Se desestimó el pasaje a la justicia especializada en crimen organizado

BCU descartó falta de controles en aval del BROU

Según supo LA REPUBLICA, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU entendió a su vez que no hubo méritos para pasar los antecedentes a la justicia especializada en crimen organizado.

El análisis respondió a un pedido de informes remitido en el mes de octubre por el diputado Juan Manuel Garino de Vamos Uruguay.

Para el legislador colorado, el aval por U$S 13,6 millones otorgado por el BROU a la española Cosmo Airlines poseía características como para imputarla como “sospechosa”. En ese sentido, el legislador mencionó como uno de los elementos irregulares la falta de datos certeros sobre la identidad de Hernán Antonio Calvo Sánchez, único oferente en la subasta de los aviones de la ex Pluna. También afirmó que debió ser “una señal de desconfianza” para el BROU que “el primer administrador y director de Cosmo, Miguel Castro Marín, haya estado vinculado al mayor juicio penal por lavado y corrupción en la historia de España”.

Además, recordó que se dio el aval a una empresa con “evidentes indicios de carecer de capacidad económica para la adquisición de los aviones”. La denuncia de Garino mencionó también que Calvo Sánchez ocultó a quien sería el beneficiario final de la operación y también hizo referencia a los “vínculos laborales y de amistad” con el empresario Juan Carlos López Mena “que pretenden ser disimulados”. También advirtió sobre el hecho que el Brou no le haya prestado atención a las características de los bienes objeto de la operación. En el pedido, Garino también mencionó a la aseguradora internacional que otorgó el respaldo.

El pedido de informes, determinó a la UIAF a iniciar una investigación para determinar si el BROU debió reportar dicha transacción. Empero, finalmente, del análisis realizado no surgieron elementos de vinculación de las personas y los hechos denunciados con un caso de lavado de dinero o financiación del terrorismo. La decisión de otorgar el aval a la empresa Cosmo, a través de la aseguradora Boston, para subasta de los siete aviones propiedad de Pluna, ha sido cuestionada desde ámbitos empresariales y fundamentalmente políticos, y llevó incluso a legisladores de la oposición a pedir la renuncia del presidente del Banco República, Fernando Calloia.

Reportes sospechosos

De acuerdo con la ley vigente, las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay (BCU) deben informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) “las transacciones realizadas, o no, que (..) resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.

Segundo dictamen

El dictamen de la UIAF es el segundo pronunciamiento de una repartición del BCU en menos de 48 horas en relación al aval bancario otorgado a Cosmo. LA REPUBLICA había informado en exclusiva que dicha operación no era violatoria de la ley que regula los seguros, según una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. Esto es que la aceptación del Banco República de un aval otorgado por una aseguradora extranjera no viola el Artículo 2 de la Ley 16.426 que regula el mercado de los seguros según una resolución a la que accedió LA REPÚBLICA.

La resolución del BCU fue ante una consulta de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), que establecía que su opinión era contraria a la del Banco República sobre el tema y consultaba al respecto al organismo del BCU.

Además solicitaban que, de detectarse irregularidades, se sancione a los responsables con la “mayor severidad”, según destaca el documento de la Superintendencia de Servicios Financieros.

La resolución de la Superintendencia, firmada por el superintendente Juan Pedro Cantera, que se basa en un informe de la Sala de Abogados del BCU, establece que el proceder del Banco República no viola dicho artículo, que regula a los seguros que desarrollan la actividad de las empresas aseguradoras en el país.

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