editorial

Consecuencia(s) democrática(s)

Una vez más, el Poder Ejecutivo pone de manifiesto su convicción consecuente y democrática de ubicar el tema del cuidado de la vida y la convivencia para su debate profundo en el seno de la sociedad.

Esto queda de manifiesto en la agenda cotidiana del ámbito político como signo del compromiso que deben asumir todos los partidos con representación parlamentaria, pero no se agota allí. Las fuerzas vivas de la sociedad también conforman las voces ciudadanas que desde su ámbito social particular contribuyen, ya, al debate capital del papel que nos toca desempeñar a todos los uruguayos en este tema. Hablo, entre otros actores, de la Udelar, del PIT-CNT y de la FEUU.

La estrategia por la vida y la convivencia no puede ser concebida como estrategia para reconstruir la sociedad. No puede reconstruirse desde el Estado un modelo social que alentó la desintegración, pauperizó la cultura y la educación, disgregó la integración familiar, exilió políticamente primero y económicamente después, a miles de uruguayos, condenó a la cárcel a niños y adolescentes que nunca pudieron asumir sus derechos y obligaciones ciudadanas.

Ese Estado que violó los Derechos Humanos durante la dictadura de 1973 a 1985, también vulneró los derechos más elementales, en el período democrático, de cientos de miles de uruguayos condenándolos al hambre, la miseria, la ausencia de cobertura sanitaria o educativa, expulsándolos del entramado histórico-social. Por esto, el concepto correcto no pasa por la reconstrucción. Hay que dar un salto cualitativo en la organización de la estructura social, que permita superar las terribles secuelas y desconfianza cosechada de muchas generaciones que padecieron aquellas políticas de Estado, imprimiéndose la lógica de la impunidad por sobre la lógica de la justicia.

Aquí está llamada a desempeñar un papel clave la estrategia por la vida y la convivencia. Desde aquí, hay que visualizar que para que sea viable desarrollar esta estrategia político-social, resulta imprescindible vertebrarla con la concepción más profunda de los Derecho Humanos, su defensa y promoción más radical. La universalización de la educación terciaria forma parte del fortalecimiento del sistema educativo y forma parte también de aquellos derechos que hay que generalizar para que nadie quede excluido de la misma.

Recordemos que la educación toda es un derecho humano fundamental. La casa mayor de estudios, su autonomía y cogobierno, garantizan un ámbito no especulativo sino, por el contrario, de acciones concretas para aportar propositivamente a la estrategia de convivencia. Estoy convencido de que este espacio natural universitario cumplirá un papel clave, con sus más de 100.000 estudiantes, generando dialécticamente un proceso de interacción con la sociedad en su conjunto. Instituciones universitarias y sociedad, sociedad e instituciones universitarias, (incluyo aquí al futuro Instituto Universitario de Educación y a la UTEC), en un marco de autonomía y cogobierno, serán parte integrante de un debate conjuntamente con el movimiento obrero y sindical, con los cuales se construirán síntesis colectivas que abonen la estrategia común de vivir y convivir.

Reducir estos fenómenos solamente a la discusión de las penas es, una vez más, tomar por el atajo, como nos sucediera con las políticas neoliberales de los 90. La crisis del 2002 sigue dando sus frutos lamentablemente. Hay que recordar que el 50% de los niños nacían bajo el índice de la pobreza en aquel escenario, y muchos de aquellos niños son hoy los gurises y jóvenes que caminan sin rumbo a toda hora por las calles de los más diversos rincones del país. Seguramente habrá que seguir madurando y reflexionando sobre la temática en su conjunto.

Es por ello que la ampliación del tiempo de rehabilitación para los jóvenes infractores deberá estudiarse en clave de “procesos” y no exclusivamente en términos de años de pena. En la instancia compartida con el Consejo Directivo Central de la Udelar para dialogar sobre lo ya expuesto, estuvimos presentes el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y Cultura. Me aventuro a informar que habrá Consecuencias democráticas, fruto de este y otros intercambios que vendrán…