editorial

El fin de una criminalización absurda

Por fin, al cabo de nueve intentos fallidos para terminar con una injusticia flagrante, el Uruguay ha saldado una deuda: el aborto ha sido despenalizado.

Nos apresuramos a sumar nuestra voz a la de quienes entienden que la ley sancionada en el Parlamento no colma las expectativas de los impulsores de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que se ha dado un paso –seguramente el primer paso– de enorme importancia en la adecuación de nuestra legislación penal a la realidad social.

El texto aprobado es producto de un acuerdo entre la bancada del Frente Amplio y el diputado del Partido Independiente Iván Posada, sin el cual no se habrían conseguido los votos necesarios en la Cámara Baja, y todo seguiría como desde hace 74 años, bajo la vigencia de una ley –catalogada de fascista por el senador Saravia– que no impidió que anualmente se practicaran más de 30 mil abortos clandestinos.

Como en toda negociación, las partes debieron hacer concesiones recíprocas para arribar a una solución de consenso; y es así que el diputado Posada introdujo restricciones al proyecto original que había sido aprobado por el Senado. La disposición más cuestionada del texto finalmente sancionado es la que obliga a la mujer que no desea continuar con su embarazo a someterse a una suerte de tribunal (que “paternalmente” la asesorará) y a observar cinco días de reflexión antes de ratificar su voluntad de interrumpir el proceso de gestación; dicha disposición resulta ser un menoscabo al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, al tiempo que pone en tela de juicio su aptitud para tomar cualquier tipo de opción en la vida en general, a no ser que se trate de elegir una determinada marca de detergente… Pero en fin, de lo que se trata ahora es de mirar el vaso y ver la mitad llena.

Con la sanción de esta ley (falta la promulgación por el Poder Ejecutivo, pero el presidente Mujica ya había anunciado su decisión de no vetarla), el país ha cerrado una etapa marcada por la hipocresía más detestable. Fueron 74 años durante los cuales la penalización del aborto no evitó su práctica, con el agravante de que los más de 30 mil abortos anuales se realizaban en forma clandestina con el consiguiente riesgo sanitario para las mujeres, especialmente para las más vulnerables, aquellas de contexto socioeconómico desfavorable, lo que consagraba de hecho una odiosa discriminación social.

Más allá de estas consideraciones y de la discusión acerca de si el óvulo fecundado es simplemente una expresión de vida o si se trata ya de una persona titular de derechos y obligaciones, el hecho es que el aborto nunca fue percibido realmente como un delito por la sociedad, incluso por parte de quienes siempre se opusieron a su despenalización. Esta última afirmación se verifica en el hecho de que nadie nunca denunció a una mujer que se hubiera practicado un aborto; cada uno de nosotros, casi sin excepción, conoció algún caso de aborto entre personas de su familia o de su entorno de relaciones, y a ninguno se le ocurrió presentar una denuncia penal en su contra.

El país se ha dado un baño de sinceridad y ha dado un golpe formidable a una de las formas más abyectas de la hipocresía.

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