COMISIÓN
La Cámara de Diputados aprobará el próximo 25 de setiembre el nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La norma despenalizará el aborto antes de las 12 semanas, siempre y cuando la mujer consulte antes con un equipo multidisciplinario.
El texto definitivo, aprobado ayer por la “Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo”, supone el asesoramiento de un equipo multidisciplinario en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo.
La norma estipula la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gravidez. El médico dispondrá, entonces, una consulta con un equipo multidisciplinario, integrado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social, para asesorarla en torno a su decisión.
Cinco días de reflexión
“El equipo interdisciplinario deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”, dice el texto del proyecto, al cual accedió LA REPÚBLICA.
“En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”, agrega.
Tras consultar con el equipo multidisciplinario la mujer dispondrá de cinco días de reflexión para confirmar su decisión. En caso de decidir interrumpir el embarazo, el médico coordinará “de inmediato” el procedimiento que se oriente a “la disminución de riesgos y daños” para la mujer.
En este sentido, el diputado Iván Posada (Partido Independiente), autor del proyecto ley, consideró que el proyecto tiene “una actitud claramente a favor de la vida”. El equipo multidisciplinario aportará información “objetiva” sobre el proceso de interrupción del embarazo y las alternativas económicas y sociales que brinda el Estado, para que la mujer “asuma la decisión libre y responsablemente”, indicó Posada.
Conciencia
El proyecto establece la “objeción de conciencia” para los ginecólogos y el personal de salud, que por motivos filosóficos o religiosos decidan no intervenir en procesos de interrupción voluntaria del embarazo. Empero, la objeción no alcanza a las instituciones médicas.
En este sentido, “todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tendrán la obligación de cumplir” con la norma. Las instituciones que tengan objeciones de ideario, deberán coordinar con el MSP, para garantizar que sus usuarias accedan a estos procedimientos.
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