Asesora admite “reductos” de violaciones a DDHH en cárceles

La presentación del libro “Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomendaciones y propuestas”, elaborado por Serpaj y el Observatorio del Sistema Judicial, fue el disparador de un debate en torno a la realidad del Sistema Penitenciario en Uruguay y sus desafíos.

En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”.

Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”.

Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.

En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema.

En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.

Cambiar paradigma

El director del Sirpa, Robert Alonso, afirmó que el organismo promueve un “cambio de paradigma” en relación al sistema de responsabilidad penal juvenil, tras “un siglo de discurso criminalista”. “Fueron muchos años de ese discurso que todavía cala muy hondo en nuestra sociedad”, que promueve la “estigmatización”, expresó Alonso.

El jerarca señaló la necesidad de impulsar una “visión alternativa”, que “intente reducir los niveles de violencia con el adolescente y evitar su desocialización”, así como trabajar en la responsabilización de los jóvenes. “Que el adolescente se responsabilice por lo que realizó”, afirmó.

Por su parte, la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guianze, aseguró que el objetivo es promover “una mirada mucho más amplia, que no abarque solo el mero control de los lugares de reclusión y las personas privadas de libertad”, sino sus efectos en toda la sociedad, como en los guardiacarceles y el entorno familiar de los reclusos.

En este sentido, la Inddhh bregó por una reforma de la administración del sistema de Justicia Penal, promover la utilización de la prisión preventiva no como regla, la definición de políticas criminales acorde a los estándares internacionales y el fortalecimiento de la Defensa Pública, afirmó Guianze.

Objetivo: reforma integral

El jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán, afirmó que el objetivo es impulsar “una reforma integral del sistema que suponga una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”. “Una persona privada de libertad solo pierde, como resultado de su encierro, la libertad de movimiento, pero ningún otro derecho, de modo que dentro de los centros de privación de libertad todos los demás (derechos) deben estar vigentes”, dijo Montalbán.

“El respeto de los derechos humanos en los centros de reclusión es la única forma para lograr reducir los altos niveles de violencia interna. Su no respeto hace de las cárceles espacios de alto riesgo, donde motines, violencia extrema y muertes se convierten en norma y no excepción, y donde la inseguridad ciudadana se retroalimenta y se fortalece”, señaló.