editorial

Ejercicio de democracia directa

Todas las democracias modernas son democracias representativas; es decir que no es el pueblo (el conjunto de los ciudadanos) el que gobierna directamente, como ocurría en la antigua Grecia cuando el demos se reunía en el ágora para ejercer el gobierno de la polis.

Esa forma de democracia directa es impracticable cuando el número de ciudadanos excede con mucho la posibilidad de reunirse en algún lugar físico donde discutir y decidir. De ahí que la democracia ha dejado de ser directa para asumir la forma de representativa: los ciudadanos participan en la vida política a través de los partidos, de organizaciones sociales, de gremios y de otros ámbitos naturales de discusión; pero también participan eligiendo a los gobernantes, en quienes delegan las potestades de ejercer el gobierno.

Se llama democracia representativa precisamente porque el gobierno es ejercido por los representantes del pueblo. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos departamentales (el Poder Judicial no porque los magistrados no son elegibles) son ejercidos por ciudadanos elegidos mediante el voto secreto, y gobiernan en nombre de sus mandantes.

No obstante, en todos los regímenes democráticos la Constitución prevé instancias de democracia directa: plebiscito, referendo, iniciativa popular. En tales casos, el pueblo es convocado a pronunciarse sobre algún asunto determinado, y puede revocar decisiones de los gobernantes.

En Uruguay tenemos unos cuantos antecedentes de consultas a la ciudadanía. Por ejemplo, cada nuevo texto constitucional es sometido a la aprobación de la mayoría de los ciudadanos; y existe también el recurso de referendo contra las leyes aprobadas por el Parlamento y promulgadas por el Ejecutivo, para lo cual se exige un cierto porcentaje de ciudadanos que firmen a favor de la iniciativa. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la Ley de Empresas Públicas votada bajo el gobierno de Lacalle, la Ley de asociación de Ancap con privados, fueron actos de gobierno cuestionados por un cierto porcentaje de ciudadanos y sometidos al veredicto popular; la Ley de Caducidad fue confirmada, mientras que las otras resultaron rechazadas.

Por estos días, luego de la aprobación de la despenalización del aborto, se lanzó una campaña de recolección de firmas contra la nueva ley. En principio, está claro que quien firma está en contra de la norma. No obstante, el espíritu democrático de buena parte de los ciudadanos lleva a muchos a firmar el recurso aun estando de acuerdo con la ley, pues entienden que de esa forma están habilitando la consulta, es decir, están posibilitando que la ciudadanía se pronuncie.

En este caso particular, muchos entendemos que, por tratarse de un asunto tan delicado, en el que juegan principios filosóficos o religiosos, lo más acertado es facilitar que el cuerpo electoral se pronuncie y que dé su veredicto final.

Volver arriba