Culminó el año judicial: el 24 se declaró inhábil

El inicio de la Feria Judicial Mayor, por la cual se suspende la actividad de las oficinas del Poder Judicial, se adelantó algunas horas este 2012, tras la decisión del máximo órgano del Poder Judicial de declarar como día inhábil el lunes 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad.

El lunes las oficinas funcionaron entre las 9.00 y las 11.00 horas, pero no se computó como día hábil para ningún plazo procesal. La decisión –que incluyó a todas las oficinas del Poder Judicial– fue adoptada “a efectos de dar seguridad jurídica a los operadores de la Justicia”, expresó la Corte.

La disposición implicó “congelar” por anticipado miles de expedientes en trámite en el Poder Judicial, entre ellos, varios de amplia repercusión mediática como los expedientes por el caso Pluna, la investigación por los ilícitos en la Armada Nacional, la indagatoria por presuntos contratos digitados en UTE y la caída del avión Air Class en las aguas del Río de la Plata.

 

Los cheques y el aval

La ruptura del contrato con Leadgate SA y el posterior cierre de Pluna SA dispuesto por el gobierno, fue uno de los hechos políticos del año. Sin embargo, el proceso posterior de subasta de los aviones por intermedio de un Fideicomiso, fue el tema central de las últimas semanas en los estrados judiciales, donde varios jerarcas del gobierno son indagados.

La primera denuncia penal por la asociación entre Pluna Ente Autónomo y Leadgate fue presentada en 2007 por el abogado Gustavo Salle, pero el caso fue archivado. Empero, la bancada de senadores del Partido Nacional decidió presentar una nueva denuncia ante los juzgados especializados en Crimen Organizado, para investigar la asociación entre el Estado y el inversor privado, y varios negocios desarrollados por la aerolínea.

La indagatoria tramitada por la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez incluyó la comparecencia ante la Sede del ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, el ex ministro de Transporte, Víctor Rossi, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entre otros jerarcas y ex jerarcas de gobierno. Cuando se retome la actividad judicial en 2013 deberán presentar testimonio otros jerarcas y, particularmente, la cúpula de Leadgate, entre ellos, el ex presidente del Directorio, Matías Campiani, y su gerente general, Jorge Lepra.

La comparecencia de Campiani no será su primera declaración ante la Sede, por cuanto a principios de setiembre debió prestar testimonio como indagado en el marco de una denuncia penal presentada por Ancap, por la entrega de cheques sin fondos para enfrentar la deuda de la extinta aerolínea con el ente petrolero. Ancap denunció que Campiani y sus socios entregaron los cheques a sabiendas de que no tenían fondos; el empresario aduce que cuando los cheques fueron librados no se presumía el cierre de la aerolínea dispuesto por el gobierno.

Sin embargo, el expediente más complejo es el tramitado por el otorgamiento por parte del Banco República (BROU) del aval bancario a Cosmo SA para participar en la subasta de los aviones de Pluna SA.

El próximo año implicará nuevas novedades, ya que la Sede tiene previsto interrogar al representante de Cosmo SA, Hernán Antonio Calvo Sánchez, y remitir un exhorto al ministro de Transporte, Enrique Pintado. Empero, uno de los hechos más destacados será el careo entre López Mena y el gerente de la División de Empresas del BROU. Además, la jueza De los Santos tramita un expediente por presuntos contratos digitados y sobrefacturación en licitaciones de UTE, cuya resolución también será en 2013, donde son investigados ex jerarcas del gobierno. La denuncia fue presentada por el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y refiere a varias licitaciones realizadas entre 2006 y 2011.

 

¿Y la Armada?

Otro caso relevante cuya resolución recaerá en 2013 será la indagatoria por ilícitos perpetrados en la Armada Nacional. La investigación, entonces tramitada por la jueza Graciela Gatti (hoy ministra de Tribunal de Apelaciones) derivó en el procesamiento en 2011 de cuatro oficiales, entre ellos, el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio, por irregularidades en el manejo de fondos.

 

ICIR, DDHH y Pluna

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) será un actor clave durante 2013, en virtud de su responsabilidad de definir las acciones de inconstitucionalidad contra cuatro normas impulsadas por el oficialismo: la implementación del ICIR, la Ley Nº 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado, y la ley que creó el Fideicomiso de Pluna SA y excluyó a los siete aviones del concurso judicial.

El novel ministro Julio Cesar Chalar deberá definir, tras la Feria Judicial Mayor, la legalidad de la Ley Nº 18.876 que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que pagan los propietarios de grandes extensiones de tierra y cuyos fondos son utilizados para reparar la caminería rural.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por propietarios (particulares y empresas), quienes alegan que la norma violenta la autonomía financiera de los gobiernos departamentales y que estipula una superposición de impuestos. Actualmente los recursos están empatados2 a2, por lo que Chalar tiene el voto decisivo.

La norma que restituyó la pretensión punitiva del Estado y extendió los plazos de prescripción de los delitos cometidos en la dictadura por el aparato represivo del Estado también fue cuestionada, por vía de acción de inconstitucionalidad. Los recursos fueron presentados por militares indagados en causas por violaciones a los derechos humanos. El fallo de la Corte será decisivo para determinar la continuidad de las investigaciones de los delitos cometidos durante la dictadura por el personal militar.

Por su parte, varias personas damnificadas por el cierre de Pluna SA y que presentaron sus reclamos en el proceso de concurso, reclamaron la inconstitucionalidad de la Ley Nº 18.931. La norma habilitó el remate extrajudicial (mediante subasta pública) de los siete aviones Bombardier de la aerolínea liquidada. Este hecho implicó que los aviones no formen parte del capital accionario de la empresa que será distribuido entre los acreedores de Pluna SA, tras el proceso judicial. En 2013, la Corte tendrá la palabra.

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