“¿Cómo oponerse a un avance por más tímido que el mismo sea?; sería inadmisible”

Lo Posible

Tampoco es el proyecto que aprobó el Parlamento en la legislatura pasada y que luego sufriera el veto del Poder Ejecutivo. Siempre que una mujer decidida a interrumpir su embarazo pueda contar con una orientación clara sin ser criminalizada y eventualmente recibir el tratamiento indicado, estaremos apoyando la norma que lo garantice. Pero ¿cómo oponerse a un avance por más tímido que el mismo sea?; sería inadmisible.

No existe la menor duda que sólo con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo es que podemos encarar una legislación garantista. Pero como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades el sistema político parlamentario viene atrás de lo que la totalidad de las encuestas de opinión pública indican.

Cuando vamos a la norma legal vigente -Ley Nº 9.763 del 24 de enero de 1938- que comienza expresando “declarase delito el aborto…” y que, “la mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión de tres a nueve meses”, tenemos muy claro la necesidad de derogar una norma tan injusta y anacrónica.

El proyecto en consideración propone en su artículo segundo la no aplicación de los artículos del Código Penal, 325 (aborto con consentimiento de la mujer) y 325bis (aborto realizado por un tercero con el consentimiento de la mujer), siempre y cuando la interrupción se realice antes de las doce semanas de gravidez y se cumpla con los requisitos que se establecen en el resto del proyecto. Dichos requisitos, sin duda restringen la posibilidad de interrumpir el embarazo solamente a la mujer que acuda a la consulta ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, que alegue ante el médico que situaciones de penuria económica, sociales, familiares, etáreas, o de las circunstancias derivadas de las condiciones en que sobrevino la concepción, le impidan continuar con el embarazo.

La Ley Nº 18.426 de Derechos Sexuales y Reproductivos crea los equipos interdisciplinarios a los cuales este proyecto les encomienda derivar a la mujer que consulta. Este equipo “deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Se trata de que estos equipos sirvan para una verdadera orientación y no para una estigmatización, tema sobre el que habrá que ver detenidamente la reglamentación y sobre el cual quienes estamos trabajando por consagrar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, debemos seguir trabajando.

La mujer debe reflexionar durante un mínimo de cinco días y si ratifica su decisión de interrumpir el embarazo, de inmediato se procederá a su realización. De forma expresa – artículo 4 literal e- define como uno de los deberes de los profesionales, el que deberán “abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción…”.

Serían muchos los argumentos y las posibilidades de extendernos sobre los quince artículos que contiene el proyecto pero creemos que es el proyecto posible y no el deseable. Lo que queda claro es que nuestra tarea como legisladores es en primer término acortar la brecha entre la norma y el conocimiento que los ciudadanos tengan de la misma y en segundo lugar ser todas y todos, usuarios vigilantes del cumplimiento de la misma.

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