COOPERATIVAS, AUTOGESTIÓN

La economía social y el desarrollo del país

En el Año Internacional del Cooperativismo, nuestro país tiene el privilegio de contar con organizaciones cooperativas señeras, que han acumulado una vasta experiencia a través de décadas organizando trabajadores para el desarrollo autogestionario en las más diversas áreas: vivienda, consumo, trabajo, producción, ahorro y crédito, etcétera.

Esta lucha histórica del movimiento cooperativo ha ido cristalizando, con mucho sacrificio, en la construcción incipiente de alternativas al modelo económico y social imperante.

En muchas oportunidades, sobre todo en momentos de crisis económica con alto desempleo, se acude a la cooperativización como una forma de paliar transitoriamente los efectos sociales de esas crisis.

Sin embargo, algunos estamos convencidos de que las formas de asociación a través de cooperativas significan la construcción permanente y sistemática de un modelo emancipador y sustentable, y alternativo al modelo tradicional de dependencia, del patrón, del mercado, etcétera.

Para nosotros la propiedad pública no pasa en forma excluyente por el Estado, sino que las formas autogestionarias de propiedad, producción, etcétera, son modalidades que deben ocupar un lugar destacado en la vida económica y social del país.

No somos ingenuos; en el modelo capitalista imperante, las cooperativas compiten en el mercado y por ello dependen de las decisiones políticas que adoptemos, generando mejores condiciones para su desarrollo y sustentabilidad.

Esto significa aplicar desde el gobierno políticas públicas activas, que generen las condiciones necesarias para paliar las asimetrías de las empresas cooperativas respecto a las tradicionales, mejorando su competitividad y el acceso al mercado.

En este sentido, luego de más de 40 años de lucha del movimiento cooperativo, en el año 2008 se aprobó la Ley 18.407, de Marco General Cooperativo, una norma que pretende, entre otras cosas, generar un nuevo marco de institucionalidad del movimiento cooperativo, con la creación de INACOOP, ámbito con participación directa del Estado y de las Instituciones cooperativas para desarrollar políticas concretas para el Sistema.

Del mismo modo, en el año 2006, se votó la Ley 17.978, de Constitución de las Cooperativas Sociales; una verdadera puerta de entrada al trabajo y la formalidad de miles de personas postergadas de nuestra sociedad.

Asimismo, en el año 2010, dentro de las modificaciones a la Carta Orgánica del BROU, Ley 18.716, se incluyó un artículo a partir del cual, el Poder Ejecutivo podrá disponer de hasta el 30% de las utilidades anuales de Banco, para la creación del Fondo de Desarrollo Social.

Este Fondes, así se le denomina, fue reglamentado en setiembre de 2011 a través del Decreto 341/2011, y su objetivo es el financiamiento de proyectos productivos de carácter social.

Por primera vez en nuestro país se podrán financiar cooperativas de producción a partir de proyectos sustentables, con asesoramiento y seguimiento en su desarrollo.

Una de las grandes dificultades que han tenido históricamente este tipo de emprendimientos autogestionados, ha sido acceder al financiamiento o contar con las garantías exigidas por el sistema financiero tradicional para lograr recursos para el arranque y posterior desarrollo de las unidades productivas.

El Fondes fue creado específicamente para salvar ese escollo y pretendemos que se convierta en un verdadero banco de segundo piso para las empresas autogestionadas.

Esta experiencia que iniciamos, verdaderamente revolucionaria para nuestro país, pretendemos que se afiance en el tiempo, no sólo por los aportes de las utilidades del BROU, sino por el repago de las empresas cooperativas que comiencen a producir y desarrollarse.

La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay FCPU, organización que nuclea a las Cooperativas de Producción y Trabajo, ha respaldado a más de 30 cooperativas que pretenden acceder al Fondes, que elaboraron sus correspondientes proyectos y que contaron con el asesoramiento y colaboración de la Federación. Los equipos técnicos del Fondes calificarán la viabilidad de los mismos y se aprobarán los que sean sustentables.

Los proyectos involucran las más variadas ramas de actividad; servicios, frigoríficos, metalúrgicas, curtiembres, transporte, etc.

Quizás hemos demorado demasiado tiempo en reglamentar la Ley, casi un año, y varios meses en presentar los mecanismos para que el Fondes sea operativo. No obstante ello, valdrá la pena la espera en la medida que se comiencen a concretar los proyectos, se arranque a producir aportando al crecimiento del país y, sobre todas las cosas, se generen miles de empleos genuinos, de calidad y autogestionados.