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Impulsan pago de “salario vacacional” para judiciales

El proyecto de Rendición de Cuentas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) incluye una partida de $ 120.000.000 para conceder el beneficio de “salario vacacional” a todos los funcionarios con cargos y contratos de función pública en el Poder Judicial.

La Corte accedió a un planteo de todas las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial y reclamó una partida extra para otorgar el beneficio a sus trabajadores. El beneficio, en caso de su aprobación parlamentaria, será abonado a partir de las licencias generadas en el año 2012.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Raúl Vázquez, consideró como “un avance sustancial” el posible pago del salario vacacional y recordó que se trató de un planteo de todas las asociaciones. “La Corte lo hizo suyo. Ahora la pelea la tenemos que dar en el Parlamento”, afirmó Vázquez.

Empero, el proyecto no solo solicita el pago de salario vacacional, sino que reclama un aumento salarial “no inferior” al 5%, a partir del 1º de enero de 2013, “sobre todas las retribuciones básicas y complementarias o adicionales” que perciban los funcionarios, salvo prima por antigüedad y los beneficios sociales familiares.

Vázquez criticó la decisión de la Corte de aplicar el aumento “sobre todas las retribuciones complementarias”, porque implicaría continuar generando “inequidades salariales” entre los trabajadores del Poder Judicial. Vázquez explicó que solo los cargos técnicos tienen partidas complementarias, por lo cual AFJU reclama que el aumento sea solo sobre el salario base.

Otros gastos

El proyecto de Rendición de Cuentas promueve además la creación de decenas de cargos, particularmente en la Defensoría Pública, actuarios para los juzgados penales, funcionarios de servicios de apoyo técnico (médicos forenses) y cargos para un Tribunal de Apelaciones de Trabajo, entre otros.

Asimismo, el máximo órgano del Poder Judicial reclamó una partida de $ 1.113.000, para la contratación de dos traductores (en inglés y portugués), lo cual redundaría en un ahorro para el Poder Judicial, ya que entre 2010 y 2011 se gastaron $ 2.722.200 en 12 contrataciones individuales de traductores.

Además, la Corte reclamó una partida presupuestal para la instalación de programas de capacitación permanentes para magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público en materia de derechos humanos, en virtud de lo dispuesto por la sentencia de la Corte IDH en el caso “Gelman vs Uruguay”. El monto anual sería de $ 2.534.200, y permitiría la contratación de expertos nacionales y extranjeros.

Asimismo, la Corte solicitó una partida para el incremento de las partidas académicas para el “perfeccionamiento” de sus funcionarios técnicos, la consagración de nuevos cargos de dedicación exclusiva y la creación de un Departamento de Salud Laboral, para atender problemas sicológicos y siquiátricos de los funcionarios. La Rendición reclama un aumento de $ 737.389.000 en los próximos dos años.

Venta de “chatarra”

La Corte remitió, con la Rendición de Cuentas, un proyecto de ley para “declarar como chatarra y vender al peso” todos los vehículos automotores a la orden del Poder Judicial que se encuentren a la intemperie, “que por su estado de abandono y deterioro resulte antieconómico e inconveniente su traslado” para remate.

La medida procura “descongestionar los predios estatales donde se ubican toda clase de vehículos automotores”, incluidos birrodados, ómnibus, chatas y maquinaria vial o agrícola. La declaración como “chatarra” se dispondrá previo informe pericial que determine “el estado ruinoso de la mercadería” y la venta se realizará al peso a “las empresas que resulten adjudicatarias”. La Corte retendrá el 3% del importe, por gastos administrativos.

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