Editorial

La psicosis de la inseguridad

A riesgo de parecer reiterativos, nos vemos obligados a insistir en el delicado asunto de la minoridad infractora o, como prefieren llamarlo los organismos defensores de derechos humanos, de los “niños y adolescentes en conflicto con la ley penal”.

Mientras sigue y se aviva la polémica por el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, un fallo judicial de segunda instancia vino a introducir un nuevo elemento que divide a la opinión pública: un comerciante que hace tres años fue asaltado, que disparó contra los delincuentes matando a uno de ellos y que había sido absuelto por el juez penal por tratarse de una legítima defensa, resultó condenado por el tribunal de alzada, que desestimó –con sólidos argumentos– la legítima defensa.

El hecho permite calibrar hasta qué punto la inseguridad que vive el común de la gente lleva a ver en cada joven a un delincuente, y en cada delincuente un enemigo público número uno al que es preciso eliminar sin miramientos pues constituye un peligro para la sociedad.

En este clima, cuando se reclama cada vez con mayor insistencia el derecho a estar armado y se tambalean valores y principios otrora sagrados, no solo la propuesta de bajar la edad de imputabilidad sino la eventual iniciativa de reimplantar la pena de muerte no sería mal recibida por una considerable porción de la sociedad.

La legítima defensa es un eximente o, al menos, un atenuante previsto en la ley penal, para aquellos casos extremos en que alguien mata a otro porque verdaderamente su vida estaba en peligro. Pero el temor y la ira de la población ante el incremento de la violencia delictiva van llevando poco a poco, insensiblemente, a justificar actos de represalia equiparándolos a situaciones de legítima defensa.

No es nuestro propósito pronunciarnos sobre los fallos judiciales a que aludimos más arriba, aunque la contundencia argumental del Tribunal de Apelaciones confirma que no se configuró la legítima defensa. Y debemos alertar sobre la ligereza con que la opinión pública toma partido irreflexivamente sobre un hecho sumamente delicado y doloroso.

Para que se configure la legítima defensa, es preciso que se den ciertas condiciones: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Nadie duda de que un individuo que es asaltado está siendo víctima de una agresión ilegítima, y que, ante la amenaza con un arma de fuego, es legítimo repeler la agresión con el mismo medio. Empero, cuando un comerciante es víctima de una rapiña y dispara al rapiñero luego que este cometió el hurto y está huyendo, no se configura la legítima defensa. Por más que sea una reacción explicable, ya no se trata de defender su integridad física sino de reprimir un delito ya cometido; se parece más a una venganza que a la defensa de su vida o de sus bienes.

Reiteramos que no nos pronunciamos sobre el caso concreto del comerciante en cuestión. Simplemente, estamos advirtiendo de un peligroso sentimiento que se va extendiendo en la población y que apunta a hacer justicia por mano propia.