Esa verdadera guerra mediática ha estado financiada, según denunció el vicepresidente norteamericano Al Gore, en ocasión de recibir el Premio Nobel de la Paz en 2007, por un fondo de 500 millones de dólares, creado por las poderosas multinacionales del petróleo e industrias contaminantes, que sistemáticamente se han negado a aceptar toda medida estatal encaminada a limitar sus actividades y/o a prohibir directamente nuevas prospecciones. Y alineados tras ellas, los neoconservadores, que, pese a todo el escenario del mundo actual, siguen aferrados a la creencia en la Mano invisible que todo lo arreglará en el momento preciso y un grupo de “expertos” que por creerlo así o por haber optado por acogerse a los beneficios del “Fondo” se plegaron a esa línea.

Imposible recordar aquí las innumerables cumbres realizadas desde aquella de 1972 en Estocolmo cuando se alertó al mundo sobre la necesidad de asumir el problema y planear medidas de futuro. En materia de desarrollo en general y en aspectos más específicos como urbanismo, formas de vivir y sobre todo una toma de conciencia a nivel general, de la gravedad del problema. Porque si bien es cierto que una inundación, un tornado o un terremoto no se pueden prohibir por decreto, sí hay forma de detectarlos con cierta anticipación. Y adoptar medidas para al menos paliar sus consecuencias.

De tales cumbres, ni siquiera algunas resoluciones muy tímidas, fueron puestas en práctica.

El nefasto ex presidente George W Bush, fue catégorico en ocasión de discutirse el Protocolo de Kioto: “no firmaré ningún compromiso que afecte al estilo de vida americano”. (Cabría preguntarse qué estilo de vida Americano).

Me limitaré a lo ocurrido en la Cumbre de Copenague (COP 15) en diciembre del 2009. Dos “escándalos” se destaparon con rara coincidencia un par de semanas antes: 1) El error del cálculo del IPCC, respecto al tiempo del deshielo del Himalaya -error que fue reconocido y rectificado por el Panel-, y 2) la incursión de hackers en correo electrónico de científico del equipo británico de la Universidad de East Anglia, integrante del Panel, que en los e-mails aparecía ”amañando” algunas cifras en apoyo de sus conclusiones.

Ambos argumentos fueron utilizados globalmente para deslegitimar todas las conclusiones anteriores del IPCC. Y esta campaña tuvo efectos negativos en la toma de conciencia de la gente.

Ahora cuando la realidad estalla dramáticamente en plena Europa y los Estados Unidos –donde casi todos creían que “aquí no puede pasar”-, queda al desnudo la irresponsable criminalidad de los medios y la imprescindible urgencia de poner límites a esa “libertad de expresión”.

Más allá de este apoyo de gran valor simbólico, es preciso remarcar el interés que suscitó el viaje de Mujica entre el empresariado y las autoridades de gobierno de cada país visitado. No fue una visita protocolar más; fue un viaje de negocios y de promoción del Uruguay como país apropiado para la inversión extranjera.

La exhortación a invertir responde a la convicción de que es esa la mejor forma de seguir creciendo y de asegurar el crecimiento con el objetivo de redistribuir lo más equitativamente posible la riqueza generada.

En resumen, en su viaje el presidente logró despertar el interés de los empresarios, al destacar las ventajas que ofrece el país a los inversores extranjeros, mostrando una imagen de seriedad, de credibilidad, de seguridad jurídica y de reglas claras.

El presidente resumió los resultados de su gira en la sentencia que sirve de título a este editorial: la pelota está, ahora, en nuestra cancha; nos toca a nosotros –gobierno y sociedad civil– actuar de tal modo que se materialicen en hechos concretos los proyectos, las iniciativas y el interés demostrado por los empresarios chinos y europeos.

El panorama es auspicioso, sin duda. Pero es preciso no perder tiempo, no dejar que se enfríe ese interés de los inversores, y proceder a facilitar y agilizar los trámites para la concreción de los proyectos. Entre todas las posibilidades que se abren luego del viaje presidencial, hay dos emprendimientos de enorme envergadura que pueden significar un salto cualitativo en nuestra infraestructura: la reactivación del ferrocarril y el puerto de aguas profundas.

La inversión en logística es clave para Uruguay, y el Estado no está en condiciones de erogar las cifras millonarias que implican esas dos obras. Debemos, necesariamente, empezar a eliminar todos los obstáculos –sobre todo los de corte burocrático– que puedan hacer zozobrar las inversiones. Con esto no queremos decir que haya que franquear la entrada al barrer y firmar acuerdos a la ligera; por el contrario, habrá que analizar y discutir las condiciones de cada emprendimiento de modo de evitar perjuicios para el país. Pero será menester actuar con mente abierta y con disposición a allanar el camino.

Los condenables hechos se produjeron en una amplia zona del Centro, muy próxima a la Jefatura de Policía de Montevideo y se extendieron por Avenida del Libertador hasta el Palacio Legislativo. Se asegura que fueron 300 personas, con capacidad organizativa, presumiblemente jóvenes y con buen estado físico.

Un solo hecho, el ataque y asalto a la Suprema Corte de Justicia, le da un tono político, en tanto no hace mucho tiempo la sede judicial fue “tomada” por sectores radicales de la ultraizquierda en ocasión del traslado de la jueza doctora Mariana Mota del fuero penal al civil.

El diario El País, como nos tiene acostumbrados, incluso no vacila en poner nombre y apellido, gracias a sus fuentes policiales, a esa denominación genérica de “radicales”. Llega a hablar, incluso, de grupos concretos, que son conocidos públicamente, como también de posibles militantes desenganchados del Partido Comunista y del MPP. El escenario, entonces, ya está armado: otra vez es la izquierda la responsable de la violencia.

Queda claro que el ataque a la Suprema Corte tuvo como único objetivo enchastrar genéricamente a toda la izquierda, para mostrarla como violentista, una imagen muy explotada por la derecha desde los años sesenta.

No descartamos que siempre puede surgir algún idiota en cualquier colectividad política, pero esta asonada muestra una organización que hoy la ultraizquierda no tiene. Por eso no hay que dejar de bucear en otras zonas, porque detrás puede haber una provocación política de la ultraderecha y/o del narcotráfico, con la intención de debilitar las convicciones democráticas del Frente Amplio y del gobierno progresista de José Mujica, al tiempo que vuelven a dirigirse las baterías hacia el ministro de Interior Eduardo Bonomi.

Se hace imprescindible llegar a fondo sobre lo ocurrido, y para ello hay que colaborar desde distintos ángulos. La Policía, el Poder Judicial, las barras de Peñarol y los vecinos tienen que transparentarse, para que no queden dudas, ni la más mínima sospecha.

El Poder Judicial, entre los distintos rubros de su accionar, tiene que darles las más amplias garantías a quienes son puestos bajo sospecha por parte de medios de comunicación a los que no les interesa la verdad, sino el montaje de un clima de desconfianza que puede herir a la convivencia cívica.

La planta regasificadora que se instalará en Puntas de Sayago (al oeste de la Bahía de Montevideo), con una inversión de 500 millones de dólares, permitirá total independencia en lo que respecta a abastecer interiormente las demandas de consumo industrial y hogareño de gas natural líquido, solucionando un tema crucial, ya que la energía eléctrica no es suficiente y reducirá los costos de las térmicas, y el excedente se podrá exportar a países vecinos. Argentina iba a participar del emprendimiento, pero se bajó de él.

También se concreta la recuperación del transporte ferroviario (durmientes, vías, vagones, locomotoras), y todo lo concerniente a poner a caminar un medio que fue y es vital para el Uruguay, que ha sufrido un deterioro ostensible desde hace décadas, y que se encuentra en un estado obsoleto, imposible de usar. Permitirá trasladar productos y pasajeros, aliviando el transporte carretero, a través de miles de camiones que deterioran las carreteras, que no están preparadas para ello y que su reparación tiene un precio muy elevado.

Especialistas han dicho que el combustible usado por el ferrocarril, es la cuarta parte que un camión y si es eléctrico, disminuye la contaminación. Afirman que el costo de un kilómetro de carretera es el triple de una vía férrea y su capacidad de transporte diez veces más, y su duración mucho más dilatada.

Además de lo descripto tenemos que evaluar con gran énfasis la gira que Mujica ha realizado a China y Europa. El país asiático es una de las primeras potencias mundiales, con desarrollo en extensión y primer mercado comprador de productos de América Latina. Manifestó el canciller Almagro: que desde el Mercosur debe implementarse una estrategia global de acercamiento con China, y ver cómo se incrementan los volúmenes comerciales y agrega calidad a las exportaciones, a ese país.

En España, fue recibido por el presidente Rajoy y por el rey Juan Carlos. Tuvieron repercusión mundial, las entrevistas del diario El País, de Madrid, y la Televisión Española (TVE), dejando reflexiones muy certeras sobre su modo de enfocar la vida: vivir mejor no solo es tener más sino también es ser más feliz. Para vivir hay que tener libertad y para tener libertad hay que tener tiempo. Soy libre cuando hago con mi tiempo lo que a mí me gusta y me motiva. Fue recibido en el Vaticano el papa Francisco, a quien le pidió que interceda en el conflicto que Colombia mantiene con la guerrilla, para lograr la paz definitiva.

Transitamos períodos preponderantes, que nos permiten soñar con un Uruguay floreciente e insertado en el contexto mundial de cara al futuro, trayendo prosperidad, y ello será para todos, sin banderías políticas.

De cualquier forma, esta medida reparadora, tendrá considerables consecuencias, y Uruguay dejará de ser uno de los países que más margina a la mujer de los roles de conducción partidaria y representación en el ámbito legislativo, tanto nacional como departamental.

En 1943, asumieron sus cargos las primeras legisladoras: eran 2 senadoras y 2 diputadas; en la actualidad, de los 30 senadores, solo 2 son mujeres, y de los 99 diputados, apenas 13 (la última, Orquídea Minetti, de Canelones, ingresó por Esteban Pérez). En las departamentales y municipales de 2015, este criterio deberá aplicarse para elaborar las planchas con los candidatos a las intendencias (1 titular y 4 suplentes), las juntas departamentales (31 miembros), y los concejos municipales (un alcalde, y cuatro concejales). Lo mismo ocurrirá para integrar las convenciones partidarias (500).

Nos acercamos a un tiempo reafirmador del igualitarismo y a una democracia más plena.

Luego de la Introducción –a la que hicimos referencia en nuestro artículo anterior y que lleva el número 1 en la numeración de los capítulos del informe–, el capítulo 2, titulado “Cuestiones y perspectivas macroeconómicas”, desarrolla una serie de conceptos –relevantes como todo el informe para comprender el funcionamiento de la economía contemporánea– que repasaremos a continuación. Comenzando por esta idea clave: “Es importante que los gobiernos nacionales sean conscientes de que sus políticas serán más efectivas a la hora de proteger a sus ciudadanos de la crisis si coordinan a nivel internacional”. De lo contrario “habrá más desequilibrios y una volatilidad creciente en los tipos de cambio y en precios de activos”, lo que debilita las posibilidades de “un crecimiento sostenido y sólido”. El informe es enfático en cuanto a que “las medidas proteccionistas (…) en respuesta a la crisis impedirían una recuperación global rápida”.

Los orígenes de la crisis

Detrás de la crisis “hay numerosos errores”. Por ejemplo, la crisis de las hipotecas subprime fue causada en parte por un exceso de liquidez en los mercados de capitales globales y por las fallas de los bancos centrales en Estados Unidos y otros países industrializados “a la hora de actuar para contener la liquidez y atenuar el aumento de la especulación en el mercado de la vivienda y otros precios de activos”. Para la Comisión que redactó el Informe Stiglitz “fueron importantes el aumento de las desigualdades en los ingresos”. Subraya que “los mercados financieros gestionaron mal el riesgo y asignaron mal los capitales”. En clara referencia al neoliberalismo, expresa que parte de la responsabilidad de la crisis es “culpa de las doctrinas económicas que se pusieron de moda en muchos lugares y que constituyen los “fundamentos económicos subyacentes durante las últimas tres décadas”. Estas doctrinas planteaban que “los agentes económicos son racionales, los gobiernos están inherentemente menos informados y menos motivados por principios económicos sólidos y así es probable que sus intervenciones distorsionen las asignaciones de mercado, y los mercados son eficientes y estables y tienen una gran capacidad para absorber las sacudidas”. Contradiciendo estas políticas neoliberales, el Informe Stiglitz sostiene que “los mercados no se corrigen automáticamente y (…) se requiere la intervención de los gobiernos a nivel macroeconómico para asegurar la recuperación y el pleno empleo”. El hecho de que el mundo se recuperara rápidamente de crisis como la asiática (1997-1998) y la global de 1998 indujeron a “una falsa confianza en la naturaleza autocorrectora de los procesos del mercado”. La Comisión dice en el Informe que “se olvidó el papel histórico de las intervenciones gubernamentales en la recuperación y la estabilidad”.

Los cambios en la economía global

“La fragilidad de la protección social y la reducida progresividad de sus sistemas impositivos debilitaron los estabilizadores automáticos”. Agrega que “se ha utilizado la globalización como pretexto para reducir ostensiblemente la protección social, creando una carrera global para alcanzar el nivel más bajo”.

Entre otros efectos, señala que el aumento de los precios de la energía “se vio exacerbado por la especulación financiera”. Y dado que gran parte del presupuesto de las familias se gasta en energía y comida, crecieron las desigualdades en los ingresos. Justamente, afirma el documento, las políticas “para garantizar una recuperación sólida y sostenible de la crisis deben plantearse la cuestión de cómo revertir las crecientes desigualdades en los ingresos y de la riqueza”.

Es imperativa “una reforma del sistema de reservas global que proporcione medios aceptables de mitigación del riesgo”, afirma el Informe.

“Una crisis global necesita de un estímulo global, algo así como un bien público global”, expresa. Reitera su rechazo a políticas proteccionistas, que “pueden ser especialmente dañinas para los países en desarrollo”. Insiste en la necesidad de “una protección social más fuerte” y afirma que “el gasto social podría aumentar la inversión privada y el crecimiento” de la economía, restándole volatilidad.

Responsabilidad de los bancos centrales

La política fiscal es un instrumento muy importante a la hora de buscar respuestas a la crisis.

Se afirma que “las políticas destinadas a tratar las causas subyacentes es más probable que garanticen una recuperación sólida y rápida y una reducción de la vulnerabilidad de la economía mundial ante otras crisis”. Añade que “los sistemas económicos nacionales que producen una fuerte desigualdad provocan problemas, no solo en la sostenibilidad social y política sino en la sostenibilidad económica, es decir, un excesivo endeudamiento de las familias y del sector público”. Considera necesaria una ayuda adicional a los países más pobres para evitar los efectos de la deuda.

El Informe propone “transformar el actual modelo de crecimiento intentando reducir la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente cuando se contribuye al calentamiento global”. Las nuevas tecnologías ambientales y energéticas son “capaces de rebajar el contenido de energía y emisiones”. Se subrayan las responsabilidades de los países industrializados.

En el resumen de este capítulo se señala que “los países en desarrollo tienen una dependencia exterior y una vulnerabilidad a los ciclos externos más grande y una menor capacidad de aplicar políticas contracíclicas”. Asimismo, tras reconocer las diferencias de situaciones y posibilidades entre los países, expresa que “si los gobiernos aceptan que lo importante no son solo los pasivos (la deuda nacional) sino el conjunto de su balance (lo que también comprende sus activos), y si dedican gran parte de la inversión (en infraestructuras, tecnología y recursos humanos), los gastos en estímulos pueden dejar al país en una posición más sólida y la podrán mantener más tiempo. Esto es especialmente importante porque la crisis actual podría ser larga”.

Plantea la necesidad de “mejoras significativas en la cooperación reguladora”, tema que desarrolla en el capítulo siguiente, al cual nos remitiremos en próximo artículo.

Por mayor información sobre el libro: cbaraibar@parlamento.gub.uy

En estos términos describe el diario liberal turco “Hurryet Daily News” el origen de los disturbios que agitan en estos días a Turquía. Es indudable que la feroz represión de las fuerzas policiales produjo una gran oleada de indignación en el país, hasta el punto que el propio primer ministro Erdogan se vio obligado a reconocer que hubo excesos. Lo que podría haber sido solucionado con un diálogo civilizado se convirtió en una rebelión cada vez más cristalizada contra el autoritarismo del gobierno y su marcha acelerada hacia la reislamización del país.

El periodista John Mason, de la BBC de Londres recogió varios testimonios elocuentes de los manifestantes. Una consigna rezaba “Somos los hijos de Ataturk” es decir somos un país secular y estamos preocupados por la creciente islamización del país. Un hombre dijo categóricamente “No queremos convertirnos en Irán”. Una mujer enmascarada le dijo “Aquí estamos todos, comunistas, anarquistas, demócratas. No es exclusivamente un movimiento laicista”. Otra mujer proclamó: “Lo que está en juego es la libertad”.

Luego Mason compara las manifestaciones de Turquía con las de otros países. “Yo cubrí las manifestaciones en la plaza Sintagma en Atenas, las protestas de “Occupy” en Nueva York y las de la plaza Tahrir de El Cairo”. En primer lugar, es masiva. En números supera de lejos a la manifestación griega. En segundo lugar, el apoyo de la sociedad en la ciudad de Estambul misma es enorme, es mayor a Grecia y se parece a Egipto. En Grecia, la clase media estaba dividida. Aquí la clase media secular está unida, más allá de las divisiones políticas y de los odios de las hinchadas futbolísticas. Mason señala que aún falta ver cuál será la posición de la clase obrera, pero su artículo fue escrito antes de que se anunciara una huelga general contra el gobierno de Erdogan.

Significativamente, pese a la opresión a los medios de comunicación y al hecho de que Turquía sea el país con más periodistas presos después de China, la prensa turca ha sido casi unánime en su condena a la dura y excesiva represión gubernamental.

“¿Qué clase de crueldad es ésta? pregunta el corresponsal político Ali Bayramoglu en un artículo en “Yeni Safak” vinculado a círculos islamistas. ¿Cómo es posible que las autoridades permitieran que las cosas llegaran a tal extremo? Si hay una protesta popular ¿por qué el gobierno no dilata el proyecto? ¿Por qué recurre a la violencia?

Otro diario islamista, “Zaman”, lamentó las consecuencias electorales que podría tener la protesta popular. Su columnista Ihsan Yilmaz advirtió: “El gobierno no está dispuesto a escuchar, pero el tema del parque Gezi puede llevar a que quienes administraron la ciudad durante los últimos 20 años se encaminen a una gran derrota electoral”.

El periodista Ahmed Hakan de Hurryet, condenó la represión y señaló que la violenta reacción del gobierno contra los manifestantes lejos de amedrentar a la oposición, de hecho la unificó a un grado que nunca había alcanzado en el pasado.

Por ahora la represión ha causado dos muertes, pero ese número podría aumentar ya que hay varios heridos graves. Hubo más de 900 detenciones y más de 1.000 heridos.

En cierta oportunidad, Erdogan dijo que la democracia es un tren para llegar al poder, del cual oportunamente los islamistas podrían bajarse. Pero todo indica que el pueblo turco no está dispuesto a esperar ese momento y ha resuelto detener la pesada locomotora islamista hasta que arrolle por completo a la democracia del país.

El anuncio de la solicitud de ingreso a la OTAN fue formulado por el presidente Juan Manuel Santos en un acto de ascensos en la Armada a comienzos de junio, casualmente a pocos días de la visita a Bogotá del vicepresidente de EEUU, Joe Biden. Dijo que el acuerdo se suscribirá en junio, que Colombia va a procurar ser de los mejores países “ya no de la región sino del mundo entero”. Sabido es que EEUU ostenta el mando efectivo de la OTAN. Es decir que el ejército colombiano tendrá que combatir bajo la bandera de los genocidas que han estado invadiendo Irak, Libia, Afganistán, ahora también Siria (aunque subrepticiamente), y antes lanzaron “bombas humanitarias” sobre Belgrado. Se ha recordado que tropas colombianas combatieron en la guerra de Corea (1950-1953), provocada por EEUU, con John Foster Dulles en persona en el paralelo 38º. Oficiaron como carne de cañón, y ahora están destinadas a cumplir el mismo papel en las intervenciones en curso. Para disminuir el número de soldados norteamericanos que regresan en bolsas negras o mutilados. Y de paso, ahorrarles dinero a los contratistas de las agencias de mercenarios como Blackwater y Cía. En aquella guerra murieron 639 jóvenes colombianos, muchos de origen campesino.

La situación se agrava porque EEUU tiene el control de un conjunto de bases militares en Colombia, desde las cuales ha estado interviniendo en el conflicto interno de ese país y amenaza virtualmente a todos los países del continente, hasta su vértice austral. Por lo tanto, está en juego la paz en América del Sur. Tanto más, desde que el Consejo de Defensa de la Unasur establece a texto expreso, entre sus objetivos: a) consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial; b) construir una unidad suramericana en materia de defensa que contribuya al fortalecimiento de América Latina y el Caribe; c) generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa”. O sea, todo lo contrario a establecer alianzas belicistas extrarregionales. Voceros de la Marcha Patriótica colombiana, como David Flórez, señalaron que el ingreso de Colombia a la OTAN tiende a “desestabilizar el proceso de democratización y transformaciones sustanciales políticas y sociales en la región, empezando por Venezuela”.

Esto nos lleva a la segunda provocación del presidente Santos: la recepción a Capriles, que realiza una gira con el fin de deslegitimar las elecciones venezolanas. Antes se reunió con Uribe y con la mafia de Miami. Es el mismo Capriles que asaltó revólver al cinto la embajada cubana en el golpe de Estado de abril de 2002 y que ahora, al día siguiente de las elecciones, incitó a sus huestes a realizar atentados e incendios a edificios públicos que causaron 11 muertos, todos chavistas. Este mismo Capriles pretendió ser reivindicado en el Senado uruguayo por Ope Pasquet y algún otro legislador, que apoyaron su impugnación al proceso electoral venezolano y salieron trasquilados, porque se demostró hasta la saciedad, por parte de senadores frenteamplistas, que estas elecciones fueron un ejemplo de limpidez, al punto de que Jimmy Carter calificó al sistema electoral venezolano como el mejor del mundo.

Hay más. Capriles reclamó que se efectuara una verificación de toda la elección, sin tomar en cuenta que en la noche misma del acto electoral, por disposición de la ley respectiva, se realizó la auditoría del 54% de las mesas, con participación de veedores de todos los partidos, la cual confirmó plenamente el resultado. Antes se habían efectuado 18 auditorías de distintos aspectos del proceso. Posteriormente, el CNE resolvió auditar el 46% restante de las mesas. Los primeros resultados (6 y 7 de mayo) dieron una exactitud de 99,98% entre los comprobantes de votación emitidos por las máquinas electorales y las actas de escrutinio, correspondiendo el 0,02% restante a comprobantes mal impresos. El 4 de junio se dio a conocer el resultado de otras auditorías hasta llegar a 98,1% del total de las mesas, y la tendencia se confirmó con exactitud.

¿Y saben qué hizo Capriles? Se retiró del proceso de verificación, y prosiguió sus maniobras desestabilizadoras, sin reconocer al gobierno legítimo, actitud en que solo lo acompaña Estados Unidos.

En tal sentido, el líder de Alianza Nacional instó al gobierno a “tener la valentía de tomar las medidas necesarias para ponerse delante de los hechos y reencauzar el curso de algunas variables hoy desalineadas: suba de precios, competitividad y finanzas públicas”.

Obviamente, “recomienda” recortes presupuestales, una Rendición de Cuentas de gasto cero y medidas para recomponer la competitividad, abatir el déficit fiscal y corregir el atraso cambiario.

Si uno retrocede por lo menos cincuenta años en la historia uruguaya, percibirá que ya el partido de Larrañaga y la alta burguesía a cuyos intereses representa sostenía los mismos reclamos.

Bien saben los uruguayos que blancos y colorados aplicaron esas recetas económicas regresivas durante sus gobiernos, desde la Reforma Monetaria y Cambiaria pergeñada hace más de medio siglo por el ex ministro blanco Juan Azzini hasta el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el segundo de Sanguinetti y el de Batlle. Todos recordamos qué pasó.

El credo neoliberal al cual adhiere el precandidato nacionalista fue y es el partero de las peores crisis económicas y sociales de nuestra historia contemporánea.

Sorprende que Larrañaga se preocupe por la suba de los precios, cuando durante el gobierno de Lacalle los uruguayos padecimos inflaciones de dos dígitos y fuertes rebajas salariales.

Hoy, se rasga las vestiduras por una inflación anual del 8%, cuando durante el gobierno de coalición encabezado por Jorge Batlle en el cual participó el Partido Nacional como socio político, los precios se fueron a las nubes, pese a las restricciones del gasto y los ajustes fiscales.

Por supuesto, no sorprende que reclame una Rendición de Cuentas de gasto cero, porque esa ha sido siempre la “fórmula mágica” de la derecha para enfrentar las dificultades, además del aumento de impuestos con fines meramente recaudatorios.

Tampoco sorprende que insista en incorporar la productividad como parámetro de ajuste salarial. No es una mala idea, siempre y cuando el sector empresarial acepte compartir su renta. Es decir, reducir su tasa de ganancia o plusvalía.

¿Está de acuerdo el senador Larrañaga con la cogestión obrero empresarial que es una medida de cuño socialdemócrata? ¿Cómo se mide la productividad? ¿Él lo sabe? ¿Los saben sus asesores?

No olvidemos que durante el gobierno de su colectividad encabezado por Luis Alberto Lacalle, comenzó el irracional desmantelamiento de los consejos de salarios y la negociación colectiva, lo cual provocó el empobrecimiento de los trabajadores y jubilados y un radical retroceso de las conquistas sociales.

Respecto al presunto atraso cambiario que según los exportadores afecta la competitividad y la actividad de las empresas, tampoco el planteo del precandidato parece claro ni consistente.

¿Cuál es la sugerencia? Que el Estado siga comprando dólares e interviniendo el tipo de cambio con otras herramientas. Si mal no recuerdo, la derecha y sus aliados siempre reclamaron que el Estado se abstuviera de participar en el mercado.

Evidentemente, cambian su discurso en función de las circunstancias y la coyuntura, lo cual les impide ser coherentes con sus propias convicciones. Lo que escriben con la mano lo borran con el codo, sin el más mínimo pudor.

El aspirante nacionalista afirma también que “la economía más tarde o temprano se acomoda”, lo cual constituye una auténtica profesión de fe de ortodoxia neoliberal. En otras palabras, considera que todo debe quedar librado a las reglas del mercado.

Evidentemente, no aprendió de las lecciones del presente. La actual crisis económica global se originó en la desregulación y el libertinaje de mercado, que devastó a Estados Unidos y Europa.

La debacle de 2002 fue el cabal testimonio de la flagrante incompetencia de la derecha para gestionar la economía. Es inadmisible que se crean con derecho a pontificar.

Los operativos de seguridad dispuestos por la Policía como medio de prevención han dado resultados positivos, aunque esta vez los agentes del orden se vieron desbordados. El control de porte de armas (o de objetos contundentes potencialmente arrojadizos) a la entrada de los estadios es una medida acertada; del mismo modo que la separación de las hinchadas en las tribunas ha evitado enfrentamientos de consecuencias imprevisibles.

Hace un tiempo, había surgido la idea del “derecho de admisión”, que permitiría impedir el ingreso a los estadios de ciertos individuos ya identificados como promotores de disturbios. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los sucesos más graves ocurrieron fuera del estadio una vez concluido el partido que consagró campeón a Peñarol. Y ese tipo de disturbio no se evita impidiendo el ingreso de revoltosos.

Entendemos que el problema es de índole cultural y que, por ende, su solución debe buscarse en sólidas campañas educativas que operen un cambio de mentalidad. Como los resultados de una tarea de esa clase –tarea harto difícil y de largo aliento– no vendrán sino luego de varios años, ¿qué medidas tomar para combatir el fenómeno en el corto plazo?

Contra lo que hemos sostenido desde estas páginas en el sentido de que las respuestas de corte represivo no tienen efecto disuasorio para el delincuente contumaz, entendemos que la violencia en los espectáculos futbolísticos podría disminuir notoriamente si una modificación a la ley penal habilitara mayor rigor punitivo para esas conductas.

El vandalismo, a diferencia de los delitos contra la propiedad, no obedece a causas socio-económicas, por más que sus protagonistas encajen en la categoría de lumpen.