ajustes y proyectos

Leyes de seguridad ciudadana se votarían antes de fin de año

El 15 de diciembre terminará el período legislativo que está en curso y comenzará el receso de verano, y desde la bancada oficialista se ven varias luces amarillas encendidas, porque advierten que los tiempos parlamentarios se acaban si es que, como dicen, quieren ver sancionados o en el peor de los casos aunque sea aprobados por una de las dos cámaras, varios proyectos de ley que son considerados sustanciales para el gobierno.

La ley de faltas a la convivencia ciudadana; la que repara económicamente a personas víctimas de la violencia, la que crea un nuevo organigrama en el funcionariado público; la que regulará el mercado de la marihuana; la de internación compulsiva. Estas son algunas de las iniciativas legales que tienen algo en común: todas tienen origen en el Poder Ejecutivo y no en el Parlamento, y todas giran en el eje de la seguridad pública.

Hay otros proyectos claves para el gobierno vinculados a lo educativo como la creación de nuevos centros de enseñanza, pero ellos están más demorados, fruto de discrepancias en el marco de los acuerdos multipartidarios.

Hoy viernes, en horas de la tarde, algunos integrantes de la bancada del Frente Amplio recibirán en el Parlamento a Charles Carrera, el director nacional del Ministerio del Interior, para ajustar y revisar varios de los artículos de los proyectos referidos a la seguridad pública de los que los legisladores no comparten su contenido.

El diputado José Bayardi señaló anoche a LA REPÚBLICA que se espera una posición del Poder Ejecutivo que atienda los planteos de los legisladores sobre algunos conceptos de los proyectos remitidos últimamente.

Este diputado confirmó que la intención política del oficialismo es que para antes de fin de año, “todos los proyectos estén aprobados”.

A manera de ejemplo, la ley que propone una reparación a familias o víctimas de hechos delictivos está en punto muerto en el debate legislativo, en función de que no hay acuerdos en cuanto a la propuesta de que el beneficio pecuniario sea retroactivo. La fecha de la retroactividad tampoco está definida aunque hay dos opciones: hasta el 2005, año de asunción del primer gobierno del FA “o hasta el año 2010”, dijo Bayardi, año de asunción de la actual administración.

También se maneja en estas conversaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo la posibilidad de establecer un mecanismo pensionario a cargo del BPS, y no una reparación, para los casos pasados vinculados a la violencia, “y para adelante, sí establecer una reparación”.

Marihuana

Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Diputados sobre drogas y adicciones que analiza el proyecto de regulación de la marihuana, confirmó también a LA REPÚBLICA que “para la primera quincena de noviembre pensamos tener redactado el proyecto y derivarlo al plenario para su aprobación, antes que termine la legislatura”.

Del proyecto remitido por la Presidencia poco ha quedado de su forma original. La comisión ha transformado radicalmente la iniciativa del gobierno, aunque esto no preocupa porque esa era la intención, según adelantó en su momento el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Se propone crear un organismo que ejecutará la producción, la comercialización y el consumo del cannabis, y la Junta Nacional de la Droga se encargaría de regular la ley. Se atenderán los casos de consumo de marihuana para uso medicinal “y los beneficios que traen para el consumidor en estos casos”, dijo Sabini. También se anexa el autocultivo del cannabis.

¿Adiós a las cañitas voladoras?

El proyecto de ley de faltas y de cuidado, conservación y preservación de los espacios públicos, consta de 22 artículos. Se suprimen faltas como el “piropo indecente” y se crean otras disposiciones más aggiornadas, aunque la novedad pasa porque el castigo puede ser el trabajo comunitario en lugar de la prisión.

En uno de sus 22 artículos, el proyecto establece la prohibición del uso de fuegos artificiales y petardos.

“El que dentro de poblados o en sitio público o frecuentado disparare armas de fuego, petardos u otros proyectiles que causaren peligro o alarma y riesgo a la integridad física de las personas o de daño a bienes materiales” dice el artículo 8, será sancionado con “siete o treinta días de trabajo comunitario o prisión equivalente”.

 

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