editorial

Garantizando los derechos de todos

Desde estas páginas nos hemos pronunciado inequívocamente a favor de no criminalizar a la mujer que desea interrumpir el proceso de gestación.

No vamos a reiterar aquí todos y cada uno de los contundentes argumentos manejados por los partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí nos parece pertinente recordar la postura del doctor Julio María Sanguinetti al respecto:

“Nadie podría discutir que el aborto es una derrota, algo no deseable. Pero el hecho social está, y la pregunta, entonces, es si a esa mujer que, llevada por la desesperación, interrumpe su embarazo, hay que declararla homicida y condenarla. Habrá que seguir batallando para que no sea así, procurando civilizar hábitos y seguir emancipando a la mujer de las consecuencias no queridas de su sexualidad.

Porque la vida, después de todo, no puede ser fruto de la casualidad o la resignación, sino de la voluntad y el amor. La fatalidad de los hechos no debería nunca imponerse a las opciones de la libertad”.

Por otro lado, el diputado Fernando Amado –que votó en contra por disciplina partidaria– fue claro al expresar: “hay dos tipos de sociedades que condenan el aborto: las que tienen un poder religioso tan fuerte como para someter las libertades al dogma, como las musulmanas, o las democráticas pero hipócritas, como la nuestra”.

Aunque la ley establece que todos los prestadores de servicios de salud deben brindar el asesoramiento y la atención a sus socias, se ha preservado el derecho de los profesionales del área a plantear una objeción de conciencia por razones científicas, filosóficas o religiosas. Al mismo tiempo, también se ha previsto la posibilidad de que las instituciones cuyos principios están en colisión con la interrupción voluntaria del embarazo planteen su “objeción de ideario”. De ahí que resulta falso decir que la ley obliga a todas las mutualistas a practicar abortos.

Así como la ley consagra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, también vela por los derechos de quienes se oponen al aborto. Es la manera de garantizar al máximo la libertad individual y el respeto por todas las creencias. Es así que los prestadores privados que se opongan a brindar el servicio aduciendo convicciones y principios contrarios al aborto, podrán tercerizar el servicio y derivar a la socia a otro prestador.

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