educación
Asistimos finalmente al inicio de la diferenciación universitaria en el Uruguay, pero al tiempo sobre una base restringida y acotada. Tal es la negociación y en consenso. Unos no aceptan abrir la puerta y otros aceptan o no este escenario a pesar de reconocerse muy limitante para crear capacidades de calidad. Uruguay con Guatemala y El Salvador los únicos sistemas del mundo con monopolio universitario, autónomo y cogestionado. A escala global, la expansión universitaria con mayor eficiencia ha impulsado la diferenciación institucional pública.
En Uruguay ha sido un proceso limitado y conflictivo y hasta ahora frustrado. Varios proyectos de ley para transformar en universidad a la formación docente del IPA y los CERP, y muchas propuestas de nuevas universidades han quedado en el cajón parlamentario. Ello ha sido la contra-cara de bajos estándares de calidad, en tanto la diversidad y la competencia son también requisitos de calidad. Finalmente, este proceso se ha iniciado al aceptarse una relativa diversidad institucional pero acotada. La discusión, sin embargo, se focaliza al plantearse un modelo de gestión mimético, o por simplificar, clonado del modelo de autonomía, autarquía y cogobierno tradicional. Ese enfoque ya estaba presente en el primer proyecto de ley de creación de la Agencia de acreditación presentado por el MEC en el gobierno anterior y repetido en este, y que refería a la universidad pública como el “arquetipo” institucional, el modelo de perfección y de calidad para todas las instituciones.
A escala mundial se verifica que existen muchos modelos de gestión universitarios, tanto en el sector público como en el privado. En el sector privado hay por ejemplo sistemas gestionados por asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro, por sociedades anónimas o por universidades internacionales. En el sector público encontramos sistemas autárquicos cogestionados (donde solo dirigen los que estudian y trabajan, que es la base del modelo de autonomía), modelos bajo gestión de los ministerios (Cuba, las nuevas universidades de Venezuela o las universidades indígenas recientemente creadas en Bolivia), o sistemas de gestión donde participan también representantes de los gobiernos, colegios profesionales y/o de la sociedad. En estos hay sistemas de gestión donde la dirección mayoritariamente está compuesta por miembros externos o a la inversa donde la hegemonía está en los cuadros políticos estudiantiles y docentes internos, siendo los otros meros testigos y observadores externos, que más tienen voz que voto. En Estados Unidos, el sistema más eficiente y de calidad a escala global, los Consejos de Gobiernos (Board) son designados por los gobiernos estaduales, pero sus designaciones caen en personalidades de la sociedad civil y no en representantes políticos o corporativos. En Cuba, donde no existe autonomía, las autoridades políticas designan a los rectores. En Colombia las universidades votan por una terna que proponen al Consejo de Educación Superior y en Brasil el decreto de nombramiento de los rectores es firmado por el presidente del país.
El país está dando un pequeño paso: de un sistema monopólico totalmente cogestionado y montevideano, hacia un sistema bicéfalo cogestionado con representantes testigos de sindicatos y empresas, y tal vez del Congreso de Intendentes. Sin duda es un paso en una dirección correcta aunque muy limitado, que no anulará las visiones corporativas sino que las ampliará y que se concibe desde el poder y no desde la calidad. Sin duda, requerirá más aún concebir también un sistema meritocrático de incorporación y de ascenso docente, prácticas obligatorias y pasantías empresariales, incorporaciones de lenguas, enfoques por competencias, sistema selectivo y exigente de enseñanza, enfoque centrado en el aprendizaje, un modelo no presencialista ni catedrático de aprendizaje y una nueva relación con la sociedad del Uruguay profundo y de las demandas de formación.
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