comisionado garcé

Menos garantías en defensa

Garcé explicó que “el error judicial” es una posibilidad que está presente en todos los procesos y que tiene una incidencia histórica, pero “en los últimos años” se constató algunos “errores” en cuanto a la valoración de la prueba y la falta de atención al diligenciamiento de pruebas solicitadas por la defensa de personas indagadas.

“Esto no es una crítica y lo digo con el mayor respeto por la independencia de los magistrados, pero en el último tiempo hemos visto que advertencias de la defensa y solicitudes de prueba no son debidamente tenidas en cuenta antes de un decreto de procesamiento y prisión”. “A la defensa en el proceso penal le cuesta incidir (lo cual) termina con el procesamiento de personas que, o no estaban en el lugar el día del hecho o no existe la plena prueba de que así fuera”, afirmó Garcé a LA REPÚBLICA.

El comisionado señaló que esta situación se constató en algunos procesos por delitos contra la propiedad, como la rapiña, y algunos delitos sexuales, como el atentado violento al pudor, “donde la prueba depende únicamente de la valoración de las declaraciones y no tanto de otras situaciones de carácter objetivo”.

En este sentido, Garcé estimó que una de las explicaciones de esta situación sería la “sobrecarga de trabajo en algunas sedes judiciales”, lo cual puede conspirar contra la producción y el desarrollo de determinadas pruebas. “No se agota la etapa de diligenciamiento de la prueba o queda diferida, pero la persona ya está presa”, dijo. Incluso, Garcé llegó a presentar escritos en varios casos recomendando el diligenciamiento de las pruebas pendientes.