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Preocupante: hay que reformar el sistema

Jorge Bruni PUBLICADO el Sábado 21 de julio, 2012
JORGE BRUNI

El monto de la jubilación de un afiliado al sistema de ahorro individual conocido como AFAP, depende de: a) lo que se haya ahorrado en la cuenta individual; b) la expectativa de vida promedio que determina el Banco Central; c) porcentaje de la tasa técnica de interés anual que ofrezcan la aseguradoras que también define dicho Banco. Si hasta el 31 de mayo de 2012 esta última era el 3% y en junio, pasa a ser 1.5%, un 50% menor, es lógico que ello va a rebajar el monto de la pasividad en un porcentaje que oscila entre 16%, 14% y 12% según el retiro sea a los 60, 65 o 70 años, dependiendo de si se es mujer u hombre.

Reconozco que el Banco Central tiene la obligación de adoptar medidas buscando ayudar a solucionar el desfasaje existente entre las rentas previsionales que tienen que pagar las aseguradoras a los jubilados, por un lado, con el resultado de las inversiones y ganancias posibles en activos diversos de la empresas de seguros en el largo plazo, por otro. Si así procede actúa responsablemente ante el riesgo de que las aseguradoras no puedan hacer frente al pago de las pasividades en el futuro.

Otro es el tema sustancial. ¿Por qué tienen que pagar los jubilados afiliados a las AFAP ese riesgo? Ya hace varios años que las aseguradoras privadas se retiraron del mercado de este tipo de seguros. Sólo queda el Banco de Seguros del Estado. ¿Se fueron porque no querían asumir esos riesgos? ¿Por qué no se reaccionó en ese momento? ¿Cuándo se creó el sistema AFAP se ignoraban estos posibles consecuencias? Precisamos que a partir de 2012 ha ingresado al mercado una nueva empresa denominada SURA, de origen colombiano

¿La única herramienta posible es adoptar una medida que termina rebajando las pasividades a partir del mes de junio de 2012? Por algo tiempo atrás se planteó en el Diálogo Nacional de Seguridad Social, la posibilidad de analizar otra forma de actualizar las pasividades que no fuera el Indice Medio de Salarios como mínimo, según surge de la Constitución de la República. ¿Hasta ese punto se pretende llegar, buscando una forma de ajuste menor para cubrir los riesgos aludidos?

Uno se pregunta ¿qué tendrán que ver estas instituciones que buscan objetivos económicos, financieros y de seguro comercial, con los principios de la solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia de una verdadera Seguridad Social?

Estamos ante un tema sustancial: debe reformarse el actual sistema de seguridad social. Éste, a partir de 2005, diálogo nacional mediante, fue reformado parcialmente, cambios que si bien mejoraron la situación, siguen siendo insuficientes. Y que, por otra parte, y esto es lo más trascendente, dejaron intacta la matriz ideológica política del individualismo, sustento del sistema AFAP.

Considérese que la Seguridad Social- Protección Social son Derechos Humanos Fundamentales universalmente reconocidos, que como tal deben ser protegidos y promovidos, y según como se apliquen, influirán para que la vida de millones de personas sea de buena o mala calidad. Y ello exige políticas públicas y sociales con presencia activa del Estado. La lógica financiera comercial de las AFAP y Aseguradoras, no responden a esos sustanciales lineamientos. La Seguridad Social no puede transformarse en una especie de mercancía financiera que cotiza en Bolsa y estar a sus resultados.

Es obvio que no estamos de acuerdo en absoluto con las AFAP. El ejemplo de la baja de la Tasa de Interés Técnica a la que referimos y sus consecuencias, es por demás elocuente. Por supuesto que no ignoramos una realidad en la que influyen factores ideológicos, políticos, económicos y culturales que habrá que considerar para reformar el sistema. A lo que agrego que habrá que considerar dos características muy uruguayas y destacables: diálogo y progresividad en los cambios.

Y cuando hablamos de reformas al sistema, también tenemos en cuenta la situación demográfica, que nos indica que somos el país más envejecido de América Latina, con los desafíos que ello implica. ¿Si el país envejece, en el futuro no habrá menos aportantes y más jubilados y pasividades? Por tanto ¿será autosustentable el sistema? De ahí la preocupación y la necesidad de reformar.

 

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