análisis político de la semana

PPP, cambio revolucionario

A comienzos de semana, en la sede del Ministerio del Interior, el titular de esa cartera, Eduardo Bonomi, acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, y la presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Adriana Rodríguez, formalizaron el llamado internacional a oferentes.

¿Qué es lo que pasó ese día?: recurriendo a lo estipulado por la ley Nº 18.783 (11/XI/2011), el Estado nacional apeló por primera vez al régimen de participación público-privada (PPP), para que un socio privado construya, opere y mantenga (durante 22 años) en Montevideo (Punta de Rieles) un recinto penitenciario de 1960 plazas. El sector público asumirá por su parte la responsabilidad de la seguridad, el mantenimiento de la salud de los reclusos y la puesta en práctica de los programas de rehabilitación.

La empresa ganadora construirá la obra (un edificio de clasificación, y ocho módulos), según un diseño arquitectónico muy avanzado; se encargará de su conservación, y todos los aspectos que hacen a la logística (higiene, alimentación, lavandería, etc,), según los términos de un contrato. Cada tres meses recibirá un “pago por disponibilidad”. Al cabo de esas dos décadas, el socio privado deberá devolver al Estado todas las instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Existe un régimen inspectivo importante, siendo pasible, incluso, la multa por no cumplimiento de lo acordado.

Siguiendo una tendencia internacional, Uruguay ingresará en una fase nueva en la interacción entre lo estatal y lo privado. El Estado evitará la inicial inversión (hoy sería imposible disponer de una masa dineraria de esa envergadura), proyectando un complejo carcelario en el que están cuidados todos los detalles (por ejemplo, celdas sin enchufes, lo que impide cargar celulares o tener televisores, los que sí están en ambientes de uso general) y que tiende a la rehabilitación real del preso en condiciones decorosas, y donde el hacinamiento se convierta en un vocablo digno de la peor historia. El socio privado gana plata, pero el Estado, según estudios de la CND, ahorra alrededor de 22,5 millones de dólares en todo el período. No es privatización. Hay control público permanente.

En 2005, al llegar al gobierno Tabaré Vázquez, el hacinamiento carcelario superaba el 140 %, según el informe de coyuntura Nº 11 del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República presentado esta semana. El déficit actual es de unas 1.500 plazas, pero se están construyendo 1.000 en el Comcar (módulos 4 y 5), y otras 500 en centros del Interior. Con este nuevo recinto penitenciario de Punta de Rieles, cuya construcción demandaría un par de años, la sobrepoblación carcelaria quedaría finalmente conjurada. Entre 1994 y 2004, no se construyó ninguna plaza penitenciaria; en los últimos 7 años se erigieron 3.478, según la revista Política (setiembre de 2012).

El proyecto prevé un recinto con un centro donde ingresará el preso para ser evaluado y direccionado según sus características psicológicas e historia de vida (80 celdas); un módulo de “alta seguridad” (120 celdas individuales); cinco de “media seguridad” (1.260 plazas, en celdas para 3 personas), y otros dos de 500 plazas, categorizadas como de “baja seguridad” (celdas para cinco personas). En cada caso, la estrategia de resocialización es diferente. En visitas realizadas a distintos países europeos, Bonomi y el director general de la cartera del Interior, Charles Carrera, conocieron este tipo de experiencias, (que aquí denominados PPP), y los resultados alcanzados en la rehabilitación de los presos.

La fecha límite para la presentación de ofertas será el 31 de mayo de 2013. Siete empresas europeas expresaron inicialmente su interés por intervenir en la construcción de la futura penitenciaría modelo de Punta de Rieles. Este régimen de participación público-privada se va a extender gradualmente a otras áreas del Estado, que vivirá de esta forma un cambio fuerte que los uruguayos aguardan desde hace muchas décadas. En este caso, al Ministerio del Interior le tocó dar el primer paso.

Volver arriba