Inoperancia de las medidas represivas

Dedicamos nuestro editorial del miércoles pasado a traer nuevamente al tapete e instalar en el debate el más que delicado problema de la delincuencia y de la minoridad infractora.

A riesgo de resultar reiterativos, creemos del caso insistir, una vez más, en que las “soluciones” sugeridas por los sectores conservadores no solo vulneran derechos humanos elementales sino que, además, no resuelven el problema; no son una herramienta eficaz para erradicar el mal que desean combatir. Dichas “soluciones” se basan en una peculiar visión de la realidad social y en una ideología de neto corte reaccionario. Aplicando un razonamiento que responde a una lógica pueril, no proponen otra cosa que profundizar la represión: al incremento de la delincuencia, la primera idea que surge es incrementar el rigor punitivo.

En esa línea se inscribe la iniciativa del Partido Colorado (apoyada por una mayoría del Partido Nacional) de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años; sostienen que el derecho penal juvenil se revela demasiado blando y los jueces, demasiado indulgentes. “La Policía los detiene y el juez los deja en libertad”, es una frase recurrente en la población, junto con esta otra: “Los recluyen en un hogar del INAU y al día siguiente se escapan”. La derecha política se muestra sensible a esa percepción que tiene la población y apunta sus propuestas en ese sentido, desoyendo el cúmulo de opiniones de especialistas que rechazan la represión y el castigo como medio idóneo de combatir la delincuencia.

Al respecto, bueno es recordar lo dicho por Pablo Galain Palermo, investigador del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, Freiburg, Alemania: “El problema de la inseguridad es moneda corriente en Uruguay, principalmente, aquella que tiene como causa los delitos violentos cometidos por menores de edad. Los políticos hacen política desde hace meses con estos miembros de las clases más bajas de la sociedad, infanto juveniles excluidos del contrato social y sin perspectivas de futuro, a quienes pretenden hacer ingresar al sistema penal de adultos, con el único fin de custodiarlos mejor; nada más se ha debatido públicamente; la sociedad uruguaya, sus actores, poco y nada dicen sobre la responsabilidad que les incumbe por la creación de estos ‘nuevos monstruos’ que amenazan la tranquilidad y algunos bienes jurídicos penales”.

Se pregunta, entonces, Pablo Galain: “¿En qué argumentos científicos, dogmáticos, estadísticos o históricos (racionales, no políticos) se basan quienes sostienen que el fenómeno de la delincuencia y la violencia ejercida por menores se resuelve bajando la edad de imputabilidad y por medio del derecho penal? Además, ¿quién puede sostener que el sistema penal uruguayo es eficaz en materia de prevención o reeducación?”.

Así las cosas, parecería que la única preocupación de los sectores conservadores es que esos “nuevos monstruos”, producto de la desestructuración de la sociedad, no perturben la tranquilidad de los ciudadanos honrados. Y para ello, la única alternativa es encerrarlos, marginarlos de la vida social, recluirlos no importa cómo ni en qué condiciones para garantizar que no sigan cometiendo sus fechorías. Las cárceles se convierten, así, en meros depósitos de delincuentes y se alejan cada vez más de su cometido constitucional de reeducar al infractor para reinsertarlo en la sociedad.

El asunto es demasiado importante y merece un debate serio y desapasionado como ha propuesto el Frente Amplio.