opinión
En nuestro país, afortunadamente, el Estado tiene tres poderes claramente determinados: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La separación y el contralor entre los tres, son el sustento de nuestro sistema democrático e institucional.
Desde el Frente Amplio hemos defendido siempre esta separación, e incluso hemos impulsado varias iniciativas que profundizaran la independencia del ámbito de acción de cada uno. Nunca concebimos leyes -claramente inconstitucionales- que para permitir actuar al Poder Judicial exigieran el “permiso” del Ejecutivo, entre otras tantas vulneraciones, de las que fuimos, somos, y seremos enemigos.
Sin embargo, una cosa es lo que acabamos de enunciar y otra muy distinta la judicialización de la política. Nos referimos con esto a cuando la actividad política comienza a pasar, en forma desmedida e infundada, más por los juzgados que por los ámbitos políticos. Este fenómeno también es perjudicial para el sistema, casi tan malo como esas vulneraciones de las que hablamos en el párrafo anterior. En estas situaciones los jueces y fiscales pasan a ser los árbitros para zanjar lo que el sistema político por sí solo no ha sabido resolver, con el riesgo de producir un desgaste en la justicia y también en la política.
Debemos ser muy claros en esto, para evitar malas interpretaciones. Si hay irregularidades desde una acción política, o si se comete un delito, la intervención de la Justicia es necesaria e imprescindible, y debemos allanar todos los caminos para su acción, con la independencia que siempre ha caracterizado a la Justicia uruguaya. Otra cosa es que pasemos las discusiones, los debates, los necesarios intercambios de visiones y proyectos, a los ámbitos judiciales. Esto último, lejos de ser una actitud transparente, lo que termina es debilitando las instituciones, confundiendo los ámbitos y agrietando el sistema.
En estos días, en que hemos visto que se realizan denuncias sobre denuncias, que en el fondo no establecen qué es lo que se está denunciando, sino que se parece más a un traslado de los debates políticos y hasta incluso parlamentarios hacia los ámbitos jurisdiccionales, creemos oportuno levantar la mirada y reflexionar sobre el tema de fondo, sobre la necesidad de abordar cada tema en su ámbito adecuado.
Sin duda la relación entre sistema judicial y el sistema político es un equilibrio que debemos lograr en un sistema democrático. Sería deseable que desde el ámbito político actuáramos en nuestras propias áreas, sin involucrar al sistema judicial en las disputas políticas, y reserváramos para la justicia lo necesaria y estrictamente judicializable. No tengo dudas que ese equilibrio se logra cuando los políticos asumimos que tenemos nuestro propio terreno y que el sistema judicial no debe ser un campo para zanjar lo que la política no puede resolver.
Esta realidad nos atraviesa a todos los partidos políticos, ninguno está libre de cometer este tipo de errores, y por tanto sería una muy buena señal que todos reflexionáramos en este sentido, y actuáramos en consecuencia.
El diario deportivo Marca destaca al salteño Edinson Cavani como un súbdito del gol al haber anotado en poco tiempo, desde que entró el otoño europeo, 16 goles en todos los torneos, sumados los dos con la Celeste ante Ecuador y este último ante Polonia.
Con cinco medallas ganadas en el último Sudamericano de canotaje, Sebastián Romero apuesta a seguir creciendo y quiere prepararse para pelear por estar en Río 2016.
Trouville irá al Parque Batlle para enfrentarse con Tabaré a partir de las 21.30 horas. El conjunto dirigido por Mateo Rubio busca su sexta victoria consecutiva. Habrá dos duelos más en el mismo horario, que completarán la primera jornada de la 18ª fecha: Welcome- Sayago y Montevideo BBC- Bohemios.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti señaló que el estatuto del funcionario público data de la década del 40 y requiere ser “adaptado” a la realidad del país y puntualizó que los parlamentarios recibieron oportunamente al PIT-CNT y a COFE para atender sus inquietudes respecto al nuevo texto.
El presidente José Mujica sufre un principio de trombosis en su pierna derecha y se le recetó quietud absoluta e inyecciones anticoagulantes. Sin embargo, sigue trabajando en su domicilio. Hace 8 años sufrió un problema similar en su pierna izquierda.
El sociólogo Rafael Paternain se manifestó “escéptico” en cuanto a que el proyecto de reforma constitucional para bajar la edad de responsabilidad penal adulta a 16 años no obtenga los votos necesarios para su aprobación. Dijo que se ha consolidado una hegemonía conservadora en el campo de la seguridad.
koto
14 noviembre, 2012
10:03
La justicia deberia tener su propio sistema de investigación, algo que siempre se propuso y jamas se alcanzó,la famosa “voluntad politica”(ganas seria la palabra común, y control partidario es la escondida razón, pura politica de la baja, en el fondo).
Es que la independencia de poderes garantiza el control cruzado (enseñanza desde la teoria burocratica, tan mal difundida, pues se le acusa del error por su aplicación desde malos mandos superiores y medios), y cuando las corporaciones no miden sus desmadres, como se corrigen? mediante el arbitraje externo y objetivo.
Los tribunales de etica entre pares sabemos que se autoprotegen (o canjean favores) lo demuestran en la salud o hasta el propio frente en sus actuaciones administrativas.
El final, Xavier, es mas de lo mismo. Ya hay demasiadas reflexiones, falta acción sobre el error, no diagnostico. Y, cuando no se tiene la herramienta, se la crea, o se la inventa, no se esconde o se paraliza para que no actue, por muy pobre que esta sea
Armando Muniz
14 noviembre, 2012
10:07
QUIERO COMENTAR SOBRE ESTAS PALABRAS DE LA PRESIDENTA: “Si hay irregularidades desde una acción política, o si se comete un delito, la intervención de la Justicia es necesaria e imprescindible”. DE ACUERDO. VEAMOS LO SIGUIENTE: Constitución de la República – art. 253. La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra. Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria.
Ley Nº 18.650 LEY MARCO DE DEFENSA NACIONAL– Montevideo, 19 de febrero de 2010
Artículo 28.- Dispónese que sólo los militares pueden ser responsables del delito militar. Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.
AL RESPECTO LA REPUBLICA INFORMO EL 25 DE MARZO, QUE EN EL BATALLON RINCON, HABIA MILITARES CITADOS POR VIATICOS Y PAGOS IRREGULARES Y HUBO SANCIONES Y TRASLADOS. ESTO NO ES UN DELITO MILITAR Y SIN EMBARGO LA JUSTICIA ORDINARIA ESTUVO MUY LEJOS DE ACTUAR. ¿ESTOS CASOS NO LE CONCIERNEN A LOS FISCALES?