Entrevista

Rafael Michelini: oposición inventa otra realidad

En los últimos días ha habido una serie de novedades vinculadas al episodio de la concesión del aval en el marco de la subasta de los siete aviones, que no fueron en la dirección de lo expresado por el senador Larrañaga cuando, en conferencia de prensa, afirmó el pasado 10 de diciembre que “el BROU incumplió normas referentes a la Ley de Seguros, a la Ley Antilavado y a la normativa bancocentralista. Cosmo y Boston Seguros fijaron domicilio a los efectos de controversias judiciales en la dirección del propio BROU. Esto hace manifiesta la ilegalidad en virtud de la reserva de mercado establecida en la Ley de Seguros”. Sin embargo, las informaciones no parecen haber sido incorporadas al “relato” que hacen políticos de la oposición y los medios, quienes continúan hablando de un escándalo de grandes proporciones. ¿Qué opina?

 

A esta altura es evidente que la oposición ha hecho de este episodio el centro y la razón de ser de su actividad política. Y también queda claro que la ferocidad de los ataques de los cuales son objeto Fernando Calloia y Fernando Lorenzo no tiene vínculo alguno con los datos que la realidad, tozuda, informa día a día. No importan las trayectorias personales, no interesa el compromiso demostrado con la defensa de los intereses nacionales y, ahora, tampoco importan los sucesivos dictámenes de los órganos especializados que contradicen sus afirmaciones. Todo lo ignoran olímpicamente en aras de la campaña política en la cual están inmersos. No importa la verdad, solo importa desacreditar al gobierno. Fíjese usted lo sucedido en la interpelación al canciller Almagro (ver página 3). El senador Heber le reclamó una y otra vez, todo el día, que por qué el canciller no se comunicó con el Partido Nacional. Y ahora nos enteramos que sí se lo llamó y que Heber, por mensaje de texto, contestó “Almagro, Heber no atiende”. Una burla, un bochorno. Con el tema del aval es lo mismo, no importa la verdad, solo interesa erosionar y erosionar, al gobierno o a sus ministros.

 

¿A qué se refiere?

Me refiero, por ejemplo, a que si el senador Larrañaga afirmó que “el BROU incumplió normas referentes a la Ley de Seguros” y habla de una “manifiesta ilegalidad”, lo primero que tiene que hacer, cuando el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros dice lo contrario, es reconocer que se equivocó. Así de simple. Porque, de lo contrario, o miente o desconoce el accionar de una institución que tanto costó reconstruir. Fíjese que mientras la propia Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) reconoció el dictamen del BCU, la oposición sigue agitando fantasmas; no importa la verdad, importa desacreditar.

Pero el episodio en torno a la garantía de cobro obtenida por el BROU deja en evidencia cuestiones mucho más graves en cuanto al accionar de la oposición.

¿Es decir?

Me refiero a que durante dos semanas el presidente del BROU fue, pretendidamente, puesto en ridículo en base a información proporcionada al semanario “Búsqueda” por parte de “directores del BCU y BROU”, como lo dice explícitamente el semanario en su última edición. Aludo a la ridícula acusación de la cual fue objeto el BROU, en el sentido de que había admitido su propia dirección como la de la empresa Cosmo. Luego del informe del BCU y ante la necesidad de reconocer su error, el semanario pretende exculparse planteando que sus fuentes fueron, por dos veces, “directores del BROU y el BCU”. Insólito.

¿Se da cuenta de la gravedad del tema? Existe la presunción de que un director del Banco Central, que fue designado en función de un elevado concepto de política de Estado, le pasó información a los medios, y además información equivocada. Un verdadero escándalo que muestra el concepto de lealtad institucional con el cual la oposición ha manejado en todo este episodio, que no le importa en nada comprometer la reputación de seriedad ganada, a base de esfuerzo, como es la del BROU.

¿Y en relación a las denuncias de incumplimiento de normas antilavado en el otorgamiento del aval?

Lo mismo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) analizó el tema y concluyó que no hay elementos que sugieran vinculación con un caso de lavado de activos y dispuso el archivo. Después de sembrar dudas de todo tipo y color, la oposición, nuevamente, no se da por aludida. A no ser que opte por desprestigiar a instituciones que se han ganado un lugar de prestigio internacional por su desempeño en las tareas de control. Tareas que, por cierto, brillaban por su ausencia cuando la oposición gobernaba, en soledad, el BCU.

El senador Larrañaga grita a los cuatro vientos que el ministro Lorenzo le retacea información.

En primer lugar, Larrañaga no dice que el ministro Lorenzo puso toda la información a disposición de la Justicia. Y lo hizo sin ir en delegación al juzgado con sus compañeros de la fuerza política, como sí lo hicieron, y reiteradamente, los senadores blancos. A todo esto, me gustaría saber por qué se considera que se está ejercitando una presión indebida sobre los jueces cuando quienes se manifiestan ante un juzgado son trabajadores, y no se mantiene el mismo criterio cuando una bancada de senadores acude en pleno a un juzgado. Ese sí que es un tema delicado, la presión que se ejerce a la Justicia. En segundo lugar, Lorenzo no le dio a Larrañaga aquella información que, aconsejado por los abogados del Ministerio, entendió que podía violar aspectos del secreto profesional. Información que, dicho sea de paso, apareció en la prensa que opera con la oposición a la mañana siguiente.

 

Finalmente, ¿qué reflexión le merece todo este panorama de denuncias lanzadas unas tras otras sin solución de continuidad?

Acá nadie se plantea limitar de forma alguna la libertad de expresión ni, tampoco, deslegitimar la lucha política. Pero es absolutamente necesario exigir responsabilidad en sus denuncias a la oposición y lealtad institucional a los jerarcas designados por ella. Mire, si la oposición quiere hacer de una subasta de siete aviones el gran y único tema del devenir nacional, está en su derecho. Nosotros, mientras tanto, continuamos transformando el país. Y confiamos en el buen criterio de la ciudadanía a la hora de asignar méritos y responsabilidades.

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