Y las mujeres deben obtener el misoprostol en el mercado negro.

Si el proyecto de ley prospera, ese asesoramiento -por parte de un equipo de al menos tres profesionales- será obligatorio, al igual que la realización de los abortos por parte del sistema de salud.

Las feministas cuestionan que se someterá a las mujeres a un “tribunal” antes de poder abortar y que implica una forma de poder que los médicos ejercen sobre las mujeres.

“Es un camino distinto del que pensábamos inicialmente”, reconoció Leonel Briozzo, firme partidario de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y ginecólogo de profesión.

Pero “hay claramente un cambio cualitativo en estos últimos veinte o treinta años con respecto a la visibilización del feto y el embrión como un potencial sujeto de derechos que hace muy difícil entrar al tema con los viejos argumentos que sirvieron en Europa en los años setenta”, sostuvo.

Briozzo explicó que con la llegada de las ecografías, a veces tridimensionales, “el valor social del embrión y el feto ha crecido sustantivamente”, complicando la defensa de la posibilidad de abortar desde la óptica feminista tradicional de los “derechos de la mujer”.

Observados por la región

Mientras las feministas critican la nueva legislación, por considerarla restrictiva, los sectores sociales conservadores la consideran un atentado contra la vida y califican el sistema de asesoramiento, promovido en la última década por la organización Iniciativas Sanitarias, de “legalización de facto”.

Briozzo no es ajeno a la construcción del complejo entramado de normas que permitió convertir el aborto en una realidad casi cotidiana a pesar de estar penado por la ley. “Se avanzó por la vía del derecho a la atención sanitaria, un derecho muy arraigado en Uruguay”, reconoció.

Los defensores del sistema aseguran que disminuye el número de abortos porque incluye a las mujeres (especialmente las más pobres) en la redes de salud y mejora la contracepción.

En América Latina solo Cuba y Ciudad de México autorizan la interrupción voluntaria del embarazo. Todos los vecinos de Uruguay lo prohíben y la llegada de gobiernos progresistas no ha puesto el tema en la agenda política.

Para Briozzo “la explicación es claramente que América Latina es el último reducto que tiene la Iglesia Católica apostólica romana”.

En los últimos años, responsables políticos y médicos de muchos países de América Latina han viajado a Montevideo para asesorarse sobre el uso del misoprostol y copiar el sistema uruguayo.

Iniciativas Sanitarias es el epicentro de este trabajo de “exportación”. Sus equipos médicos viajan constantemente para impartir cursos y crear estructuras sanitarias a petición de las autoridades locales.

Como sucedió hace diez años en Uruguay, hospitales de Argentina, Brasil o Venezuela están adoptando sistemas para acompañar a las mujeres en la difícil decisión de abortar. Actúan siempre al filo de la ley, pero “la profesión médica tiene riesgos inherentes; si uno no está dispuesto a correrlos, que haga otra cosa”, dijo Briozzo.

A pesar de que en Brasil el aborto es ilegal, el viceministro destacó que existe un convenio para poner en práctica las técnicas del “aborto seguro” en los estados de Bahía, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

“Las prácticas de aborto seguro son el principal aporte sanitario de Uruguay a la región”, consideró.

Además, Briozzo cree que el aborto medicamentoso debería generalizarse en el mundo, incluyendo a Europa, donde muchas veces se recurre al aborto quirúrgico, “menos indicado e inseguro”.

Algo provocativo, el médico uruguayo califica al misoprostol de “penicilina del siglo XXI”.

“Creo que el aborto con medicamento marca una revolución en la especie humana porque es la primera vez que la mujer puede autogestionar el aborto de manera segura. Por lo tanto, creo que es la dirección del futuro”, concluyó Briozzo.

Al contar con los votos suficientes para su aprobación en virtud de la mayoría del Frente Amplio más el apoyo al proyecto del senador nacionalista Jorge Saravia, todo indica que desde este miércoles se convertirá en ley y por primera vez desde 1938, la interrupción voluntaria del embarazo no será penada por la Justicia.Ayer, la comisión de Salud de la cámara alta analizó el proyecto y sentenció que la iniciativa proveniente de la cámara de Diputados, era la misma que los senadores habían votado a favor el pasado 27 de diciembre del 2011 aunque se le habían realizado algunas modificaciones y sustituciones en el articulado original. Con ese criterio, el proyecto se debía aprobar o rechazar en bloque, sin necesidad de analizar artículo por artículo. Este concepto le da celeridad al análisis y a la aprobación de la ley.

Es muy factible que en la sesión de hoy, el presidente del Senado aplique el mismo criterio y disponga que el Senado se pronuncie a favor o en contra de las modificaciones hechas por los diputados al proyecto en debate y la discusión se reduzca sensiblemente en el tiempo.

Sin embargo, el senador colorado de Vamos Uruguay, Alfredo Solari, adelantó anoche a LA REPUBLICA que “haré un informe pormenorizado de cada uno de los artículos que contiene el proyecto. Mucho más profundo que el que hice hoy (por ayer) en la comisión de Salud”.

Solari, ex ministro de Salud Pública, además, votará en contra de la iniciativa por entender que es “un retroceso” en el sistema sanitario. Para el oficialismo se trata de “un avance” en la legislación pero espera que en el futuro se profundicen aún más los derechos y las posibilidades de la mujer llegado el momento de eventualmente decidir abortar.

“Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional” era el texto original del primer artículo del proyecto aprobado por los senadores. Los diputados, luego, eliminaron completamente ese texto en base a acuerdos políticos entre el Frente Amplio y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. No hubo acuerdo en el concepto de “tiene derecho”.

La ley que hoy quedará muerta establece que la penalidad para una mujer que se realiza un aborto es de tres a nueve meses de prisión y la pena por un médico o otra persona que realiza el procedimiento, de seis a 24 meses de prisión.

La ley concede también algunas atenuantes, estableciendo que la Justicia puede considerar problemas económicos, riesgo para la salud de la mujer, violación o la salvaguarda del honor familiar y, en esos casos, el aborto no era punible por la Justicia.

Ley de 1938

La ley que regula la práctica del aborto en Uruguay es la número 9.763.

Fue aprobada en el gobierno dictatorial de Gabriel Terra el 28 de enero de 1938, tras una propuesta de los legisladores de la Unión Cívica, José Trabaj y Dardo Regules en acuerdo con los partidos Nacional y Colorado.

Los senadores aprobarán hoy martes en comisión de Salud el proyecto que ya tiene la aprobación de los diputados y que, básicamente, es el mismo que los senadores aprobaron meses atrás. Únicamente se sustituyeron y modificaron algunos de los artículos de la iniciativa. Mañana miércoles se aprobará en el plenario de la cámara alta con votos a favor más que los imprescindibles para su sanción.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado, Luis José Gallo, del Frente Amplio, comentó ayer a LA REPÚBLICA “el proyecto es un avance” en los derechos de las mujeres para decidir sobre su embarazo, y que “no es lo que pretendíamos al inicio cuando propusimos la ley, pero el objetivo es el mismo: que una mujer no sea castigada penalmente por decidir abortar”.

La ley tiene un cúmulo de condicionantes antes de que una mujer adopte la decisión de interrumpir su embarazo.

En primer lugar deberá ocurrir dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Posteriormente, la mujer será recibida por una comisión multimodal integrada por sicólogos, siquiatras y asistentes sociales que, sin inclinación por ninguna de las opciones en cuanto a abortar o no abortar, informarán a la solicitante sobre las técnicas a eventualmente someterse.

Posteriormente, la mujer tendrá 5 días para reflexionar y dentro de ese tiempo deberá volver a la comisión multimodal para dar a conocer su decisión final.

Votos

Los votos para sancionar la ley están seguros: 16 del Frente Amplio más uno del nacionalista Jorge Saravia. La legisladora Analía Piñeyrúa también está a favor de la despenalización del aborto pero, debido a la decisión de la disciplina partidaria, votará en contra en el caso de que ocupe mañana miércoles una banca en el senado por su condición de suplente.

Entre los colorados, Ope Pasquet también está a favor pero en este caso imperará también la disciplina partidaria y votará en contra del proyecto.

Así, la falta de legislación en torno al tema genera que en los distintos servicios de salud se diagnostiquen las patologías que impiden la concepción o la interrupción del embarazo, pero no se ofrezcan tratamientos para intentar solucionarlas. Esterilidad e infertilidad no son consideradas enfermedades y por ende los servicios no se ven en la obligación de ofrecer los tratamientos necesarios para revertirlas. Las parejas deben entonces afrontar el pago de tratamientos en clínicas privadas, circunstancia que muchas veces les resulta económicamente irrealizable.

En ese marco la Comisión de Salud de Diputados planteará hoy al plenario de la cámara un proyecto de ley que define a la infertilidad y a la esterilidad como enfermedades de carácter crónico y obliga a las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud a garantizar dentro de las prestaciones de asistencia la posibilidad de la realización de estudios de diagnóstico, así como el tratamiento, los materiales, estudios, asesoramiento y la realización de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad, el eventual tratamiento de complicaciones supervinientes y la medicación correspondiente en todos los casos.

Según indica el proyecto, la reglamentación posterior deberá determinar en qué nivel y condiciones el Estado subsidiará tanto los estudios como el tratamiento y demás procedimientos establecidos como obligatorios.

Además, en el proyecto de ley se regulan las técnicas de fertilización a implementar buscando que se den garantías para la donación de gametos y para quienes tienen necesidad de realizarse técnicas para lograr un embarazo, y también se especifican delitos y faltas y se crea una comisión honoraria que asesore técnicamente al Poder Ejecutivo para estar al día con los avances que la tecnología ofrece.

Lourdes Leiva, integrante de la agrupación “Ser padres es un derecho no un privilegio” expresó a LA REPÚBLICA que la votación se espera con gran expectativa, sobre todo por la inclusión por parte del diputado nacionalista Antonio Chiesa, en base a una propuesta del diputado Luis Lacalle Pou, del artículo 2 que hace obligatorio que el Estado otorgue el sustento económico de los tratamientos. En ese sentido, destacó el hecho de que el proyecto favorece “sin discriminar por ser usuarios de la salud privada o la pública”. “Que tengas una sociedad no significa que tengas dinero para hacerte un tratamiento de este tipo”, explicó.

Procedimientos

La asistencia del Estado a tratamientos siempre ha estado volcada a públicos. ASSE en 2009 lanzó un programa junto al Centro Iberoamericano de Reproducción Asistida (CIRA) para que los usuarios de Salud Pública pudieran acceder gratuitamente a los tratamientos, pero dicho programa finalizó en 2010 y no se inscribió a más parejas. Actualmente el servicio aún se encuentra cumpliendo con la lista de quienes a esa fecha estaban aprobados y estudiados, pero no se espera que se reabran los cupos.

Asimismo, actualmente funciona en el Pereira Rosell un servicio que brinda tratamientos de mediana y baja complejidad a parejas que buscan tener un hijo pero no pueden hacerlo naturalmente. Dichos tratamientos se reducen a tratamientos hormonales e inseminaciones, y desde 2010 son accesibles solo a parejas en las que ambos estén afiliados a ASSE y cuenten con dos años de antigüedad en el sistema.

De esa forma, la única vía para acceder a un tratamiento que poseen los usuarios de la salud privada o quienes requieren tratamientos complejos es acudir a una clínica particular, donde los costos son altos: una inseminación cuesta entre 600 y 2.000 dólares, una tratamiento va de los 6.000 a los 8.000 y una ovodonación o donación de esperma puede llegar a los 12.000 dólares.

Datos

- 6.000 dólares, entre medicación y tratamiento, es el costo promedio en una técnica que no es 100% segura o efectiva y que en muchos casos debe reiterarse.

- Las tasas de embarazo logradas en el Centro de Reproducción Humana del Interior con sede en Salto, única clínica privada en el Uruguay que cuenta con el programa de ovodonación, indican que el 52% de las mujeres menores de 30 años obtienen resultados positivos, de 30 a 38 años 42%, de 39 a 40 años, 25% y de 41 años y más, 11% de efectividad.

- En Estados Unidos la donación de óvulos se paga entre US$ 1.500 y US$ 2.000.

- En el mundo ya han nacido más de un millón de niños por distintas técnicas que reproducción asistida.

Curioso: Se legislará sobre la clonación

En el artículo 22 del proyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida se alude al delito de clonación. Según indica el texto, el profesional que, con el fin de crear por clonación seres humanos idénticos, conteniendo el mismo patrimonio genético que un progenitor, manipule células humanas o material genético, o transfiera a una mujer un embrión así creado será castigado con dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación del título por el doble de la condena. Asimismo, si se llegase a crear uno o más seres humanos por clonación, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría e inhabilitación del título por el doble de tiempo de la condena.