Las regionalizaciones frustradas de la educación superior

El Poder Ejecutivo en el 2000 autorizó a funcionar como Instituto Universitario a la Asociación Universitaria Maldonado–Punta del Este (IUPE) reconociendo su carrera de Abogacía y en el 2002 las de Notariado y Contador Público. Fue un camino hacia la regionalización de la educación superior en el interior a través de instituciones privadas del propio interior. Esta realidad alcanzó al menos a 1.000 estudiantes y derivó en cerca de 500 egresados en las sedes de Maldonado, Durazno, Treinta y Tres, Melo y Rivera, en las cuales dictaba dichas carreras. El ciclo concluyó 10 años después de estar funcionando con reconocimiento expreso del MEC, cuando el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, con la abstención de los dos representantes de las universidades privadas solicitó al MEC revocar el permiso al IUPE. El presidente del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada (Ccetp) de entonces vociferó que “la institución no debería existir”, ya que algunos miembros del Ccetp no avalaron el primer permiso que se otorgó en 2000. La realidad era efectivamente de una institución universitaria que se manejaba de acuerdo a los criterios académicos requeridos y un marco normativo restrictivo y lento de resolución. En dicho contexto el IUPE enfrentó además un juicio por la supuesta venta de un título presentado por el MEC tras una denuncia de un particular. Inclusive el MEC analizó presentar una denuncia penal por considerar que cobró por adelantado cuotas sabiendo que podía ser revocada su autorización para funcionar. Finalmente el Poder Ejecutivo revocó el permiso al IUPE para dictar carreras terciarias, y también firmó un decreto que permitió que sus alumnos pudieran revalidar sus estudios en otras instituciones privadas que tuvieran esas mismas carreras reconocidas. La UdelaR no reconoce los estudios de las privadas y tampoco lo hizo en este caso. Así, los alumnos de Maldonado, la única sede autorizada, pudieron revalidar todas las materias cursadas, y los estudiantes de las demás sedes (Rivera, Durazno y Tacuarembó) pudieron revalidar automáticamente solo hasta dos tercios de la carrera, en tanto que las restantes tuvieran que pasar a ser validadas a través de pruebas en las distintas instituciones privadas. Hubo amplia discusión que se centró en los estudiantes, en el reconocimiento de sus estudios y en la posibilidad que continuaran sus recorridos en las universidades privadas. Pero también sobrevoló el dato de la reducción de oportunidades de estudios terciarios en el interior desde el lado privado.

Han existido también otras iniciativas independientes privadas de educación superior en el interior del país a través de instituciones desde el propio interior, tal como la impulsada por la Universidad Politécnica de Valencia de España quien en 1997 promovió la constitución de la Fundación para el Desarrollo del Cono Sur en Colonia en colaboración con la instituciones de España y de Uruguay, que recibió de la Intendencia los terrenos del Hotel Real de San Carlos y que desde el 2003 comenzó a ofrecer cursos terciarios propios y en coordinación con las universidades privadas. Con motivo de la crisis de España, desde aquel país se dejó de subsidiar las actividades y en enero del 2012 se interrumpió esta iniciativa del Centro Politécnico del Cono Sur.

Más allá de los problemas de gestión y del apoyo de las diversas intendencias municipales del interior, el fracaso de estas iniciativas muestra la ausencia –y la necesidad- de sistemas de apoyo nacionales para facilitar estas oportunidades de acceso a la educación superior. Es claro que se necesita una acción decidida de apoyo y de recursos, no solo para que la educación pública tenga presencia en el interior, sino también para que las acciones que llevan adelante individual y solitariamente las universidades privadas desde Montevideo para el interior tengan mayor viabilidad y efectivas esperanzas. Se va con ello, no solo la diversidad, sino también la democracia. Los fines públicos, no solo los realizan los organismos públicos, sino en democracias avanzadas, también las instituciones privadas.

 

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