EDUCACIÓN EN EL PERÍODO 2005-2009

Un quinquenio de realizaciones

LA REPÚBLICA del 2 de setiembre publicó un artículo del senador Pedro Bordaberry titulado “Recuperemos los cinco años perdidos”, en que hace referencias negativas a la gestión de la educación pública preuniversitaria en el período 2005-2009, durante la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, a quien atribuye la responsabilidad de un supuesto deterioro de la educación uruguaya.

Quienes suscribimos esta nota ocupamos durante esa etapa cargos en diferentes niveles de responsabilidad en la ANEP y nos hemos sentido no solo aludidos sino también ofendidos por las consideraciones del senador que concluyen con estas palabras: “debemos trabajar mucho para alcanzar por lo menos las cifras del 2004 y recuperar los cinco años perdidos durante el período de gobierno pasado”.

Rechazamos la responsabilidad que se nos atribuye al calificar al quinquenio pasado de “años perdidos”. Requerimos del alto funcionario público más consideración por el trabajo ajeno y sobre todo mayor respeto por la verdad. Afirmamos nuestra sincera convicción de que en el quinquenio 2005-2009 la educación pública experimentó importantes progresos cuantitativos y cualitativos. A título de ejemplo, cabe mencionar las siguientes realizaciones:

1) Una conducción democrática y participativa que se tradujo en: una sensible superación del clima de malestar institucional anteriormente imperante; el trabajo coordinado de los diferentes consejos; la elaboración en equipo del plan estratégico institucional; la incorporación de representantes de las Asambleas Técnico Docentes a los órganos de dirección del ente; y la integración de delegados docentes y estudiantiles a las comisiones de trabajo de los distintos niveles educativos.

 

2) La gestión racional, eficaz y transparente del presupuesto asignado a la ANEP (incrementado del 2,4% al 3,1% del PBI, en el periodo), que logrando una ejecución del 99%, permitió instrumentar nuevos programas, crear cargos indispensables, reducir de 29 a 25 el número de alumnos de escuelas urbanas por docente, construir y reparar locales, implementar campamentos educativos, equipar laboratorios y talleres, comprar libros para los estudiantes, y aumentar el salario real de docentes y auxiliares en 39,4% y 76% respectivamente.

 

3) Mejoras de la calidad y pertinencia social, documentadas por: la expansión de la educación inicial hasta incorporar el 100% de los niños de 5 años y el 94.5% de los de 4 años; el incremento de 102 a 132 escuelas de tiempo completo; la reducción de la tasa de repetición general en primaria que pasó de 8,6% en 2004 a 6,3% en 2009; la universalización de la educación física en las escuelas, con la incorporación de más de 1.000 profesores; la extensión de la práctica de deportes en secundaria a cerca de 100.000 jóvenes y la implementación de 8 carreras cortas tecnológicas para las áreas forestal, cárnica y agro-energética, entre otras, en colaboración con la UdelaR.

4) La concepción e implementación de “políticas educativas transversales” pensadas para “impactar en todos los niveles del sistema educativo, con el fin de mejorar las condiciones de enseñanza en temáticas de alta relevancia social” y plasmadas en el programa de derechos humanos, la enseñanza de la historia reciente, la inclusión de educación sexual en todos los planes de estudio y el programa de políticas lingüísticas.

5) La creación (en articulación con el Mides, MEC, MSP, LATU y Presidencia de la República), de los programas de: Maestros Comunitarios (334 escuelas), Aulas Comunitarias (18); Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (74 liceos); Formación Profesional de Base (29 escuelas técnicas) y la implementación de los componentes educativos del Plan Ceibal.

6) La actualización de los planes de estudio de todos los niveles educativos; la activa participación en el Debate Educativo de 2006; la institucionalización de los proyectos que recibían financiamiento externo; y la elaboración de las bases de un plan de desarrollo educacional a largo plazo (2010-2030).

7) La instrumentación del Plan Nacional Integrado de Formación Docente, acompañada de la creación del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), que habilitó, por primera vez en la educación pública, cursos de posgrado en colaboración con la UdelaR.

Al hacer pública la enumeración que precede, incompleta por razones de espacio, declaramos que no nos mueve el propósito de abrir una polémica sobre los métodos del Sr. Bordaberry, a quien reconocemos el derecho de apoyar su carrera política en la crítica a sus eventuales adversarios. Nos sorprende, sí, su persistencia en servirse de los temas educativos para tales propósitos, menospreciando la obra efectivamente realizada, a la vez que olvida que la responsabilidad de las políticas y la gestión educativa corresponde según la Constitución a la ANEP, ente autónomo, y no al Poder Ejecutivo.

 

(Esta respuesta está firmada, además, por Arlas, Margarita; Barboza, Oruam; Cerrutti, Stella; D´Elía, Lilián; Fernández Val, Walter; García, Marisa; Gil, María Inés; Klein, Gustavo; Pucci, Herminia; Sales, María Teresa).