opinión
Uruguay tiene una dinámica estructural de emigración que ha llevado a que el 13% de la población, cerca de 600 mil personas, hayan emigrado, haciendo que sea una de las emigraciones mundiales más altas con relación a su población. Esta corriente migratoria tiene además una incidencia creciente de profesionales y técnicos en tanto hay una economía global que crece y compite crecientemente en base a la materia gris. Históricamente la pérdida de recursos altamente capacitados ha sido alta: mientras que los profesionales eran el 7% del mercado laboral local, eran el 15% de los emigrados a Brasil, el 19% a Venezuela, el 19% a Paraguay, el 11% a Estados Unidos y llegaron a alcanzar el 26% a España.
(Pellegrino, 2003; OIM, 2011). Las personas con educación universitaria tienen una mayor propensión a emigrar y muchos inclusive estudian para emigrar. Los datos indicaban que el 10% de los graduados universitarios emigraban (Pellegrino, Vigorito, 2005). Es una dinámica en crecimiento y en Uruguay se detectó ya en el 2006 que el 19,2% de los emigrados tenían estudios terciarios y alcanzaban a 25% en los países donde se acumulan los emigrantes uruguayos profesionales. (UNE, 2006). Este flujo migratorio profesional se constituye en un drenaje continuo de capital humano e indirectamente de recursos económicos y que además no impacta en posteriores flujos significativos de remesas.
En los últimos años a pesar de la reducción del desempleo de profesionales, se continúan produciendo los procesos de emigración y se ha incentivado el mayor sesgo selectivo hacia los jóvenes con niveles educativos medios y altos. Los datos parecerían mostrar que esta emigración profesional no está asociada a los niveles de desempleo, sino que las encuestas muestran que sus factores dominantes son los bajos salarios, los niveles de calidad de vida y las bajas expectativas futuras. Los reducidos salarios tradicionales comparativos de los profesionales uruguayos junto al pluriempleo han sido además afectados por la estructura impositiva desde el 2007 centrada en la tributación al trabajo, que han contribuido a que la estrategia de sobrevivencia mediante la formación de capital humano no se traduzca en mejoramientos significativos de los ingresos. Tal dinámica reafirma el impulso migratorio estructural pero en mejores condiciones personales al lograr acceder a una educación terciaria con bajos costos pero a la vez acceder a mejores retornos fuera del país a través de la emigración.
Esta problemática se torna más compleja en el contexto económico mundial que muestra una mayor valorización de los recursos altamente capacitados y que presiona un aumento internacional de la emigración profesional. En los 90 los países de la OCDE tenían 12,9 millones de inmigrantes altamente calificados y una prospectiva para el 2030 mostraba la tensión entre su baja natalidad y su demanda de personal calificado. Es un patrón migratorio global que se está profundizando y desde la crisis del 2009 se expresa en la expulsión de los antiguos migrantes de baja calificación y el aumento de la migración selectiva capacitada (Aragonés, 2011). En Estados Unidos las visas de residencia H1A y O1 para personas de América Latina con alta formación saltaron de 30.487 en 1996 a 103.278 en el 2008, aumentando 239% y acumulando 1.007.880 personas. Es claro en este nuevo escenario que una política universitaria de masificación gratuita de la cobertura con bajos salarios profesionales y pocos mecanismos de retención, se constituye en un mecanismo de pérdida de capital humano y una limitación al crecimiento futuro del país.
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