editorial

En defensa del prestigio de las instituciones

En el imaginario colectivo pervive, con esa tozudez propia de los grandes mitos populares, la idea de que los políticos son todos iguales, todos corruptos, todos haraganes, todos aprovechadores, y que les pagamos altos sueldos para que no hagan nada. Esa idea falsa —y deliberadamente inculcada desde sectores antidemocráticos— viene de larga data y fue la base sobre la que se apoyó la publicidad golpista de los años setenta, en su discurso que pretendió justificar el quiebre institucional abonando el desprestigio de la clase política uruguaya.

Cierto es que muchos dirigentes políticos hicieron méritos suficientes como para que la gente hiciera suya esa imagen negativa de su profesión. Unos cuantos ignorantes, inescrupulosos u oligofrénicos accedieron —sin más mérito que el de ser minicaudillos rastrilla-votos— a los más altos cargos de gobierno, al Parlamento, al gabinete ministerial o al Directorio de algún Ente.

Sin embargo, la realidad ha cambiado desde la caída del régimen de facto y la asunción de los gobiernos democráticos posteriores. No podemos negar que ha habido casos de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de ineptitud, etcétera, pero su escaso número no justifica que sobreviva la imagen negativa que se tiene de los políticos. Como en otros aspectos, se siguen repitiendo irreflexivamente lugares comunes y frases hechas que responden a realidades de otras épocas sin advertir que las cosas han cambiado para bien.

El trabajo parlamentario no se limita a los plenarios que sesionan dos veces por semana; antes bien, la tarea mayor tiene lugar en las distintas comisiones que funcionan todos los días y a toda hora. Es allí, en ese ámbito reducido donde se desmenuzan los proyectos de ley, donde se oye a especialistas para que ilustren sobre la materia a estudio, donde se recibe a las delegaciones vinculadas al asunto, donde se practican correcciones al texto original, etcétera. Y eso sin contar las reuniones extraoficiales entre legisladores de todos los partidos, donde se concretan los acuerdos que permiten consensos posteriores. Los plenarios son instancias en que se discute algún detalle menor, se hacen correcciones gramaticales y se procede a la sanción formal de los proyectos de ley (o a su rechazo). En ocasiones, en el plenario también se introducen modificaciones al texto debidas a iniciativas surgidas de legisladores que no integran la respectiva comisión.

Naturalmente que son los propios legisladores quienes deben actuar de manera de desterrar la vieja idea acendrada en la población, pero la prensa debe también contribuir a ello, por lo menos no abonando el terreno para el desprestigio de las instituciones.

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