ENTRE LA CONVICCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD

Debates sobre la despenalización del aborto

EL proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se votará en la Cámara de Diputados el próximo 25 de setiembre, con base en un acuerdo inter-partidario entre legisladores del Frente Amplio y el diputado Iván Posada del Partido Independiente. El proyecto despenaliza el aborto dentro de las 12 semanas de gestación en aquellos casos en que la mujer exprese su voluntad en forma libre y que cumpla con una serie de requisitos: una consulta inicial con un médico ante quien planteará su voluntad; la entrevista inmediata con un equipo multidisciplinarlo integrado al menos por un médico ginecólogo, un profesional de salud psíquica y un/a profesional del área social. A partir de allí, tienen que pasar cinco días después de los cuales si la mujer ratifica su voluntad se procederá a ello en forma inmediata. En los casos de violación, el plazo para la realización de la interrupción se extiende a catorce semanas.

Las instituciones del sistema nacional integrado de salud están obligadas a cumplir con esta ley, garantizando la calidad y el respeto en la atención de la usuaria, en congruencia con las disposiciones vigentes. Las personas – individualmente -, podrán interponer objeción de conciencia o revocarla en cualquier momento, teniendo este acto validez para todas y cada una de las instituciones públicas o privadas donde desarrollen funciones. El proyecto habilita sin embargo a que aquellas instituciones que, a la fecha de promulgación de la ley tengan objeciones de ideario, puedan acordar con el Ministerio de Salud Pública, dentro del marco de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud los mecanismos pertinentes para hacer efectiva la voluntad de la usuaria.

Este debate tendrá múltiples interpretaciones y perspectivas; señalemos solamente algunas en función de las restricciones de espacio.

El acuerdo logrado posterga aspiraciones muy relevantes del proyecto que tuvo media sanción en el Senado y que por supuesto no conforma a quienes lo apoyamos. Sin embargo, creemos que mejora las condiciones actuales establecidas en la ley vigente de 1938. En el proyecto del Senado (y en todos los anteriores presentados en el curso de estos últimos 20 años) se establecía el derecho de toda mujer mayor de edad a decidir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las doce semanas. El proyecto actual mantiene el delito aunque suspende su penalización a quienes cumplen las condiciones antes señaladas. En nuestra opinión, su aplicación tendrá problemas de eficacia fundamentalmente en el sector de población más vulnerable; aquellas mujeres más sometidas a estructuras de dominación de género en su entorno; a quienes tienen menos posibilidades económicas de acercarse a un centro de salud dos veces en cinco días, a quienes están sometidas a situaciones de violencia intrafamiliar o de género. Sin embargo, creemos que igual significa un avance por cuanto genera condiciones para disminuir riesgos y reducir daños en un número importante de mujeres.

Otro factor positivo es que restringe o elimina el “mercado negro” organizado en torno al aborto. Si bien los cambios técnicos hacen que las nefastas clínicas abortivas prácticamente desaparezcan, se ha generado un mercado negro de misoprostol que rodea las puertas de las instituciones de salud. He recibido en mi despacho dos casos en los últimos días, de suministro ilegal de drogas adulteradas que han multiplicado el riesgo de las mujeres. La despenalización de esta práctica habilitará un mejor acceso a los recursos para proceder en forma segura a la tecnología correspondiente, al tiempo que algún mafioso más perderá parte de su negocio.

La decisión que parlamentarios y parlamentarias tenemos que asumir frente al aborto, es uno de esos actos que desde el punto de vista teórico Max Weber definía como “estrictamente político”. Es decir, un acto donde se confronta en forma expresa una decisión basada en la ética de la convicción o basada en la ética de la responsabilidad.

La ética o la moral son sistemas de valores particulares – individuales o colectivos -, pero que implican solamente a quienes comparten de forma libre y autodeterminada esos valores: un grupo religioso, un grupo social, un movimiento, etc. Puede haber y hay, obviamente, distintos sistemas de valores, distintas doctrinas filosóficas y distintas doctrinas religiosas.

Creo que la función del político es actuar con base en la ética de la responsabilidad, aun en desmedro de su opción individual, habilitando y generando las condiciones objetivas para el ejercicio de la libertad de todos los representados.